Vecinos de Montcada piden al TSJC que paralice la actividad de la cementera

Los vecinos de Montcada i Reixac esperan que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) paralice la actividad de la cementera Lafarge por riesgo medioambiental. El conflicto viene de lejos, ya que el Govern concedió la última licencia a la empresa en 2015, y desde entonces residentes de la zona, cuyas casas se encuentran a 150 metros de la también incineradora, no han cesado en su lucha para que eche el cierre.

"Queremos que la Generalitat retire los permisos a una empresa que perjudica la salud de los vecinos, porque la tenemos al lado", explica a Crónica Global José Luis Conejero, portavoz de la asociación Can Sant Joan, después de que el juicio haya quedado visto para sentencia. Muchos de los habitantes de Montcada sufren asma y otras enfermedades respiratorias, a consecuencia de las emisiones de Lafarge, aunque no han podido demostra la relación causa-efecto.

"Permisos irregulares"

El abogado de los vecinos, Albert Calduch, relata que "la grave contaminación que produce la empresa es motivo suficiente para cerrarla", y da fe de que la propia cementera "reconoce un episodio de contaminación grave". Y es que en los terrenos que ocupa la fábrica se ha detectado la presencia de arsénico, un elemento extremadamente tóxico. Por ello confía en que el TSJC retirará la licencia medioambiental a la empresa. Un permiso que concedió el Govern y que supondría la paralización de su actividad, para alivio de los habitantes de la zona.

La cementera Lafarge / EFE

Este conflicto les ha llevado a recurrir a los tribunales en varias ocasiones. Así, aunque en 2012 el propio TSJC anuló la autorización a la cementera, la Generalitat se la volvió a otorgar dos años más tarde. En 2017, se inició un expediente de renovación mediante el cual se implementarían "mejoras técnicas", pero Calduch sostiene que dicha renovación no es posible cuando ni Lafarge ni el Govern "aceptan el riesgo ambiental real" de la fábrica.

Riesgo de accidentes graves

Los habitantes de Montcada alertan del riesgo que supone que una empresa utilice cientos de toneladas de fuel y gas incendiario a escasos metros de casas y escuelas. "No existe ningún plan de protección, ni ninguna medida en caso de que se produzca un accidente", advierten. En 2008, la Generalitat requirió información sobre esta cuestión y a día de hoy, "Lafarge sigue sin establecer un protocolo contra incendios o explosiones", explica el letrado.

La reinvidicación, como desde hace años, es clara: "interrumpir la actividad de la cementera", subraya Conejero, que lleva más de una década denunciando sus efectos nocivos sobre la población. "Los vecinos seguimos igual, organizando charlas para pedir su cierre. Aquí cada vez más gente tiene problemas respiratorios y enfermedades asociadas. Ese es nuestro día a día", lamenta.

Sin noticias de la Generalitat

Los políticos ni están, ni se les espera. "No entendemos como han concendido autorización a una compañía que emite tantos contaminantes", cuestiona este vecino, que tilda los permisos de "irregulares". Además, señala que ningún dirigente del Govern quiere saber nada de los problemas de salud que asocia a la actividad de Lafarge.

Protesta ante la cementera Lafarge en Montcada / TWITTER

"Tolerar una actividad industrial, fuertemente contaminante en una zona catalogada como sensible, no es de recibo, y no se pueden permitir este tipo de actividades industriales en zonas densamente pobladas", critican desde la asociación Can Sant Joan.