Las Ayuntamientos castigan más a las prostitutas que a la prostitución

El grupo de investigación Antígona, de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), analiza cómo las ordenanzas de varios consistorios españoles afectan a las trabajadoras sexuales. Según las conclusiones esgrimidas por el informe, al que Crónica Global ha tenido acceso, las medidas, tales como las multas, lejos de lograr una mejora de las condiciones de estas mujeres acentúan la estigmatización del colectivo. Este tipo de normativas las mantienen en muchos Ayuntamientos como el de Barcelona, Valencia, Sevilla o Málaga. Según arrojan los datos, los consistorios han tratado de diseñar una “herramienta de control social y policial” que ha logrado acentuar la criminalización de las prostitutas. 

La persecución de la prostitución callejera mediante normativas sancionadoras no son, según la investigación, el modo de abordar la realidad de este colectivo. El estudio está realizado en base a los testimonios de 32 entrevistas en profundidad. Los protagonistas de estos discursos son trabajadoras sexuales, ONG, expertas, representantes políticos, técnicos municipales y agentes de varias ciudades entre las que se encuentra Barcelona. 

Redirigiendo la responsabilidad

En la Ciudad Condal castigan a las mujeres con multas de unos 300 euros aunque según sostiene la investigación realizada desde Antígona, las sanciones a las trabajadoras se han reducido en los últimos años. Entre el 2012 y el 2015 el consistorio multó a 2.200 mujeres y 800 clientes, según recoge el texto. Las 150 páginas del informe preliminar basa su tesis en que ciudades como Barcelona han registrado en una década el doble de sanciones a las mujeres que a los clientes. Un total de 2.633 mujeres han sido sancionadas en Barcelona frente a los 1.188 consumidores. En 2006 la ciudad empezó a multar a clientes y prostitutas aunque al año siguiente el consistorio decidía dejar de sancionarlas a ellas.

Una calle del barrio del Raval donde se ejerce a diario la prostitución / ASOCIACIÓN ILLA RPR RAVAL

Una calle del barrio del Raval donde se ejerce a diario la prostitución / ASOCIACIÓN ILLA RPR RAVAL

La llegada a la alcaldía de Ada Colau hizo que las políticas en este tema tornaran hacia una mayor protección social a las mujeres. En este caso, desde una perspectiva regulacionista o pro derecho en el que se afirma que hay mujeres que ejercen la prostitución por decisión propia: “La ordenanza se aprobó con la promesa de reducir el número de mujeres en las calles pero siguen siendo unas 350 entre el Raval, la zona marítima y el campo del Barca”, explica Laura Pérez Castaño, concejala de Feminismos y LGTBI de Barcelona.

Aún así, no hay una normativa estatal que recoja soluciones más allá de la ordenanza. A pesar de los pasos titubeantes de las formaciones progresistas en el hemiciclo, aún no hay una postura firme en cuanto a la prostitución. Tras las diatribas del PSOE que fueron protagonistas los últimos meses de torpes intentos por desmarcarse de la legalización de la Organización de Trabajadoras Sexuales, la formación morada Podemos tampoco encuentra una respuesta firme en su argumentario feminista. El debate sigue abierto y la responsabilidad frente a estas situaciones la siguen teniendo los Ayuntamientos.

Medidas contra la invisbilización 

El pasado junio el PSC volvía a poner sobre la mesa la cuestión de la prostitución en Barcelona. El grupo socialista presentó una propuesta para impulsar una ordenanza contra la prostitución y la explotación sexual en la ciudad. En ella remarcaba que la lucha era “contra proxenetas, clientes y personas que se benefician” de la actividad. Además apuntalaba que la ordenanza incluía “medidas de apoyo y asistencia integral a las personas en situación de prostitución, mayoritariamente mujeres y niñas y las alternativas para que puedan salir de su situación, y en ningún caso la sanción”. Jaume Collboni avanzaba que esta propuesta era para terminar con la explotación sexual en la Ciudad Condal. Advertía además que "Ada Colau se opone". Barcelona rechazaba aprobar esta ordenanza contra la prostitución y la explotación sexual en la ciudad. La mayoría del pleno municipal votó en contra de la propuesta del PSC de apoyo y asistencia a las trabajadoras sexuales y de castigo a clientes y proxenetas

Un grupo de mujeres protestan en el pleno durante la intervención de Jaume Collboni en defensa de su protesta para prohibir la prostitución el pasado junio / EFE

Un grupo de mujeres protestan durante la intervención de Jaume Collboni en defensa de su protesta para prohibir la prostitución / EFE

Algunos consistorios ya han puesto en marcha medidas que contribuyen a vertebrar una visión más amplia sobre este problema. El pasado verano el Ayuntamiento de la localidad barcelonesa de Gavà anunciaba el cambio del sistema de notificación de multas a los clientes de las prostitutas del municipio. El consistorio decidía enviar las sanciones al domicilio particular de los hombres que consumían prostitución en vez de multar a los clientes en el lugar donde la policía local les interceptaba. Gema Badia, concejala de Igualdad de la localidad, destacaba que con el cambio de notificación en las multas se buscaba para que quedase constancia de la actividad ilegal que hacen los clientes. Las sanciones relativas a la solicitud y prácticas de relaciones sexuales retribuidas en la vía pública ascienden hasta los 3.000 euros.