Cataluña naufraga en dependencia y cerrará el año peor que 2018

Cataluña naufraga en atención a la dependencia y cerrará el ejercicio peor que el año anterior. El Gobierno catalán está impotente ante el incremento de la lista de espera, que alcanzó las 75.288 personas en noviembre (+0,2% año a año con un mes por delante) y el porcentaje de desatención a las personas mayores que necesitan ayuda, que alcanza el 31,5%, casi el doble que la media nacional.

Todos los datos los recoge el último informe de la Asociación Profesional Catalana de Directores de Centro y Servicios de Atención a la Dependencia (Ascad), al que ha accedido este medio. La organización ha enviado el dosier al consejero catalán de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani. Han pedido una reunión urgente para atajar lo que ven como un "auténtico colapso del sistema". ¿En qué lo fundamentan? "Las cifras hablan por sí solas. Los últimos datos disponibles del Imserso muestran que los dependientes atendidos en Cataluña eran 161.387 en septiembre de este año, un 7% más que el mismo mes del año anterior. Pese al esfuerzo, la lista de espera no para de subir y en noviembre ya superó la de todo 2018", ha explicado Andrés Rueda, presidente de la entidad.

30% de desatendidos

Otro dato preocupante es la desatención. En la autonomía catalana, el 31,5% de las personas dependientes que han sido evaluadas pero no reciben plaza en una residencia es del 31,5%, por 18,9% la media nacional. "¿Sería tolerable un sistema sanitario en el que no se llegara a curar al 30% de pacientes? ¿Aceptaríamos un sistema escolar en el que no pudiera estudiar uno de cada tres estudiantes? Pues esto es lo que pasa con la dependencia. El sistema de protección está saturado y suma cada vez más gente con el envejecimiento y la llegada de la generación del baby boom", ha razonado el empresario y activista. "Los datos de noviembre son tozudos: hay 26.800 personas con grado I de dependencia que esperan plaza. Y 48.488 de grado II y grado III", ha agregado la misma fuente.

A ello se le suma la población mayor que renuncia a esperar cama en un centro sociosanitario y opta por una prestación económica vinculada (PEV) que le ayude a pagarla. "Estas personas reciben 400 euros al mes si tienen el grado I y 700 euros si obtienen el segundo y el tercero. Imagina qué tienen que hacer para costear los 2.000 euros al mes que cuesta una residencia en Barcelona o su conurbación", inquiere Rueda. Ante ello, Ascad propone dos soluciones. "La inyección urgente de 105 millones de euros para recortar la lista de espera y la concertación de más camas. Existen en Cataluña cerca de 56.000 plazas para personas mayores. Los que viven con cama pública en una residencia son unos 37.000 (28.422 más 9.741 mediante PEV a septiembre de 2019). Pues la diferencia son la gente que paga toda la cuota de su bolsillo".

Un 25% de lo que la región necesita

El trabajo de la asociación ha contabilizado también la creación de plazas residenciales en los últimos siete años. Según datos de Ascad, se han creado 2.592 unidades desde 2012, una media de 370 por año o 31 al mes. "Al ritmo actual de incorporación de la lista de espera de dependencia, la región necesitaría crear 115 plazas mensuales para que desaparezca la demora. Como ello es imposible hacerlo en un día, tenemos lista de espera. Las demoras para acceder a una residencia pública alcanzan los tres años en el área metropolitana de Barcelona. De hecho, frecuentemente nuestros directores y directoras llaman al interesado o a su familia y éste ya ha fallecido. Según los datos de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (AEDGSS), se estiman en unos 80 los mayores que mueren sin atención tras ser evaluados. En Cataluña serían 23 muertes al mes por la lista de espera", critica Ascad.

A todo ello se le suma la congelación de la aportación de la Generalitat de Cataluña. La administración autonómica ha "congelado" tarifas desde hace 10 años. En 2019, por ejemplo, la aportación regional --que incluye la de Trabajo y la del Estado, que se transfiere-- alcanzó un mínimo de siete años: el 57,17% frente al 64,89% en 2012. Por contra, la parte que pagan los dependientes ha llegado este ejercicio al 42,84%, por 35,12% siete ejercicios atrás. Cabe solo un matiz: el equipo de Chakir el Homrani subió un 5,8% la tarifa de grandes dependientes de grado II en octubre, aunque este incremento queda tapado por el aumento del IPC de los años en los que los pagos no se actualizaron.