Piden a Fiscalía investigar una residencia de Barcelona con 90 fallecidos

La Defensora del Paciente, Carmen Flores, ha solicitado a la Fiscalía que investigue el fallecimiento de 90 ancianos durante la pandemia en la residencia Matacàs de Sant Adrià del Besòs (Barcelona), para la que el Ayuntamiento solicitó la intervención el pasado abril.

Flores solicita al Fiscal Superior de Cataluña, Francisco Bañeres que, de oficio, aclarare por qué la dirección del centro, de titularidad privada, no desplazó a los ancianos enfermos a un hospital para que fueran atendidos.

Emergencia sanitaria

La presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente traslada así la petición de varias familias de ancianos de la residencia, que exigen conocer si el centro incurrió en alguna negligencia durante la gestión de la emergencia sanitaria, durante la cual han muerto al menos 90 personas.

Según el relato de uno de los familiares, cuya madre presuntamente falleció de Covid-19 el pasado marzo y del que se hace eco Flores, la residencia no comunicó la situación que se estaba viviendo en el recinto a las respectivas familias, que se enteraron del alto número de contagios y defunciones a través de los medios de comunicación.

Dos ancianos contagiados

De acuerdo con esta versión, el centro sólo comunicó de la existencia de dos ancianos contagiados a mitades de marzo, pero aseguró que estaba "todo controlado", dado que uno de los infectados había sido ingresado en el hospital, mientras que el segundo permanecía aislado en las instalaciones de la residencia.

Fue también a través de la prensa que las familias supieron que el alcalde, Joan Callau, había solicitado en abril "ayuda urgente" ante la falta de personal para cubrir las "numerosas bajas" que se produjeron, pero tal y como han confirmado fuentes de la Generalitat, por el momento la residencia no ha sido intervenida.

Sin comunicación con sus familias

Los familiares denuncian además la falta de comunicación del centro por no haberles atendido la mayoría de llamadas que efectuaron para conocer lo que estaba ocurriendo cuando las visitas presenciales pasaron a estar suspendidas.

"Llamábamos por teléfono cada dos o tres días y no lo cogían o te decían que ya te llamaría la interventora", sostiene uno de los afectados, cuya madre falleció sin que le hubieran practicado la prueba de COVID-19 ni hubiera sido trasladada al hospital, pese a que dos días antes le avisaron de que "no estaba bien". Debido a la situación del centro, el consistorio solicitó la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a principios de abril, que desinfectó las instalaciones, y aportó material de protección para residentes y trabajadores.