Junts aprieta y crisis entre Mossos y Guardia Urbana

En La Razón le dan una vuelta de tuerca a las relaciones entre Junts y el Gobierno para asegurar en un titular que "Puigdemont cuela al PSOE la agenda previa al procés". Así lo cuenta Carmen Morodo: "En todos los foros de negociación que Junts tiene abiertos con el PSOE, consecuencia de la investidura de Pedro Sánchez, los de Carles Puigdemont están enfocando sus exigencias y prioridades desde la perspectiva de blindar las bases, en cuanto a competencias y marco legislativo, que consoliden a Cataluña como una nación. Ya sea en financiación, sea en fiscalidad, sea en lengua o sea en control de la migración. En este último punto, abierto en canal a cambio de que los independentistas no tumbaran los primeros decretos leyes llevados por el Gobierno de coalición al Congreso, los delegados de Puigdemont exigen, por ejemplo, una interlocución directa con la Comisión Europea para fijar el objetivo de acogida de refugiados, sin mediación alguna del Gobierno español. Por cierto, con la decisión de abrir este debate de la inmigración, sin someterse al patrón de las correcciones políticas, Junts está obligando a la derecha a resituarse en el tablero político, pero también ha abierto un problema interno en la izquierda al ampliar la brecha entre lo que dice su discurso y lo que muchos opinan realmente, de puertas hacia adentro, sobre el alcance de este tema y de su percepción entre la opinión pública".

Sigue Morodo: "El PSOE está mucho más incómodo que Sumar a la hora de encararse con el posicionamiento de Junts, que tacharían de xenófobo si viniera del PP o de Vox. Además, la decisión de presentar de la mano de Junts la ley que cederá las competencias en inmigración a Cataluña les plantea otro problema porque es difícil que los términos que acepte Puigdemont sean a la vez aceptados por la vicepresidenta Yolanda Díaz o por Podemos. La realidad es que en Cataluña cada vez son más los ayuntamientos que dificultan el padrón a migrantes, y que en el resto de España los equipos electorales de todos los partidos ya han metido dentro de su agenda de campaña el análisis sobre cuál es la posición menos arriesgada ante esta cuestión. Puigdemont ha estado hábil políticamente al recolocarse frente al conjunto de ambigüedades que incluía el programa de Junts a las últimas elecciones generales y recuperar, asimismo, algunos de los puntos que sí iban en el programa de Junts pel Sí, la candidatura electoral a las autonómicas de 2015 que unió a CDC, a ERC y a otras siglas catalanas, y que sí planteaba ya la exigencia de que la Generalitat utilizara el catalán como elemento de integración y dispusiese del control de los flujos migratorios, los permisos de residencia y trabajo, el contingente de trabajadores extranjeros y la contratación en origen".

Noticias de Barcelona. La Generalitat poniendo palos en las ruedas de la seguridad ciudadana. "Grave crisis institucional en Barcelona entre los Mossos y la Guardia Urbana", titula La Vanguardia. La información es de Mayka Navarro: "El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, presidirá en febrero su segunda Junta Local de Seguridad. No será fácil. Se celebrará en medio de una grave crisis institucional entre los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona, según admiten a La Vanguardia fuentes oficiales de ambas instituciones. El deterioro de las relaciones viene de lejos y coincide con la llegada del comisario Eduard Sallent a la jefatura de la policía y su proyecto, compartido con el director Pere Ferrer, y la actual cúpula de Interior, de “homogeneizar” las relaciones con todas las policías municipales. Tratarlas a todas por igual. Una especie de café para todos sin entrar en singularidades. En Barcelona, el objetivo pasa por “recuperar” y “ordenar” competencias, como las de investigación, que por ley no corresponden a las policías municipales, pero que la escasez de mossos y el crecimiento de la Guardia Urbana ha hecho que de facto las asuman en casos muy concretos. Al principio la situación se fue trampeando, pero en los últimos meses las relaciones se han deteriorado hasta llegar a una grave crisis que se escenificó en una reunión que el 27 de noviembre se celebró en Interior. Participaron Jaume Collboni y el conseller Joan Ignasi Elena, con sus respectivos equipos, entre los que estaban el comisario Sallent; la comisaria jefa de Barcelona, Montserrat Estruch; el intendente mayor de la Guardia Urbana Pedro Velázquez; el director de la policía, y el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle. “La reunión fue un desastre”, coinciden en señalar asistentes de ambas comitivas".

Sigue la nota: "La cita arrancó bien. Había que ponerse al día en cuestiones de seguridad y reflexionar sobre las estadísticas del 2023, nada buenas a pesar de la ingente actividad policial de ambos cuerpos. Y también debatir sobre esa idea generalizada de percepción de inseguridad que está arraigada dentro y fuera de Barcelona y que ya no depende de si las denuncias suben o bajan a final de año. Fue al terminar cuando el conseller advirtió al alcalde que la Guardia Urbana actuaba con “deslealtad” con los Mossos y que la coordinación operativa en la calle “no funciona”. Batlle, Velázquez y la gerente de Seguridad, Maite Casado, no disimularon su perplejidad y replicaron unas duras acusaciones que verbalizaron Sallent y Ferrer. Esa noche, Collboni telefoneó a su equipo para trasladarles su confianza y prometer que trabajará para reconducir la situación con Elena. Desde ese día la cosa ha ido de mal en peor, pero no a nivel operativo, donde uniformados y mandos, desde el último patrullero a Velázquez y Estruch, han conseguido, de momento, esquivar la crisis y salvar esa coordinación".

La bronca viene dada por los equipos conjuntos de Mossos y Guardia Urbana para hacer frente al narcotráfico. Según explica Navarro, "esta crisis se puede explicar de muchas maneras. Cada parte tiene argumentos para defender su postura, pero hay elementos objetivos. En los últimos años, la Guardia Urbana ha crecido, y no solo en efectivos, y se ha reforzado y especializado a un ritmo que le ha permitido destinar policías a problemas esenciales para la ciudad y para los que se ofrecieron a trabajar con los Mossos. La lucha contra el tráfico de drogas a pequeña escala fue su primera gran apuesta, y el escenario, Ciutat Vella. El entonces jefe de la comisaría de Nou de la Rambla creó un equipo conjunto de investigación para luchar contra los narcopisos al que incorporó a cuatro guardias urbanos que trabajaban mano a mano con los mossos. Tenían su taquilla en la comisaría de los Mossos. Eran uno más. Ese primer equipo conjunto de investigación, con un subinspector, un cabo y media docena de agentes, inició la gran batalla nunca acabada contra los narcopisos. Y los resultados fueron espectaculares. Los siguientes mandos de los Mossos decidieron romper ese grupo, no su funcionamiento. Los guardias urbanos debían regresar a su comisaría, pero mantener el equipo conjunto. Y así fue como se sistematizó un protocolo por el que cada caso generaba la creación de un equipo conjunto de investigación en el que los guardias urbanos podían actuar como secretarios en las diligencias. Este mes, los Mossos comunicaron a la Guardia Urbana que había llegado el momento de poner fin a los equipos conjuntos, que la policía catalana recuperaba las competencias de investigación y que los policías locales no volverían a figurar como secretarios. El anuncio cayó como una bomba en la policía de Barcelona, cuyos responsables se sintieron “menospreciados” y “ninguneados”. Advirtieron a los Mossos de que ellos solos no iban a ser capaces de mantener el actual ritmo de trabajo. En los últimos cuatro años, esos equipos conjuntos han intervenido en 400 actuaciones en materia de salud pública y han clausurado una media de casi un narcopiso a la semana. Los Mossos defienden su postura. “Nada ha cambiado ni debe cambiar”, aseguran. El nuevo proyecto de “ordenar” las actuaciones de la policía municipal viene directamente de Egara, sede de la jefatura, y la encargada de ejecutarlo es la intendenta Sònia Rius. Mando de total confianza de Sallent, la intendenta se reunió el miércoles en la Zona Franca con los responsables de investigación de la Guardia Urbana para concretarles el nuevo plan".