Junts aprieta el acelerador a fondo con las enmiendas a la proposición de ley de la amnistía. Calibra la resistencia y flexibilidad del Gobierno y acomete pruebas en relación a la paciencia de sus interlocutores. Míriam Nogueras se ha convertido en el gran referente del partido de Puigdemont, la imagen de una nueva Convergència que negocia a cara de perro en Madrid y se pasea por las ferias del aceite ilerdense lanzando mensajes de resistencia y optimismo. 
En ERC tratan de recomponer filas y pugnan por algo del protagonismo que les han robado Nogueras y Puigdemont. El partido republicano lleva el lastre de dar la impresión de ser un socio muy fiable, poco conflictivo y escasamente interesado en colocarse medallas. De modo que mientras Junts rentabiliza la amnistía y la cesión de competencias, ERC sólo exhibe el traspaso de Rodalies. 
La situación se repetirá esta semana. "Junts plantea 'batalla' para incluir el terrorismo a 24 horas de un nuevo asalto por la amnistía en el Congreso", avisa El Mundo. La noticia viene con la firma de Cristina Rubio: "Junts no está dispuesto a dar su brazo a torcer con las enmiendas de la amnistía y ya advierte al PSOE con un nuevo pulso. Una vez atado el jugoso botín a cuenta de los primeros decretos del Gobierno de Pedro Sánchez -facilitó su aprobación a cambio del control total de la inmigración o de impulsar el retorno de empresas a Cataluña, además de blindar la amnistía en caso de recurso ante la Justicia europea-, el partido de Carles Puigdemont avisa ahora de que llevará hasta el final la «batalla» para incluir los delitos de terrorismo en la despenalización del procés. «Hay margen, nosotros batallamos hasta el último minuto», aseguró ayer la portavoz neoconvergente Míriam Nogueras. El objetivo de Junts no es otro que aprobar una «amnistía integral en la que entre todo el mundo y que sea de aplicación inmediata» para blindar a Puigdemont. Es decir, que englobe a los encausados por Tsunami Democràtic -con el expresidente de la Generalitat y Marta Rovira, ambos imputados por terrorismo, en el centro de sus demandas- y también a los miembros de los CDR que fueron detenidos en la Operación Judas y que están a la espera de juicio. «Nosotros estamos donde estábamos», resumen en el partido neoconvergente sobre el «margen» que dan al PSOE ante sus enmiendas".

Portada de 'El Mundo' del 22 de enero de 2024

Y: "«Trabajaremos infatigablemente para que cubra todo», secundó este fin de semana el portavoz del partido en Cataluña, Josep Rius, otro de los dirigentes más cercanos a Puigdemont. Es más, Junts ha subido el precio de sus demandas a raíz del señalamiento público que hizo la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, del magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, al decir que «tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles» después de que el juez insistiera en la imputación por terrorismo a Puigdemont. En este sentido, ayer Nogueras redobló sus críticas hacia la cúpula judicial aprovechando la polémica surgida y exigió que «se actúe» al respecto. «Es innegable que la situación es la que es y ya ni el Gobierno español puede obviar que estos miembros del poder judicial, sea por acción u omisión, son los máximos responsables» de la situación derivada del procés. Y en este punto, la dirigente añadió: «Es preciso que todos aquellos que han avalado esa injusticia actúen por responsabilidad»".
El método Nogueras funciona. Al menos de momento, como prueba este titular de El Periódico: "El Gobierno retrasa los Presupuestos para atar antes el apoyo de Junts". Escriben Juan Ruiz Sierra e Iván Gil: "El alcance de la legislatura dependerá de los próximos Presupuestos y el Gobierno quiere minimizar riesgos. Tras el aviso de Junts en la convalidación de los tres primeros decretos de la legislatura, el Ejecutivo intentará pactar sus iniciativas antes de llevarlas al Congreso. Esta metodología de negociación se seguirá con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, según aseguran fuentes de Moncloa, lo que explica el retraso en su presentación. Los cálculos del Ministerio de Hacienda, antes del debate de los decretos, pasaban por presentar las cuentas públicas a mediados de este mes de enero. Las negociaciones formales todavía no han comenzado, según coinciden en señalar distintas fuentes de los socios parlamentarios, aunque ha habido contactos y están agendados ya algunos encuentros. Un proceso por el que no se prevé tener el proyecto antes de finales de febrero. El Gobierno quiere atar antes el apoyo de Junts o, al menos, asegurarse que no presentará enmienda a la totalidad. El voto de los posconvergentes es el que más dificultades generará, reconocen fuentes del Ejecutivo".
Continúa el texto: "Con ERC hay más afinidad ideológica; al mismo tiempo, el Govern de Pere Aragonès depende de los socialistas catalanes para sacar adelante las cuentas catalanas. Podemos también se ha reivindicado como un actor negociador más tras tumbar el decreto con la reforma del subsidio de desempleo. Fuentes moradas, sin embargo, avanzan que su propósito de partida no es poner en riesgo las cuentas públicas, pero reclamarán contrapartidas en materia de vivienda o para combatir la subida del precio de los alimentos".
Y: "El encargado de engrasar las relaciones con el partido de Carles Puigdemont es el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien la pasada semana ya se reunió con el secretario general de Junts, Jordi Turull. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, participó en las negociaciones de investidura con los independentistas y ahora tendrá que volver a arremangarse para buscar su apoyo. Pese al cambio de metodología negociadora, el Gobierno mantiene el objetivo de que los Presupuestos tengan el visto bueno definitivo del Congreso en el mes de abril, antes de que termine el proceso de tramitación de la ley de amnistía. Las lecciones de la negociación de los tres primeros decretos de la legislatura, que estuvieron a punto de decaer por la amenaza de veto de Junts hasta el último momento y que Podemos mantuvo en el caso del promovido por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tendrán como consecuencia una reducción drástica del recurso a los decretos por parte del Gobierno".
En La Razón le dan una vuelta de tuerca a las relaciones entre Junts y el Gobierno para asegurar en un titular que "Puigdemont cuela al PSOE la agenda previa al procés". Así lo cuenta Carmen Morodo: "En todos los foros de negociación que Junts tiene abiertos con el PSOE, consecuencia de la investidura de Pedro Sánchez, los de Carles Puigdemont están enfocando sus exigencias y prioridades desde la perspectiva de blindar las bases, en cuanto a competencias y marco legislativo, que consoliden a Cataluña como una nación. Ya sea en financiación, sea en fiscalidad, sea en lengua o sea en control de la migración. En este último punto, abierto en canal a cambio de que los independentistas no tumbaran los primeros decretos leyes llevados por el Gobierno de coalición al Congreso, los delegados de Puigdemont exigen, por ejemplo, una interlocución directa con la Comisión Europea para fijar el objetivo de acogida de refugiados, sin mediación alguna del Gobierno español. Por cierto, con la decisión de abrir este debate de la inmigración, sin someterse al patrón de las correcciones políticas, Junts está obligando a la derecha a resituarse en el tablero político, pero también ha abierto un problema interno en la izquierda al ampliar la brecha entre lo que dice su discurso y lo que muchos opinan realmente, de puertas hacia adentro, sobre el alcance de este tema y de su percepción entre la opinión pública".

Portada de 'La Razón' del 22 de enero de 2024

Sigue Morodo: "El PSOE está mucho más incómodo que Sumar a la hora de encararse con el posicionamiento de Junts, que tacharían de xenófobo si viniera del PP o de Vox. Además, la decisión de presentar de la mano de Junts la ley que cederá las competencias en inmigración a Cataluña les plantea otro problema porque es difícil que los términos que acepte Puigdemont sean a la vez aceptados por la vicepresidenta Yolanda Díaz o por Podemos. La realidad es que en Cataluña cada vez son más los ayuntamientos que dificultan el padrón a migrantes, y que en el resto de España los equipos electorales de todos los partidos ya han metido dentro de su agenda de campaña el análisis sobre cuál es la posición menos arriesgada ante esta cuestión. Puigdemont ha estado hábil políticamente al recolocarse frente al conjunto de ambigüedades que incluía el programa de Junts a las últimas elecciones generales y recuperar, asimismo, algunos de los puntos que sí iban en el programa de Junts pel Sí, la candidatura electoral a las autonómicas de 2015 que unió a CDC, a ERC y a otras siglas catalanas, y que sí planteaba ya la exigencia de que la Generalitat utilizara el catalán como elemento de integración y dispusiese del control de los flujos migratorios, los permisos de residencia y trabajo, el contingente de trabajadores extranjeros y la contratación en origen".
Noticias pintorescas del procesismo. La relación infantil entre la violencia y los atorrantes de la independencia o los efectos estupefacientes de la retórica bélica en los cuentos republicanos. Da cuenta del fenómeno Antonio Fernández en El Confidencial. "Exèrcit Català o Diada del Soldat: grupos independentistas banalizan la violencia", se titula la pieza que incluye párrafos como este: "El último informe del Catalonia Global Institut (CGI), un think tank independentista catalán ubicado en Suiza, admite por primera vez que en el procés hubo violencia. Disculpaba estos atisbos aduciendo que se practicó solamente contra "bienes", pero que nunca fue dirigida hacia personas. Las manifestaciones de otoño de 2019 convocadas por Tsunami Democràtic, sin embargo, desmienten esta teoría. Los manifestantes practicaron el tiro al policía, convirtiendo a los agentes en la diana de pedruscos, tornillos, objetos contundentes e incluso cócteles molotov. Y un sector radical del soberanismo normaliza ahora la violencia".
Continúa el texto: "En las redes se ha vislumbrado la intención de determinados grupos de recurrir a la violencia —o, al menos, hacer apología de ella— para alcanzar la independencia. Así se ha generado una gran campaña de banalización que aborda el tema sin los tabús que hasta hace poco había. Círculos vinculados a una asociación de moteros han promovido un Exèrcit Català (Ejército Catalán) al que denominaban Cat Forces. Uno de sus integrantes se permitió el lujo de fotografiarse con pistolas. El activista, que responde a las siglas F. X. F., residente en una localidad del Maresme, incorporaba imágenes y consignas independentistas de corte radical. En muchas fotografías, aparecían gran cantidad de armas largas y cortas, pero esas posiblemente no fueran de él ni del grupo. F. X. F. trabaja en el sector de la seguridad, pero, según fuentes consultadas por El Confidencial, no tiene licencia de armas. Su domicilio es una casa que está a nombre de una empresa familiar del sector inmobiliario".
Y: "La proyección del ejército catalán es algo más que un juego en las redes: es la verbalización de una manera de vivir y de entender la sociedad que incluye el uso de la fuerza para proteger lo que se consideran derechos inalienables. En los círculos en los que se mueve F. X. F., también se hace apología de un grupo denominado Guerrers Catalans, con el lema "Patria o mort" ("Patria o muerte"), y el propio activista se hizo eco de fotografías de iconos y parafernalia de él. (...) Los grupos Moviment Identitari Català (MIC) y Renaixença Nacional Catalana (RNC), considerados de extrema derecha por el independentismo parlamentario, también se abonan a la parafernalia y la estética militarista. El pasado 14 de enero, convocaron actos en conmemoración de la Diada del Soldat Català. En su acto cumbre, llegó a reunir a una veintena de personas en el tradicional homenaje, entre las que había varios activistas con el uniforme paramilitar pardo y con el ave fénix (de infaustas reminiscencias) en las hebillas de sus cinturones".
Noticias de Barcelona. La Generalitat poniendo palos en las ruedas de la seguridad ciudadana. "Grave crisis institucional en Barcelona entre los Mossos y la Guardia Urbana", titula La Vanguardia. La información es de Mayka Navarro: "El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, presidirá en febrero su segunda Junta Local de Seguridad. No será fácil. Se celebrará en medio de una grave crisis institucional entre los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona, según admiten a La Vanguardia fuentes oficiales de ambas instituciones. El deterioro de las relaciones viene de lejos y coincide con la llegada del comisario Eduard Sallent a la jefatura de la policía y su proyecto, compartido con el director Pere Ferrer, y la actual cúpula de Interior, de “homogeneizar” las relaciones con todas las policías municipales. Tratarlas a todas por igual. Una especie de café para todos sin entrar en singularidades. En Barcelona, el objetivo pasa por “recuperar” y “ordenar” competencias, como las de investigación, que por ley no corresponden a las policías municipales, pero que la escasez de mossos y el crecimiento de la Guardia Urbana ha hecho que de facto las asuman en casos muy concretos. Al principio la situación se fue trampeando, pero en los últimos meses las relaciones se han deteriorado hasta llegar a una grave crisis que se escenificó en una reunión que el 27 de noviembre se celebró en Interior. Participaron Jaume Collboni y el conseller Joan Ignasi Elena, con sus respectivos equipos, entre los que estaban el comisario Sallent; la comisaria jefa de Barcelona, Montserrat Estruch; el intendente mayor de la Guardia Urbana Pedro Velázquez; el director de la policía, y el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle. “La reunión fue un desastre”, coinciden en señalar asistentes de ambas comitivas".

Portada de 'La Vanguardia' del 22 de enero de 2024

Sigue la nota: "La cita arrancó bien. Había que ponerse al día en cuestiones de seguridad y reflexionar sobre las estadísticas del 2023, nada buenas a pesar de la ingente actividad policial de ambos cuerpos. Y también debatir sobre esa idea generalizada de percepción de inseguridad que está arraigada dentro y fuera de Barcelona y que ya no depende de si las denuncias suben o bajan a final de año. Fue al terminar cuando el conseller advirtió al alcalde que la Guardia Urbana actuaba con “deslealtad” con los Mossos y que la coordinación operativa en la calle “no funciona”. Batlle, Velázquez y la gerente de Seguridad, Maite Casado, no disimularon su perplejidad y replicaron unas duras acusaciones que verbalizaron Sallent y Ferrer. Esa noche, Collboni telefoneó a su equipo para trasladarles su confianza y prometer que trabajará para reconducir la situación con Elena. Desde ese día la cosa ha ido de mal en peor, pero no a nivel operativo, donde uniformados y mandos, desde el último patrullero a Velázquez y Estruch, han conseguido, de momento, esquivar la crisis y salvar esa coordinación".
La bronca viene dada por los equipos conjuntos de Mossos y Guardia Urbana para hacer frente al narcotráfico. Según explica Navarro, "esta crisis se puede explicar de muchas maneras. Cada parte tiene argumentos para defender su postura, pero hay elementos objetivos. En los últimos años, la Guardia Urbana ha crecido, y no solo en efectivos, y se ha reforzado y especializado a un ritmo que le ha permitido destinar policías a problemas esenciales para la ciudad y para los que se ofrecieron a trabajar con los Mossos. La lucha contra el tráfico de drogas a pequeña escala fue su primera gran apuesta, y el escenario, Ciutat Vella. El entonces jefe de la comisaría de Nou de la Rambla creó un equipo conjunto de investigación para luchar contra los narcopisos al que incorporó a cuatro guardias urbanos que trabajaban mano a mano con los mossos. Tenían su taquilla en la comisaría de los Mossos. Eran uno más. Ese primer equipo conjunto de investigación, con un subinspector, un cabo y media docena de agentes, inició la gran batalla nunca acabada contra los narcopisos. Y los resultados fueron espectaculares. Los siguientes mandos de los Mossos decidieron romper ese grupo, no su funcionamiento. Los guardias urbanos debían regresar a su comisaría, pero mantener el equipo conjunto. Y así fue como se sistematizó un protocolo por el que cada caso generaba la creación de un equipo conjunto de investigación en el que los guardias urbanos podían actuar como secretarios en las diligencias. Este mes, los Mossos comunicaron a la Guardia Urbana que había llegado el momento de poner fin a los equipos conjuntos, que la policía catalana recuperaba las competencias de investigación y que los policías locales no volverían a figurar como secretarios. El anuncio cayó como una bomba en la policía de Barcelona, cuyos responsables se sintieron “menospreciados” y “ninguneados”. Advirtieron a los Mossos de que ellos solos no iban a ser capaces de mantener el actual ritmo de trabajo. En los últimos cuatro años, esos equipos conjuntos han intervenido en 400 actuaciones en materia de salud pública y han clausurado una media de casi un narcopiso a la semana. Los Mossos defienden su postura. “Nada ha cambiado ni debe cambiar”, aseguran. El nuevo proyecto de “ordenar” las actuaciones de la policía municipal viene directamente de Egara, sede de la jefatura, y la encargada de ejecutarlo es la intendenta Sònia Rius. Mando de total confianza de Sallent, la intendenta se reunió el miércoles en la Zona Franca con los responsables de investigación de la Guardia Urbana para concretarles el nuevo plan".
Fenomenal estrategia de los mandos políticos de los Mossos. Si algo funciona, hay que cambiarlo...
22 de enero, santoral: Vicente mártir, Anastasio monje y mártir, Barnardo, Domingo abad, Gaudencio, Mateo Alonso de Leciana, Valerio obispo, Vicente Pallotti y beata Laura Vicuña.

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