Ferran, el discapacitado al que el Govern exige 1.600 euros por formarse

Él es Ferran, un joven de 26 años con capacidades especiales al que la Generalitat de Cataluña exige 1.600 euros porque quiere formarse laboralmente. Este vecino de una localidad tarraconense ve como su familia está batallando contra una deuda que le pide abonar el Govern porque su descendiente acude a un centro especial de empleo (CET).

Aurora, madre del trabajador, que tiene una discapacidad reconocida del 83%, explica a este medio que no entiende "cómo le pueden exigir la devolución con retroactividad de la prestación económica por dependencia por querer insertarse laboralmente". El Departamento de Trabajo, que comanda Chakir el Homrani (ERC) le pide la citada suma --"que no tiene"-- por el hecho de que Ferran acude de nueve a cinco horas de lunes a viernes a la Fundació Santa Teresa del Vendrell (Tarragona), donde aprende un oficio. Es uno de los 1.600 catalanes con necesidades especiales que se encuentra en esta situación.

"¿Qué se piensan, que ya está cuidado?"

Aurora explica que, pese a que el ciudadano asiste diariamente al centro especial de trabajo (CET), continúa teniendo necesidades. "¿Que se piensan, que nadie lo cuida cuando sale de la escuela? ¿Quién se ocupa de él los fines de semana? ¿Quién le trae la comida diariamente? ¿Y de junio a septiembre, cuando no hay taller? ¿O cuando reducen la jornada a las mañanas? Su padre lo abandonó con cinco años y ahora es la Generalitat la que nos deja", lamenta su familiar más próxima. La mujer relata que "no pagará" la cantidad, pues "no entiende cómo la Generalitat le puede pedir 1.600 míseros euros a su hijo porque se está formando y, a la vez, el president Quim Torra se sube el sueldo". "Si no tienen dinero, que se bajen los emolumentos y prioricen el cuidado de las personas", exige.

Ferran (i) con Aurora, su madre, que batalla contra la Generalitat / CG

Aurora aclara que el Gobierno catalán le ha exigido por carta que devuelva cerca de 1.600 euros porque entiende que su hijo ya recibe una prestación en forma de servicio. Lo hace con arreglo a la interpretación normativa de la Generalitat de la Ley de Dependencia de 2006. "Puede ser legal, pero es injusto. Se creen que porque un hijo dependiente acuda unas horas a un centro ya está cuidado. Pues no. Las familias sufrimos en la sombra", lamenta.

"Es una injusticia"

La situación de Aurora y Ferran es calcada a la de Antonio Moreno, expresidente del Colectivo Papás de Álex, que se creó, precisamente, para defender los derechos de las familias con hijos que tienen necesidades especiales. "A mí me pedían devolver 11.000 euros. Me negué y pleiteé. El problema es que la Generalitat se acoge a un decreto propio de 2012 que prioriza los servicios a las prestaciones económicas. Por ello existe muy poca jurisprudencia favorable a las familias", explica. ¿Qué solución les queda, pues, a los 1.600 catalanes que están en esta situación? "Pueden denunciar, pero tienen escasas posibilidades de ganar. Lo más razonable es juntarse y reclamar en grupo. Protestar y denunciar la situación", prescribe. Él mismo consiguió una victoria de esta manera, cuando el Govern le cuasi condonó su deuda. "Pagaré 11.000 euros a 200 años. No me perdonaron la deuda, pero casi. Y lo luché", admite.

Según Romero, la Generalitat entiende que un discapacitado que acude a un taller ocupacional es como si estuviera en un centro de día. "No se dan cuenta de que estos jóvenes no reciben atención integral, sino que se están formando. Los que completamos los cuidados somos las familias. Por ello es injusto el decreto de 2012, que reducía al 50% las ayudas a los parientes de los matriculados en los CET y la petición de devolución de las prestaciones sociales con retroactividad", remacha.