La propietaria del bloque Llavors será sancionada por el equipo de Colau

El desahucio del bloque Llavors de Barcelona tendrá consecuencias económicas desfavorables para sus propietarios. El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto un expediente sancionador al fondo Vauras por no haber ofrecido a los habitantes de la finca un alquiler social antes de proceder a su desalojo.

El desahucio del bloque Llavors, ubicado en la calle Lleida 38 de la capital catalana, ha sido llevado a cabo durante la mañana del martes 3 de febrero por parte de los Mossos d'Esquadra, previa orden judicial. Varios concejales de Barcelona en Comú, partido liderado por la alcaldesa Ada Colau, han tildado la actuación de la policía catalana de "desproporcionada" e "injustificable".

"Agresión" de Mossos

Lucía Martín, concejal de Vivienda de Barcelona (por parte de la lista de los comuns) encargada de dar a conocer el procedimiento de sanción contra Vauras, ha sido una de las que no considera aceptable la conducta de los Mossos. En su opinión, el dispositivo policial enviado era excesivo y ha criticado que "agredir a las personas concentradas" es una "actuación injustificable".

Con esta afirmación hacía referencia a la actuación de un agente que aporreaba el pie de uno de los activistas que se encontraba dentro del bloque Llavors, como medida para retrasar el desahucio, y que se negaba a salir. La escena ha sido grabada y difundida a través de Twitter, con la ayuda de los retuits de cuentas asociadas a organizaciones sociales y vecinales. 

Impedir la mediación

Ha asegurado que el dispositivo policial debería facilitar el trabajo del servicio de mediación en casos de okupación y desahucio y que, por el contrario, no lo ha hecho. "Hace meses que exigimos al Govern que active mediaciones y ature estos abusos", ha especificado. 

Esta misma línea ha criticado el también concejal de BComú, Marc Serra. En un apunte en Twitter ha especificado que, durante el desalojo del bloque Llavors, dos técnicos de este servicio de mediación se encontraban en el lugar pero "una vez más se les ha impedido mediar con la comitiva judicial".

Nuevo decreto de vivienda catalán

La sanción a la empresa propietaria del bloque Llavors de Barcelona se aplica a través del Decreto 17/2019 aprobado por el Parlament a principios de febrero. Esta ley de medidas urgentes contra la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética estipula que el ofrecimiento de un aquiler social es condición sine qua non antes de proceder a iniciar un expediente de desahucio. Una medida cuya legalidad ha sido puesta en duda tanto por el Consejo de Garantías de la Generalitat como por los propios jueces de Barcelona.

La concejal Martín ha detallado que la sanción al propietario podría llegar a 500.000 euros y ha negado que la decisión se haya tomado para aumentar los ingresos del consistorio barcelonés. "No queremos cobrar. Queremos obligarles a corresponsabilizarse y dar soluciones", ha declarado. Además, ha defendido que los jueces realizan una "interpretación inadecuada" de la nueva legislación y ha añadido que deberían preocuparse de que las leyes se apliquen para con los objetivos que se aprobaron, en sus palabras.