El piso del interventor general de Barcelona en la Barceloneta nunca fue turístico

El interventor general de Barcelona, Antonio Muñoz Juncosa, se ha puesto en contacto con este medio para pedir una rectificación, para aclarar la noticia relativa a que el Ayuntamiento de Barcelona le había abierto expediente tras detectar actividades turísticas ilegales en pisos de su propiedad en la calle Pescadors, 48, de la Barceloneta. Cabe señalar que Crónica Global se hizo eco de las declaraciones de Muñoz Juncosa en otros medios por este motivo (donde siempre mantuvo que sus alquileres eran legales y nadie le había notificado el expediente), y que trató de contactar con él, sin éxito, en varias ocasiones antes de publicar el citado artículo.

El interventor general aclara que una cosa es iniciar un expediente sancionador por una denuncia de un particular y otra muy diferente que sea adoptada una resolución sancionadora, supuesto que en ningún caso mencionó este medio. Y añade que "los inquilinos pueden desarrollar en el piso del que tienen la posesión cualquier actividad lícita sin necesidad de autorización" por su parte.

Muñoz Juncosa sí reconoce que se ha puesto en contacto con el inquilino del piso denunciado y este le hizo llegar un informe realizado por la Dirección de Servicios de Inspección del Ayuntamiento de Barcelona, que lo visitaron el 2 de octubre del 2018. Dice así: "Vistas las actuaciones llevadas a cabo se concluye que en la vivienda ubicada en la calle Pescadors, 48, 1, NO SE REALIZA la actividad de vivienda de uso turístico...". Así, remarca que, "apenas hace pocos meses, el ayuntamiento ha certificado el uso correcto" de la vivienda.

También menciona el pleito que mantiene con uno de los vecinos de la finca (toda el edificio es de su propiedad), que ocultó la muerte de su madre –quien tenía contrato de alquiler de renta antigua– durante más de 16 años "con ánimo de engañar", ya que no tenía derecho a subrogación y, así, podía seguir pagando un bajo alquiler. A pesar de todo, "naturalmente que se intentó un acuerdo", un contrato de 300 euros mensuales, pero "prefirió la vía judicial" con el argumento de que percibe una exigua pensión. Lo pone en duda el interventor con los datos del IPREM, y remarca que "los pleitos no son baratos y el citado inquilino no litiga con justicia gratuita". Decidirán los tribunales.

Finalmente, desvela que "con una persona muy cercana" a este vecino "que vive en el mismo edificio y que tampoco tenía derecho a subrogación, se llegó a un acuerdo por las mismas fechas, fijando un alquiler de 300 euros".