El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, vuelve al despacho. Tras un mes de convalecencia, el líder socialista catalán regresa con un agenda que parece un campo de minas: Crisis de movilidad, trenes, pero de borrascas, peste porcina, presupuestos, huelgas de profesores y médicos... Un auténtico carajal.
Pero Illa no vendrá con las manos vacías. El plan es recuperar la iniciativa política y tomar el testigo del consejero de Presidencia, Albert Dalmau, y de las consejeras de Territorio, Sílvia Paneque, e Interior, Núria Parlón, el trío que ha sostenido el timón en los momentos de mayor zozobra de las últimas semanas.
Nada más arrancar la jornada, el president pronunciará un discurso con un anuncio, tal como explica La Vanguardia en este titular: "Salvador Illa regresa este lunes al Palau con la cesión de inmuebles de la Iglesia para vivienda".
La pieza es de Pedro Ruíz Clavería: "Tras 31 días sin poder hacerlo, el president Salvador Illa pisa este lunes su despacho en el Palau de la Generalitat. El jefe del Govern inicia hoy una reincorporación presencial, que será progresiva, después de un mes de convalecencia por el diagnóstico de una osteomielitis púbica. Su retorno a la actividad será paulatino porque aún debe seguir con el tratamiento para contrarrestar la afección que sufre".
"No obstante, Illa afronta una primera jornada matinal intensa. A las 8.10 horas, ofrecerá una declaración institucional que se produce en un contexto en el que, más allá de ser su primera aparición pública desde el grave episodio médico, su Govern tiene múltiples frentes abiertos".
Líneas después Ruíz Clavería informa de que "a su comparecencia le ha sumado un segundo acto antes del mediodía. El president de la Generalitat protagonizará con el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, la firma de un convenio con la Conferencia Episcopal Tarraconense para la cesión de patrimonio inmobiliario de la Iglesia que será destinado a vivienda social".
Y: "Será el martes cuando retomará el mando de la reunión del Consell Executiu, función que ha estado cubriendo a lo largo de estas cuatro últimas semanas el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. En paralelo, esta misma semana incrementará su presencia en los medios con dos entrevistas en televisión –TV3 y La 2 Cat–".
En El Mundo también abordan la vuelta del presidente con el acento puesto en la áspera negociación de los presupuestos.
En una información que signa Víctor Mondelo se explica que Rodalies y la extensión de la peste porcina son los primeros asuntos que deberá abordar el dirigente socialista mientras que "el tercer reto de Illa es de carácter más político y tiene que ver con la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat para este 2026. El Govern ha iniciado la negociación con los comunes, a los que espera cortejar con la inminente aprobación de límites a la compra especulativa de vivienda, que ya han sido avalados por los expertos de la Generalitat".
"El Ejecutivo catalán ya impuso las primeras multas por rebasar los topes al precio del alquiler, lo que propició que la formación hermana de Sumar aceptara sentarse en la mesa de negociación, pero la controvertida prohibición de las prácticas especulativas se antoja determinante para recibir el visto bueno definitivo de los ecosocialistas".
Y: "Más complicado será, sin embargo, entablar una negociación con ERC, que sigue negándose a iniciarla hasta que el Gobierno acepte transferir la gestión y recaudación del IRPF a la Agència Tributaria de Catalunya".
"El ministerio de Hacienda continúa resistiéndose a ejecutar esa concesión por el daño que provocaría en la candidatura de la ministra María Jesús Montero a la presidencia de la Junta de Andalucía. Y eso está conduciendo a los republicanos a la desesperación, como prueba que la pasada semana retiraran su propuesta legislativa registrada en el Congreso para impulsar los cambios legales necesarios para que la Generalitat empezara a recaudar el tributo".
En esa información del diario de Unedisa se habla también de un consorcio de inversiones que es el asunto que aprovecha El Periódico para su apertura: "El Gobierno y ERC negocian que el consorcio de inversiones obligue a ejecutar todo lo presupuestado y planifique a cinco años vista".
El texto es de Quim Bertomeu: "El Gobierno y ERC están negociando la creación de un consorcio que gestione las inversiones del Estado en Catalunya con un objetivo principal: que se ejecute lo que se presupuesta en los Presupuestos Generales del Estado".
"En el pasado más reciente, demasiadas veces no se ha acabado ejecutando un porcentaje alto de lo previsto, es decir, se programa la inversión pero no se acaba realizando, al menos dentro de los plazos establecidos".
"Según ha podido saber El Periódico de fuentes de la negociación, las conversaciones avanzan y se empiezan a perfilar los detalles de cómo será este instrumento. Llegar a un acuerdo final es esencial para que ERC acepte negociar los presupuestos catalanes. También lo es que haya avances con la recaudación del IRPF".
"En primer lugar, la idea es que sea un "consorcio paritario" entre el Estado y la Generalitat. Esto significa que la composición de los órganos colegiados de gobierno y de administración del consorcio, "tanto en número de miembros como en derecho de voto", sería de un "50% para cada parte". Por lo tanto, ninguna de las dos partes estaría legitimada para tomar decisiones sin contar con la otra. Esto es importante, sobre todo, cuando eventualmente haya discrepancias".
"Otra cuestión importante es que se plantea este consorcio como un "espacio de decisión compartida en materia de inversiones" para colaborar en cuatro acciones: "el impulso, la planificación, la gestión y la ejecución de las inversiones del Estado en Catalunya"".
"Las dos partes asumen que, en las últimas décadas, no ha habido "una política adecuada de inversiones". El documento que se está preparando cita varios ejemplos, entre otros, la "baja ejecución en Rodalies" entre 2000 y 2020; los accesos ferroviarios pendientes al Port de Barcelona, y la capacidad "insuficiente" de la AP-7 entre Tarragona y Castelló y del eje viario del Pirineo (N-260)".
"La primera gran misión del nuevo consorcio, si la negociación llega a buen puerto, debería ser elaborar el "plan de inversiones de Catalunya", un documento que luego tendría que ser aprobado por el Consejo de Ministros".
"Se busca que este plan incluya un informe sobre la situación actual de las infraestructuras en Catalunya y evalúe si se ha cumplido el Estatut en esta materia. Si no es así, se estudiaría si Catalunya tiene que recibir "compensaciones" del Estado por este motivo".
Y: "Después, se pretende que el plan defina un "estudio de necesidades de inversión" a corto, medio y largo plazo teniendo en cuenta cuestiones como la "identificación de inversiones estratégicas"; las actuaciones para corregir desajustes -infraestructuras que se deterioran- y finalmente las actuaciones "derivadas del cambio climático". Todo esto derivaría en la elaboración de un "plan quinquenal de inversión del Estado" en Catalunya que incluya la planificación de las inversiones a cinco años vista".
A todo esto hay que añadir que "La Generalitat prepara nuevas operaciones con bancos para encarar la salida del FLA", según advierte un titular de El País.
Escribe Lluís Pellicer: "Durante casi tres lustros, el Estado ha sido prácticamente el único banco al que ha podido acudir la Generalitat. Cuando Andreu Mas-Colell, Oriol Junqueras, Pere Aragonès, Natàlia Mas o Alícia Romero han tenido que pedir un préstamo se han encontrado a Cristóbal Montoro o María Jesús Montero al otro lado de la ventanilla. No había otra opción: los mercados financieros se habían cerrado a cal y canto durante la crisis del euro para Cataluña y otras comunidades".
"El Govern busca ahora romper el corsé de los mecanismos desplegados por el Estado, en especial el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y regresar a la financiación bancaria en búsqueda de unas mejores condiciones a pesar de las limitaciones que imponen su deterioro financiero, según explican fuentes del Ejecutivo catalán".
"El Gobierno de Salvador Illa espera reducir el peso de esos instrumentos, de casi el 85%, con la quita de la deuda que Montero aún espera que el Congreso apruebe con ella como ministra, una parte de las refinanciaciones de la deuda del FLA y ahora un préstamo para cubrir deuda nueva".
"En los próximos días, el Govern cerrará la firma de ese crédito, de 292,75 millones de euros para financiarse. Es la primera vez que lo hace desde hace 14 años, cuando un lacónico Andreu Mas-Colell, entonces responsable de la Hacienda catalana, anunciaba en la BBC que iba a precisar de la asistencia financiera del Estado después de buscar recursos mediante varias emisiones de bonos patrióticos que compraban ciudadanos particulares con rentabilidades que superaban el 5%".
"Durante años, el FLA no solo permitió a Cataluña y a otras comunidades acceder a la deuda, sino hacerlo en mejores condiciones. Por ejemplo, según Fedea, Cataluña se financió entre 2022 y 2025 a unos tipos de interés que oscilaban entre el 1,2% y el 2,1%, mientras que Madrid, que rechazó acudir al FLA, pagó entre el 3,3% y el 3,6%".
Líneas después Pellicer apunta que "la Generalitat, cuya deuda asciende casi a 86.000 millones, también considera que los tipos con los que se está financiando ahora con el FLA, más elevados, aconsejan ir regresando a los mercados financieros. El año pasado ya refinanció alrededor de 3.500 millones de euros en los mercados. Y espera volver a hacerlo este año, cuando tiene que amortizar 7.830 millones de euros. No obstante, esa opción viene limitada por los topes que fije el Ministerio de Hacienda dado el deterioro financiero que lleva arrastrando desde hace años".
El regreso a la normalidad financiera forma parte de la pauta para salir del túnel de excepciones en el que el nacionalismo sumió a Cataluña durante los años locos del "procés", aquellos tiempos en los que todo daba igual porque visionarios de la talla de Artur Mas creyeron que se podía hacer tabla rasa de la historia y empezar de cero.
En aquellos años, ser juez en Cataluña no era nada fácil. Al coste de la vida había que sumar el factor ambiental y la presión de las autoridades autonómicas contra magistrados y fiscales. Esas coloridas manifestaciones frente al Tribunal Superior y la descalificación generalizada.
Todo eso se tradujo en una "fuga" judicial pareja a la de las empresas. Y ahora toca desandar ese camino. La Vanguardia abre con esa cuestión: "El Govern plantea un complemento salarial para evitar el éxodo de jueces de Catalunya".
Se trata de una noticia que firma Toni Muñoz y arranca así: "El Govern de la Generalitat busca la manera de que los jueces no se vayan de Catalunya. La conselleria de Justicia ha puesto en marcha un plan que pretende, por un lado, incentivar la vocación de juez en Catalunya y, por otro, impulsar medidas para evitar que los jueces se marchen a otros destinos".
"Una de las fórmulas que estudia es la de reclamar un complemento retributivo a los jueces que ejerzan en Catalunya. Esta medida ya fue propuesta por la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en el año 2021 y nuevamente reclamada en el 2024 como una vía que ayudaría a paliar la sangría de la planta judicial y convertirla en una plaza más atractiva".
"El complemento salarial se aplica en otras comunidades con especial singularidad como el País Vasco, Navarra, Canarias, Baleares, la Val d’Aran, Ceuta y Melilla y supone un aumento de sueldo entre 400 y 800 euros. La conselleria se abre por primera vez a estudiar esta medida, que deberá ser aprobada por el Ministerio de Justicia, responsable último de la remuneración de los jueces".
"“Somos conscientes de que muchas de las palancas para corregir este fenómeno no dependen exclusivamente de la Generalitat. Por esto, trabajamos de manera coordinada con el TSJC y con el Ministerio para explorar todas las medidas posibles que permitan garantizar plantillas judiciales más estables”, señala el conseller de Justícia, Ramon Espadaler".
"El Ministerio de Justicia anunció la creación de 91 plazas judiciales en Catalunya para este 2026, pero estos son solo los puestos y ahora falta encontrar a jueces que quieran ocuparlos".
"Catalunya lleva más de una década con un alarmante déficit de jueces debido, sobre todo, a la falta de magistrados nacidos en Catalunya y al éxodo de los que obtienen plaza aquí. Muchos de ellos deciden, pocos años después de llegar, marcharse a un juzgado de otra comunidad que normalmente les queda más cerca de su ciudad de origen".
"Los datos muestran esta preocupante tendencia. Los tribunales de Catalunya cuentan con una plantilla de 870 efectivos, cifra que ha variado con los años pero que siempre ronda estas cifras. Desde 2011 hasta 2025, 617 jueces con plaza en Catalunya se marcharon a otra comunidad y solo poco más de la mitad, 326 con plaza fuera de Catalunya, solicitaron incorporarse a un juzgado catalán".
Y: "Este déficit provoca que los juzgados tengan un gran número de plazas desiertas que deben ser cubiertas con jueces sustitutos. En el 2025 había 102 plazas vacantes y en el 2024, 104".
Sociedad. "Los médicos se preparan para una semana de huelgas y critican la "cero negociación" de Salut", destaca El Nacional.
La información es de Adrià Asbert: "Los médicos están llamados esta semana a una nueva movilización para reclamar un convenio propio y mejoras laborales, sobre todo ante la sobrecarga asistencial y el agotamiento profesional".
"En Catalunya, el sindicato Metges de Catalunya ha convocado una huelga propia el lunes y el viernes para interpelar directamente al Departament de Salut que dirige Olga Pané, a quien critican la "cero negociación" para evitar que se produzca el paro".
"A escala estatal, el comité de huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha hecho un llamamiento a la huelga los cinco días laborables de la semana, de lunes a viernes, en la que también se ha integrado Metges de Catalunya. Así pues, los médicos catalanes pueden ir a la huelga toda la semana bajo el paraguas estatal. Los profesionales catalanes de la salud llevarán sus reivindicaciones a la calle en una manifestación convocada para este próximo viernes".
Líneas después Asbert cuenta que "las reclamaciones del colectivo se centran en la jornada laboral y los descansos y en eliminar las guardias médicas de 24 horas, así como en la contratación de profesionales para reducir la sobrecarga asistencial".
Y: "Los servicios mínimos decretados establecen que se debe mantener el normal funcionamiento de los servicios de urgencias; de las unidades de cuidados intensivos (UCI) y otras unidades especiales, como de hemodiálisis, neonatología, partos o tratamientos de radioterapia y quimioterapia, así como todas aquellas que se consideren de urgencia vital. También se atenderá la actividad quirúrgica que no se puede aplazar".
"En los centros de atención primaria y atención continuada y urgente (CUAP, PAC y PADES), se garantizará la asistencia urgente y el servicio se prestará con un 25 % de la plantilla durante el primer día (excepto si solo hay una persona en el dispositivo, entonces se mantendrá sin cambios) y, a partir del segundo día, aumentará a un tercio de la plantilla. Los servicios farmacéuticos se mantendrán con el personal de los turnos de guardia y noche y el transporte sanitario deberá garantizar la atención en las urgencias y los tratamientos oncológicos, diálisis, oxigenoterapia y pruebas diagnósticas urgentes".
16 de febrero, lunes de Carnaval, día de los amores imposibles y día de los presidentes en los Estados Unidos. Santoral: Juliana de Nicodemia, Maruta, Pánfilo, Valente, Daniel, Jeremías y Flaviano.