No es policía para ellas: Colau no dará bajas a urbanas embarazadas

No habrá baja por maternidad automática. El Ayuntamiento de Barcelona rechaza otorgar el permiso retribuido a las agentes de la Guardia Urbana embarazadas y las hará trabajar hasta la semana 37, tres antes del parto. Es lo que alega el Ejecutivo local de Barcelona en Comú (BComú) respecto al caso de la efectivo policial a la que fuerzan a trabajar pese a que su pareja, bombero municipal y también en estado, sí goza de este permiso retribuido.

Una portavoz municipal ha defendido que "siempre que no estemos hablando de un embarazo de riesgo y por órdenes médicas, tal y como marca la ley, pueden [las agentes] desempeñar tareas no operativas. En el caso de la compañera sentimental [de la urbana discriminada] ello no era posible, porque no existía la opción de hacer tareas no operativas en el cuerpo de bomberos". Justifica esta discrepancia el gobierno municipal citando la normativa vigente. El Procedimiento operativo de protocolo de protección del embarazo y de la lactancia natural establece que las funcionarias seguirán en activo, en puestos no operativos, salvo que su embarazo sea de riesgo.

"Mismo trabajo, en otro lugar"

En relación al caso de la efectivo policial que ha denunciado una situación discriminatoria, caso que ha acabado denunciado ante la Inspección de Trabajo, "se hizo una evaluación inmediata del lugar de trabajo en el que ejercía esta persona". Según la misma fuente, "se dio la circunstancia de que en la unidad de destino de la persona se estaban realizando obras de pintura, por lo cual se determinó que la persona fuera destinada a un lugar de trabajo en el que no pudiera estar sometida a un riesgo derivado de esta circunstancia".

"En consecuencia --ha continuado la misma fuente-- fue destinada [la efectivo policial en estado] al mismo lugar de trabajo y con las mismas funciones a otra comisaría, previa visita del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, comunicada y con presencia de los delegados de prevención".

"No es legal"

Esta solución, la de situar a la efectivo policial en un espacio de oficinas no operativo, no satisface a CSIF, que ha denunciado el caso a Inspección y a los partidos de la oposición. El sindicato recuerda que en las comisarías de la Guardia Urbana los agentes "están en permanente contacto con personas del exterior, detenidos y, en algunos casos, personas con enfermedades infecciosas". Según la agrupación, en algunos centros de trabajo, "hay olor de drogas incautadas", por lo que, siempre bajo según su punto de vista, "no es el lugar idóneo para una agente en estado". Recuerdan asimismo que la normativa vigente a nivel estatal "es superior" a la local, y que los textos determinan que los embarazos "son casos a proteger".

Cabe recordar que el caso de la agente embarazada que ha denunciado discriminación ha sublevado a la oposición. Grup Demòcrata, Ciudadanos, ERC, PP y Convergents lamentaron ayer la situación de la agente, valoraron que ello no ayudaba a la "feminización" de la Guardia Urbana y pidieron explicaciones a Ada Colau, alcaldesa de la ciudad.