CiU y ERC rechazan que la Generalidad haga un calendario de pagos a entidades de ayuda a discapacitados y dependientes

El Gobierno de la Generalidad no quiere comprometerse a especificar cuando pagará sus deudas. Y así lo ha dejado claro este jueves en el Parlamento autonómico, cuando, con el imprescindible apoyo de sus aliados en el reto secesionista de ERC, ha rechazado una moción del PSC que instaba a la Generalidad a redactar un calendario de pagos a las entidades sociales que trabajan con personas en situación de dependencia y con discapacidad.

La propuesta del PSC ha llegado a la Cámara autonómica después de que las entidades que prestan servicios de titularidad pública a discapacitados -residencias, centros de día o similares- hayan reclamado por tres veces -en abril, marzo y octubre- a la Generalidad que satisfaga su deuda con ellas, que asciende a más de 82 millones.

Las entidades ya reclamaron también un calendario de pagos, ya que, además de a los impagos, se enfrentan a la incertidumbre de no saber cuándo les pagará la Generalidad, lo que dificulta la "continuidad" de los profesionales o la negociación con proveedores, según lamentaron en abril.

Las mismas entidades se quejaron en abril de que sus reclamaciones anteriores no habían recibido ni siquiera una respuesta. No obstante esto, por parte de CiU, la diputada Anna Figueras ha justificado el voto negativo a la propuesta con el argumento de que tanto diversos consejeros como el propio presidente de la Generalidad, Artur Mas, se han reunido "en muchas ocasiones" con las entidades. Figueras ha añadido que se informa de la situación regularmente a las entidades.

La oposición ve una cuestión de prioridades

Los partidos que han votado a favor de que la Generalidad formalice este calendario de pagos han criticado que, si el Gobierno autonómico no lo quiere llevar a cabo, no es por falta de liquidez sino por una cuestión de prioridades..

En este sentido, diputados del PP y de C's han coincidido en criticar que el Gobierno autonómico se gaste dinero en pagos a medios de comunicación privados o en cntrovertidas campañas de comunicación, mientras que desde ICV-EUiA y la CUP se han criticado los fondos aportados para rescatar cajas de ahorros catalanas.

El grupo promotor de la iniciativa, el PSC, ha señalado, por boca de la diputada Eva Granados, que todos los grupos se han reunido con las entidades, que estas les han trasladado sus dificultades, y que cuando estas llegan al Parlamento autonómico "a CiU no le gusta, porque viven en otra realidad".

Esta decisión de CiU y ERC llega solo dos días después de que se divulgara que, sin comunicarlo previamente a los afectados, el Gobierno autonómico de Artur Mas ha aumentado el precio que deben pagar las familias con personas discapacitadas ingresadas en centros públicos de atención especializada. En algunos casos, la subida pasa de 18 a 276 euros.