Agua de Valencia y el inevitable hombre de Waterloo

El Govern catalán afronta la sequía con la herramienta del hispánico precepto de la improvisación. Tranquilidad y buenos alimentos en el consell executiu, que ha entregado al consejero de Acción Climática, David Mascort, la gestión del desastre natural. Nuestro hombre del tiempo, el tipo encargado de las acciones sobre el clima, según reza su pomposa cartera, está dispuesto a lo que haga falta. De entrada, ojo al piojo, ha decretado un severo régimen de duchas en los gimnasios. Impresionante. Total, que ese ejecutivo autonómico que estuvo a punto hace algo más de seis años de arriar la bandera de España del Palau de la Generalitat para convertir Cataluña en un nou estat d'Europa es incapaz ahora de garantizar que salga agua del grifo.

Otro personaje central en esta trama de la incompetencia acuática es Lluís Salvadó, a quien todo el mundo recordará por sus obscenas consideraciones sobre el tamaño de los pechos de las consejeras, unas palabras que no supusieron cancelación alguna de este buen hombre. Salvadó, que mostró una eficacia extraordinaria en la organización de un referéndum sin las más elementales garantías democráticas, fue premiado con el puesto de presidente del Puerto de Barcelona. Poca broma. Y desde semejante atalaya sigue siendo el escollo que impide aprovechar el agua que sobra en el Ebro para paliar la sequía en las cuencas del Ter y el Llobregat.

Es la noticia de apertura de Crónica Global. "El presidente del Puerto de Barcelona, el principal escollo de Aragonès para plantear un trasvase del Ebro en plena sequía", titulan la entrega Noelia Carceller y David Expósito J. El texto arranca así: "Lluís Salvadó no es sólo conocido por sus desagradables conversaciones machistas del pasado. También lo es por ser un hombre fuerte de ERC en Tarragona. Si bien ahora no tiene ningún cargo orgánico en el partido tras ser elegido presidente del Puerto de Barcelona (una de las infraestructuras más importantes), las fuentes consultadas por Crónica Global reconocen que sigue teniendo una fuerte influencia en el territorio, que consideran ha defendido con uñas y dientes cuando ha sido necesario. Las Tierras del Ebro cobran protagonismo estos días con la declaración de la emergencia por sequía en Cataluña. Salvadó fue, de 2004 a 2010, el delegado del Govern en la zona, icónica por albergar la desembocadura del río más caudaloso de España. Y se opone abiertamente al trasvase de agua a Barcelona. Ya lo dejó claro en 2008, cuando se vivió otro agudo período de sequía en la autonomía, que al final se salvó gracias a un ciclo de lluvia. Su férrea oposición al eventual proyecto le costó un encontronazo con el entonces president José Montilla; el socialista sugirió su dimisión –consideró que sería “lo normal”- si persistía en su posición. En aquel entonces, Salvadó hizo suyas las protestas de la Plataforma en Defensa del Ebro (PDE), que se manifestó en Amposta con miles de personas, y que el propio dirigente de ERC aupó para rechazar el trasvase".

Esto de la sequía en Cataluña parece un episodio de la Revolución Francesa. Concretamente aquel en el que María Antonieta dijo que si los franceses no tenían pan que comieran pasteles. Pues aquí, si no hay agua de boca a beber agua de Valencia. Dicho y hecho, aunque el agua de Valencia que se avecina no es la composición de zumo de naranja, champán, vodka y ginebra, sino agua desalada.

"Los barcos con agua de Sagunt llegarían a Catalunya en verano", apunta La Vanguardia. La información es de Hèctor Sanjuán y Antonio Cerrillo: "El Gobierno español prepara el transporte de agua en barcos a Barcelona desde la desalinizadora de Sagunt (en Valencia) para afrontar la situación de emergencia en la región central de Catalunya, incluidas zonas de Girona y la Costa Brava, debido a la sequía. Así lo confirmaron a este diario fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, que precisaron que “no sería un actuación inmediata”, sino “hacia el verano”. Mientras, se abre una etapa para organizar los preparativos logísticos y analizar la evolución de la emergencia. El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha dado su visto bueno a este planteamiento por solidaridad entre comunidades".

Portada de 'La Vanguardia' del 4 de febrero Kiosko.net

Pero cómo es posible. ¿Un gobierno autonómico popular dispuesto a dar agua a Cataluña? Es el mundo al revés. Pero la nota aclara enseguida que se trata de una "desalinizadora del Estado": "La disposición del Gobierno a efectuar un transporte de agua en barco desde esta desalinizadora del Estado se produce después de que diversos sectores sociales hayan expresado su rechazo al transporte de agua en barcos recurriendo a caudales de la concesión del minitrasvase del Ebro en Tarragona. La opción de Sagunt –o la que podría llamarse la solución solidaria española – también posterga la alternativa consistente en conectar la red de aguas del Ebro del Consorci d’Aigües de Tarragona en Tarragona con la red metropolitana de Barcelona, como han reclamado cuatro colegios profesionales y Foment del Treball, entre otros sectores. (...) Los detalles de la decisión del ministerio serán dados a conocer mañana en la vista de la ministra a Barcelona, donde mantendrá una entrevista con el conseller de Acció Climàtica, David Mascort. La previsión es que el transporte de agua en barcos a Barcelona se haga de manera diaria, aunque está por determinar en qué momento se pondría en marcha el operativo, algo que dependerá de la evolución de la situación de la emergencia. La previsión inicial es que se active hacia el verano, cuando puede entrarse en una fase más avanzada de la emergencia si no llueve".

Y: "Mientras tanto, los embalses de la región de Barcelona siguen en caída libre; acumulan 99 hm3de reservas, cifra por debajo de los 100 hm3 que marca el umbral de emergencia en grado I, y solo almacenan el 16,2% de su capacidad total. No obstante, el transporte en barcos (que podrían llevar unos 40.000 m3 de media) solo podrían aportar el 8% del consumo diario del área metropolitana, según fuentes conocedores de este tipo de operaciones. Fuentes del Departament d’Acció Climática admiten que ha habido contactos entre Acuamed (empresa estatal que gestiona la planta de Sagunt) y la empresa pública Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL), que sería la encargada de coordinar las tareas para llevar agua de Valencia a Catalunya".

Más noticias. Puigdemont sigue una semana más en el candelero. Fue el hombre de la segunda mitad del año pasado y amenaza con ser el hombre de este año al completo. "Puigdemont impuso unilateralmente el 'no' a la amnistía y agitó las discrepancias internas en Junts", señala El Mundo. En el sumario se advierte de que "Sectores del partido observan preocupados la influencia política del abogado Gonzalo Boye". Escriben Iñaki Ellakuría y Víctor Mondelo: "Lejos de la imagen de bloque monolítico y articulado en torno a Carles Puigdemont que Junts transmite en Madrid, la realidad es que la estrategia política respecto a la amnistía que se dicta desde el búnker de Waterloo despierta cada vez más recelos en el seno neoconvergente, sobre todo en los partidarios de un gradual regreso al pragmatismo pujolista -debilitados tras el fracaso de Xavier Trias en Barcelona- y que consideran que se están siguiendo intereses demasiado personales. Este clima de desconfianza respecto a Puigdemont y su entorno, en el que el abogado Gonzalo Boye ejerce una influencia casi absoluta, está además agitando la guerra interna de poder y protagonismo que ha fracturado el grupo en el Parlament: con acusaciones de acoso de los afines de la presidenta, Laura Borràs, al núcleo duro que controla el secretario general, Jordi Turull".

Sigue el texto: "Las diferencias estratégicas respecto a la amnistía afloraron esta semana cuando Junts votó en contra de la proposición de ley, por entender que no blinda a todos los encausados del procés. En la dirección de los neoconvergentes había dudas sobre el sentido de su voto, con partidarios de la abstención -una manera de no abrir hostilidades con el PSOE- o incluso de aprobar el texto y seguir negociando con el Gobierno otras garantías para que los encausados por terrorismo y los sospechosos de colaborar en la injerencia rusa en Cataluña sorteen el banquillo de los acusados. Los más partidarios de apoyar la amnistía, que esperan llegar a un acuerdo con el PSOE en el próximo mes, temen consecuencias políticas y emocionales que provocarían el fracaso de la ley. Tanto porque se «dejaría tirados» a muchos imputados de Junts y el PDeCAT que deberían rendir cuentas ante la Justicia, como porque el independentismo de base, que, si bien celebra los reveses a Pedro Sánchez, podría sentir como un fracaso que no haya una amnistía después de meses de propaganda nacionalista presentándola como la rendición del Estado".

Y: "Todas estas dudas y más estaban presentes en Junts hasta media mañana del martes, todavía con los equipos negociadores de los dos partidos hablando. Según fuentes nacionalistas, fueron despejadas de golpe por Puigdemont en una comunicación telefónica con Míriam Nogueras, portavoz del grupo en el Congreso. Siguiendo las tesis de su abogado Boye, que sostiene que con el actual redactado la amnistía «puede ser un coladero» para los jueces, el ex presidente de la Generalitat dio la orden de votar en contra y, acto seguido, Turull convocó a la ejecutiva del partido para informarla. En este voto también influyó la guerra de Puigdemont con ERC y el hecho de que Oriol Junqueras anunciara su viaje a Madrid para celebrar desde la tribuna del Congreso la supuesta aprobación de la Ley de Amnistía. El núcleo duro de Junts no está dispuesto a que los republicanos saquen ningún tipo de rédito político de una ley que, subrayan, solo podrá materializarse gracias a su capacidad de coacción al PSOE".

Más Puigdemont. Ahora en El Independiente, donde destacan que el prófugo indicó a sus interlocutores que "no hay norma que prohíba amnistiar el terrorismo". La pieza viene con la firma de Irene Dorta: "Contra todo pronóstico la ley de amnistía no ha sido aprobada esta semana por la falta de votos del partido que, precisamente, la había impulsado. Junts logró el martes que el texto no superara el trámite del pleno en el Congreso de los Diputados y ahora, aunque aún está por decidir si hay que volver a la casilla de salida, lo que está claro es que no pretenden ceder: o la norma contempla el terrorismo o no habrá perdón para el procés. El escollo no es menor. Supone incluir en el texto delitos graves como lo es el terrorismo o el que se refiere a la alta traición al Estado y sobre ello hay dos corrientes bien distintas. De un lado, está la que sigue el PSOE, que asegura que añadir estos ilícitos supondrá que Europa tire la ley en su conjunto. Del otro lado, está el partido de Carles Puigdemont que perjura que no hay ni jurisprudencia, ni texto europeo que prohíba expresamente amnistiar el terrorismo".

Portada de 'El Mundo0 del 4 de febrero Kiosko.net

Continúa la nota: ""El único argumento es que Europa lo va a tumbar. ¿Alguien ha dado algún argumento de alguna sentencia, algún artículo, alguna norma? No. Porque no existe", expresa a El Independiente una fuente cercana a Junts. El independentismo apoya su tesis en la falta de precedentes y en que España ha tenido otras amnistías como la de 1977 que condonó todo tipo de delitos (incluida la tortura y el terrorismo, por ejemplo) y que, si bien fue previa a la Constitución, posteriormente el Tribunal Supremo la avaló. Se basa para eso en una sentencia de febrero de 2012 en el marco de un procedimiento en que analizaron la conducta del exjuez Baltasar Garzón sobre la investigación de crímenes franquistas. "Precisamente, porque la 'Transición' fue una voluntad del pueblo español, articulada en una ley es por lo que ningún juez o tribunal, en modo alguno, puede cuestionar la legitimidad de tal proceso. Se trata de una ley vigente cuya eventual derogación correspondería, en exclusiva, al Parlamento", dijo el alto tribunal. Para las fuentes de ese sector, esta sentencia es clara: "El Supremo dice que la ley está en vigor, que nunca ha sido derogada y que es constitucional, es decir, forma parte del ordenamiento jurídico". Y en esa estrategia construyen que una nueva amnistía con delitos de terrorismo dentro no supondría ningún problema. (...) Junts se ampara en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europeo (TJUE) no va a poder echar para atrás la ley completa porque España sigue persiguiendo los delitos de terrorismo y la Directiva Europea de 2017 que habla sobre ello no menciona nada de que no se puedan perdonar llegado el caso. Justifican, asimismo, que el riesgo de que en Luxemburgo vean la ley con malos ojos está cubierto porque la medida no permite que se amnistíen los delitos que tengan que ver con la malversación de fondos comunitarios".

Y de postre, Puigdemont. "El sector afín a Puigdemont busca boicotear la lista cívica de la ANC de Dolors Feliu", apunta El Confidencial. El texto es de Antonio Fernández: "La crisis en el seno de la Asamblea Nacional Catalana se agrava. Un total de 139 dirigentes de la organización han firmado un manifiesto rechazando la lista cívica que quiere presentar la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, en las próximas elecciones autonómicas. Esta es rechazada por los críticos de la entidad, pero también por los grandes partidos independentistas, que opinan que puede atomizar el voto soberanista y les puede restar unos escaños vitales para seguir teniendo la mayoría parlamentaria. La intención de Feliu es romper el mapa político catalán desbancando a los partidos políticos tradicionales porque considera que han "traicionado al movimiento". Por ello, ha prometido que su principal objetivo es "proclamar inmediatamente la independencia", incluso de manera unilateral y separarse de España. El proyecto es tan etéreo como inmaduro. Los críticos afean a Feliu y su círculo de confianza que la estrategia es deficiente y que la lista está pensada para rellenarla con acólitos, sin que haya un proceso democrático participativo en su confección y que, además, no ha sido confeccionada tras acuerdos con otras entidades o partidos. Se trata, en definitiva, de una lista electoral más patrocinada por la ANC, una entidad cívica reconvertida en actor político. Nada nuevo bajo las estrellas, salvo que en esta ocasión nadie, excepto el núcleo que la impulsa, parece estar de acuerdo con el proyecto. El proyecto, no obstante, ha provocado una implosión en la ANC, que lleva camino de desangrarse a medio plazo en medio de una cruenta lucha fratricida".

Y: "Los firmantes del manifiesto no son desconocidos. Entre ellos, hay militantes con peso social específico y un sector muy cercano a Carles Puigdemont y a la CUP. Así, entre los firmantes se encuentra Lluís Llach, excantautor reconvertido en ministro del Consell de la República de expresident. También figura Joan Matamala, propietario de la Fundació Les Voltes, amigo personal de Puigdemont y hermano de Josep Maria Matamala, el empresario que acompañó al político durante los primeros meses y que luego fue premiado eligiéndole como cabeza de lista para el Senado en las elecciones de 2019. Entre los firmantes destacan dos de los fundadores de la organización. Miquel Sellarès, exdirector general de Seguridad de la Generalitat y ex secretario del Govern, y Pere Pugès, un exsocialista que acabó aterrizando en las filas independentistas".

4 de febrero, santoral: Gilberto de Sempringham, Juana de Valois, Aventino de Chartres, Aventino de Troyes, Eutiquio de Roma, Fileas de Thmuis, Filoromo de Alejandría, Gémino confesor, Isidoro de Pelusio, José de Leonessa, Juan de Brito, Nicolás Estudita, Rabano "Mauro" y Remberto Obispo.