Es la otra parte de la historia. La que no se contó. Un jefe de la Policía Local de un municipio cercano a Barcelona denuncia persecución y acoso sindical tras una sentencia por quitar una multa menor que nunca llegó a ejecutarse y que, de hecho, está pendiente de indulto.
El agente asegura a este medio que está siendo víctima de actos que llevan inquina. ¿Por qué? "Utilizan de arma arrojadiza una condena, injusta a mi parecer, por prevaricación por eliminar una sanción de tráfico a un ciudadano cuyo coche se llevó la grúa cuando estaba estacionado mientras él recibía asistencia médica. Fue un acto que volvería a hacer por humanidad", defiende.
El tribunal no ejecuta
La versión de este subinspector está avalada por sentencias judiciales. Aunque está confirmado el tipo penal de prevaricación en el Tribunal Supremo, la condena nunca se ejecutó. La instancia judicial aclaró que habida cuenta de que no había perjuicio a terceros y de que el fallo sería desproporcionado, la condena se transformaría en petición automática de indulto. El perdón fue pedido pues de oficio. Una fase en la que el proceso se encuentra actualmente. "Nunca debería haber ido por la vía penal, pues era un asunto administrativo. Pero lo hizo, fui condenado y hay que aceptarlo, como no podría ser de otra manera. Dicho lo cual, es remarcable la petición de indulto", ha subrayado la misma fuente.
En paralelo, el profesional ha participado como vocal en tribunales de oposición para policías. ¿Es ello contradictorio? "De ningún modo. Mi estatus legal no ha cambiado, pues la sentencia nunca se ejecutó", avisa. Ello lo confirmó el departamento catalán de Interior en conversación con este medio. Apuntó que no había cambio legal administrativo alguno en la situación del agente. Hay más. "Las mesas de contratación están perfectamente regladas y la dieta que se cobra es mínima. Todo discurre dentro del perímetro de la más absoluta legalidad y que acudan agentes de otras poblaciones es habitual", ha agregado el efectivo policial.
Señalado
El agente asegura que ha sido señalado injustamente por sindicatos de los cuerpos locales de policía desde el lance judicial. Ha encajado denuncias públicas por este motivo y judiciales por una comisión de servicio que realizó en el municipio de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona). "De nuevo, fue todo regular. La comisión de servicio se agotó y yo volví a mi localidad. El ayuntamiento la prolongó durante dos meses, algo que no se podía hacer. Se dio traslado del expediente a Interior y, de nuevo, aunque constató el error, no apreció mala fe y archivó el tema", insiste.
Asimismo, defiende que hubiera trato de favor alguno en el municipio y que cumplió al dedillo con las resoluciones de Fiscalía antes del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017. ¿Qué ha pasado, pues? "Alguien la ha tomado conmigo y se está agarrando al más mínimo detalle, aunque ante el juez las denuncias no aguanten. Es sumamente injusto", alerta. Esta versión contrasta diamentralmente con la que publicó Crónica Global el pasado 24 de marzo, y por ello a este medio le satisface darla a conocer por si se hubiera inducido al error, equívoco o interpretación sesgada.