El desvío presupuestario justificaría la cancelación legal del contrato para hacer el túnel

Las obras de la plaza de Les Glòries de Barcelona se han convertido en una de las piedras en el zapato de la alcaldesa, Ada Colau. Los informes técnicos y jurídicos encargados por el consistorio amparan la posibilidad de rescindir el contrato o modificarlo para adaptar el proyecto.

El principal argumento de los comunes es el retraso que acumulan las obras, algo que achacan a la responsabilidad del contratista. Sin embargo, uno de los verdaderos motivos podría ser el desvío presupuestario, según han explicado a Crónica Global expertos del sector.

Desvío del 60%

El secretario de la Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña, Ignasi Puig, sostiene que hay una serie de supuestos mediante los cuales se justificaría la rescisión, uno de los cuales es que haya un desvío de fondos que supere el 10%. En este caso, se estima que la desviación del presupuesto podría ser hasta del 60%.

“Se trata de una causa sobrevenida posterior a la adjudicación del contrato” explica Puig, y reitera la importancia de que un desvío presupuestario sobrepase los umbrales permitidos. Para ello habría que conocer las razones del desvío.

El secretario de la Cámara de Contratistas recuerda a este medio que se trata de un contrato que desconoce pero sostiene que “tendría que verse la causa del retraso, y si es por inexactitudes en el proyecto. También, si son las constructoras las que han hecho que se demore”.

Comisión extraordinaria

Sostiene que el proyecto de Glòries “es una obra tan compleja” que la rescisión podría deberse a otros posibles motivos. “Si el proyecto está mal hecho, la culpa no es del contratista, sino de quien lo ha redactado. Si él se ha desviado y lo ha hecho mal, sí que sería el responsable”.

En todo caso, mantiene que un retraso conlleva dedicar más tiempo y recursos al proyecto, algo que no aporta nada bueno.

La UTE se defiende

La Unión Temporal de Empresas (UTE) que se encarga de las obras está formada por COMSA Corporación, en un 47%; Copisa, en un 30%; Rogasa construcciones y Benito Arnó e Hijos, en un porcentaje minoritario. Las tres últimas han declinado hacer declaraciones a este medio sobre qué opinan acerca de la postura del Ayuntamiento de Barcelona.

Sí lo ha hecho una portavoz de COMSA Corporación en nombre de la UTE, quien ha señalado su voluntad colaborativa con el equipo de gobierno municipal, sobre todo pensando en el beneficio de la sociedad.

“No compartimos la responsabilidad de los sobrecostes y retrasos del proyecto. En el informe de Bimsa ya se decía que no son achacables a la UTE constructora”, sostiene. Añade que el proyecto no se adecuaba a la realidad del terreno y que las compañías no han hecho más que ir adaptándose: “El proyecto era diferente a la realidad que nos hemos encontrado”, como recoge la auditoría. La portavoz de la constructora recuerda que, en ningún momento, han paralizado las obras.