Giro macabro en las acusaciones por presunto abandono y maltrato de personas mayores en residencias de Cataluña durante la pandemia del virus SARS-CoV-2. Familiares de una anciana de 72 años que falleció con Covid-19 en un geriátrico de Barcelona denuncian que la ciudadana, que padecía demencia, no solo perdió la vida por la enfermedad en el centro sociosanitario, sino que alguien robó objetos personales de la difunta cuando ésta no superó la infección.
Quien lo denuncia no se esconde. Es Ana María García Rodríguez, hija de D.R., residente en el Centro Sociosanitario Frederica Montseny de Viladecans (Barcelona) que falleció con síntomas de Covid-19 el 4 de abril. Es una de las 30 personas mayores que murió en la instalación durante la pandemia. Tras el trágico desenlace de la vida de D., denunciado a Fiscalía por presunta denegación de traslado al hospital, su familia interpondrá ahora otra denuncia. "Alguien robó objetos personales de mi madre cuando murió. Cuando fuimos a recogerlos el 12 de mayo, faltaban muchas cosas", alertan sus allegados.
"Ni el reloj, ni la tele, ni sus pulseras, ni un collar"
En conversación con este medio, Ana María explica que fue ella la que recogió los objetos personales de su difunta madre. "Me los dieron en una bolsa de plástico, como si fuera basura. Pero esto no es lo peor: es que faltaban muchas cosas", critica. ¿Qué objetos? "Al llevar años en el centro, le fuimos trayendo cositas a mi madre, pues era un poco coqueta. Tenía un collar, pulseras y perlitas. También vivía con un reloj conmemorativo del 25 aniversario de casados con mi padre que tenía unas manecillas decoradas. Tampoco estaba. Para faltar faltaba hasta su tele", enumera.
Según la vecina, la custodia de los bienes personales fue tan negligente que "había pertenencias de otro señor" mezcladas con las de su familiar. "Cuando pregunté a los responsables de la residencia me admitieron que allí no había nada, que habían cosas que habían desaparecido", explica. Pero, ¿quién se pudo llevar estos objetos? "No lo sabemos. Quizá no fue una sustracción, fueron despistes. Pero es sospechoso porque los objetos de valor no estaban. Su bolso, sí", ilustra la denunciante. ¿Qué le dijo la gerencia? "Que lo sentía mucho y que interpusiera una queja, que el centro tenía un seguro", apostilla. "Pero es que no queremos dinero --continúa Ana María-- queremos justicia. Creemos que se ha tratado de forma humillante a mi madre y sabemos que allí hay casos similares", denuncia.
Silencio de la residencia
Preguntado por si constaban quejas de esta gravedad, que conciernen a presuntos robos a difuntos ancianos con Covid-19, el gestor del Centro Sociosanitario Frederica Montseny no ha contestado a los requerimientos informativos de este medio. Quien está al mando del geriátrico es el Consorcio de Salut i Social de Catalunya (60%), una patronal de hospitales y equipamientos sanitarios y sociales que, en teoría, es una entidad pública [ver página web aquí]. Pese a haber nacido del "municipalismo" y tener alma social, el CSSC ha callado durante toda la pandemia del coronavirus, ocultando el brote de Viladecans, primero, tratando de esconder su magnitud, después, amedrentando a la plantilla para que no denunciara la falta de personal y material, a mitad de la epidemia; y dando la espalda a la Coordinadora 5+1 de familiares de residentes fallecidos con Covid-19 en equipamientos residenciales, por último. Esta plataforma ha denunciado este centro y otros 30 a Fiscalía por presunta mala praxis.
Pese a esta opaca gestión, el Govern fichó como asesora contra la pandemia a Lourdes García, exdirectora de equipamiento público. Lo hizo después de dar a concer este medio que la instalación acumulaba 30 muertes vinculadas al coronavirus. Inquirido por la cuestión, la portavocía de prensa de Mossos d'Esquadra del área metropolitana sur ha indicado que no constan denuncias formales por robo de objetos a ancianos muertos en el sociosanitario de Viladecans. La policía catalana, no obstante, ha precisado que si los familiares denunciaron lo habrán hecho --o lo harán-- en loz juzgados de Gavá, que son a los que está adscrito el municipio barcelonés. De hecho, la familia de D. ya ha iniciado los trámites para hacerlo, denunciando telemáticamente con número 159146, escrito que presentarán, también, de forma física a la oficina judicial.