El limbo de los extranjeros que dejan los centros de internamiento pero no vuelven a su país

El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona vuelve a estar en el punto de mira. Un total de 29 extranjeros están en huelga de hambre desde la noche de este miércoles en señal de protesta: horas antes, dejaban en libertad a una cuarentena de sus compañeros y ellos, ahora, reclaman lo mismo.

“Ningún interno del CIE queda en libertad si no lo autoriza el juez”, explica a Crónica Global un portavoz de la Policía Nacional. Y lo hace si no se ha llegado a un acuerdo con el convenio de extradición del inmigrante a su país de origen. De esta forma, éste se ve obligado a quedarse en España en una situación irregular: sin papeles y, por tanto, sin posibilidad de poder encontrar un trabajo. Algo similar a un limbo legal, abocado por la propia administración.

Acaban en prisión

Los internos que quedan libres tras su paso por el CIE reciben la ayuda de algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como Cruz Roja, por ejemplo, pero no todos quieren ser ayudados y deciden avanzar por su cuenta. El hecho de que no puedan disponer de un trabajo legal provoca que, en ocasiones, se dediquen a actividades ilícitas y acaben, la mayoría, detenidos y, por consiguiente, en prisión.

Es el caso de El Houcein El K., el interno de origen marroquí que quedó en libertad a finales del mes de agosto tras resultar fallido el intento de deportarle. Sus problemas psicológicos y su intento de suicidio en el interior del CIE llevaron a que el Ayuntamiento de Barcelona, el Síndic de Greuges, varias ONG y entidades sociales pusieran el grito en el cielo y motivaran la apertura de una investigación para estudiar el caso.

Lío entre administraciones

Las mismas fuentes policiales sostienen que los agentes lo llevaron al Hospital Clínic de Barcelona para realizar una evaluación psicológica. “Dijeron que no era para ingresarlo, sino que con la medicación que podían administrarles los propios médicos del centro ya estaría bien”. Pero sus autolesiones continuas provocaron que el juez decretara su libertad. Días después, la policía local de Sitges (Barcelona) lo detuvo cuando estaba robando en un bar. Fue sorprendido in fraganti tras la alerta de una vecina, por lo que ahora permanece en prisión.

Que los internos se vean inmersos en esa especie de limbo lo dictamina el convenio de extradición. Pero de qué o de quién depende ese convenio no parece estar muy claro entre las propias administraciones. Para intentar averiguarlo, la Policía Nacional ha derivado este diario a la Delegación del Gobierno, ya que “lo nuestro es solo algo funcional, del interior del centro”. La delegación asegura que “los CIE son interterritoriales y, por tanto, su gestión es centralizada”. El Ministerio de Interior, por su parte, asegura que “eso es algo de la policía”. Y así se vuelve al punto de partida de un bucle en el que las decisiones se vuelven algo confusas.