Inmigración: delegación, traspaso y café para todos

La delegación de las competencias de inmigración mantiene la tensión política a varias bandas. El Gobierno trata por un lado de descafeinar la cesión mientras ERC y el Govern no salen en la foto y quedan como el torero Cagancho en Almagro o como Manolete en Albacete. El Ejecutivo propala la idea de que quien quiera ocuparse de la inmigración no tiene más que pedirlo al tiempo que el Govern difunde la especie de que Junts no ha conseguido un pimiento, que es más o menos lo que decían los de Puigdemont cuando los de Junqueras presumían del traspaso de los trenes de Rodalies. Entre medias, el tope a los alquileres en 140 municipios catalanes, medida deslizada para compensar el ataque de celos de los republicanos.

Los medios destacan las declaraciones de la vicepresidenta María Jesús Montero y del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, sobre las cualidades flexibles, ampliables, retráctiles y maleables de las competencias de inmigración. "El Gobierno abre la puerta a delegar inmigración a otras comunidades", apunta al hilo La Vanguardia. El texto es de Iñaki Pardo Torregrosa: "No es la primera vez que sucede que un acuerdo de los partidos catalanes con el Gobierno central en materia competencial o de recursos acaba siendo extensible al resto de comunidades autónomas, aunque el espíritu de los pactos sellados, por parte del soberanismo, de entrada no sea ese. Este viernes pasó una vez más. La vicepresidenta primera del Ejecutivo y titular de Hacienda, María Jesús Montero, abrió la puerta a que las competencias en materia de inmigración que Junts ha pactado delegar en la Generalitat también lleguen a otras comunidades. “Todo lo pactado con las formaciones catalanas es perfectamente replicable en el resto de comunidades autónomas de régimen común”, señaló la dirigente socialista en un foro organizado por la Cadena Ser en Sevilla. Con el traspaso de la red de cercanías, del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la condonación de una parte de la deuda autonómica ha pasado lo mismo. De todos modos, la intención de JxCat –como le ha pasado otras veces a Esquerra– con la negociación era dejar atrás el café para todos".

Sigue el texto: "Tras unas primeras horas de silencio y dejar el peso del relato al partido de Carles Puigdemont, el Gobierno y los socialistas se han afanado en tratar de diluir las concesiones. El viernes siguió esa tónica y no solo Montero hizo consideraciones en ese sentido. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, resaltó que la política migratoria es “europea” y que debe hacerse en consonancia con las directrices comunitarias. “Con toda claridad la política migratoria es una política europea y por tanto las orientaciones vienen de Europa”, aseveró. “A partir de ahí quien ejerce la competencia es importante, pero tiene que hacerlo dentro de las orientaciones que marca el pacto de migración europeo y las orientaciones de la Comisión Europea”, añadió el ministro justo antes de reunirse con el presidente de la Audiencia Nacional, Ramón Navarro".

Y: "La titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, por su parte, destacó que la delegación de competencias en materia de inmigración está “dentro de un marco constitucional”.

En cambio, otro dirigente socialista, Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, como ya es habitual, fue la nota discordante en relación con los acuerdos alcanzados con JxCat. Ya pasó con la investidura. “Si lo pidiera Vox, todo el mundo se rasgaría las vestiduras”, afirmó para expresar su disgusto por la delegación de competencias a la administración catalana".

En cuanto a las peleas entre ERC y Junts, El País apunta que "El Gobierno intenta frenar el choque con la Generalitat rebajando el alcance del pacto sobre inmigración de Junts". La nota viene con las firmas de Camilo Baquero y Virginia Martínez: "Después de que este jueves el Gobierno de la Generalitat exigiera públicamente al Ejecutivo central que explicara la letra pequeña del acuerdo con Junts para transferir competencias de inmigración a Cataluña, una llamada durante la pasada noche de los titulares de Presidencia ha comenzado a encarrilar el choque. El Govern de Pere Aragonès critica que se llegara a un acuerdo de ese calado a sus espaldas. Pero las explicaciones dadas por el ministro Félix Bolaños a la consejera Laura Vilagrà han añadido incluso más tensión: en una entrevista a Rac 1, Vilagrà ha asegurado que la Moncloa insiste en que se usará la figura de la delegación de competencias y no de traspaso, es decir, no se modifica la titularidad. La nota de Junts siempre ha hablado de delegación pero en sus intervenciones públicas en ocasiones usan de manera indiscriminada los dos términos. Esa “delegación de competencias”, ha aceptado Bolaños, será través de una ley orgánica y al amparo de la Ley Fundamental, y en el marco de la política migratoria europea".

Continúa la nota: "La llamada de Bolaños busca transmitir calma al Govern, que llevaba horas insistiendo en la necesidad de conocer primero la letra pequeña para poder dimensionar el pacto. Tras un día en que ni en Junts ni en la Moncloa se dieron detalles claros sobre el alcance de la medida y voces de Junts hablaban de traspaso, Vilagrà ha especificado que será vía delegación, aunque no ha explicado sobre qué parte de la competencia en inmigración. Desde Madrid, el ministro de la Presidencia ha insistido en que el acuerdo “sano” alcanzado con Junts se concretará mediante el desarrollo de una ley orgánica para poder hacer esa “delegación de competencias” en materia de inmigración. Esa norma se redactará al amparo del artículo 150.2 de la Constitución —ha explicado Bolaños—, y en el que se menciona expresamente que “el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación”. Eso sí, sobre el margen de maniobra que pueda tener la Generalitat a futuro, Bolaños ha incidido en que cualesquiera que sean esas “competencias” tendrán que ejercerse bajo las condiciones marcadas por el pacto migratorio fijado por la UE a finales de diciembre. “Quién ejerce la competencia es importante, pero tiene que ejercer la competencia dentro de las orientaciones que marca el pacto de la migración europeo y la Comisión Europea. Y dentro de ese marco es en el que se despliega el pacto al que hemos llegado el Partido Socialista y Junts, que es básicamente impulsar una ley orgánica para delegar la competencia de inmigración”, ha dicho Bolaños en declaraciones a los medios antes de reunirse con el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro".

En El Mundo resaltan en portada que la Policía Nacional (que celebra su bicentenario) exige garantías por escrito al ministro Grande Marlaska de que no abandonarán Cataluña. También piden conocer más detalles sobre el acuerdo entre el PSOE y Junts. Del texto que signa Gema Peñalosa: "Fernando Grande-Marlaska tendrá que emplearse a fondo el próximo lunes en el Consejo de la Policía -donde tiene comprometida su asistencia- si quiere apaciguar al Cuerpo tras el opaco e inconcreto anuncio de Junts sobre el trasvase de competencias en materia de inmigración a Cataluña. Será la segunda vez desde que es ministro de Interior que acuda al órgano de diálogo de la Administración central con los representantes sindicales y al Pleno extraordinario convocado deberá llevar las respuestas que todavía no se han dado y que le exigen los agentes sobre su futuro. Todos los sindicatos en bloque quieren compromisos, «garantías por escrito» y tener acceso al acuerdo «oculto» para creer que, tal como le ha trasladado Interior, la Policía Nacional no dejará de encargarse de la inmigración en la comunidad autónoma, tal como sospechan los agentes. No se fían de las palabras. Los miembros del Consejo exigirán poder ver y estudiar el documento firmado por el Gobierno central y el partido de Carles Puigdemont".

El diario de Unedisa cuenta también que el próximo martes habrá nueva sesión del Congreso de los Diputados con enmiendas a la ley de amnistía. Marisa Cruz explica que el PSOE, Junts y ERC tratan de blindar la ley, pero la perfección no existe: "El blindaje no puede afectar a la posibilidad, reconocida por la legislación comunitaria, de que cualquier órgano judicial implicado en el procedimiento contra los delitos del procés, presente ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) una cuestión prejudicial sobre la adecuación de la norma al derecho europeo, algo que de inmediato suspendería la aplicación de la amnistía hasta el pronunciamiento de la instancia europea. En este sentido, fuentes gubernamentales señalan que la concesión a Junts de suprimir la inclusión del artículo 43 bis en la Ley de Enjuiciamiento Civil recogiendo precisamente los efectos suspensivos que tiene la presentación de una cuestión prejudicial ante la Justicia europea, es algo simbólico y, como mucho, tendente a asegurar que la Abogacía del Estado no pueda recurrir a tal procedimiento".

Más independentismo. "Junts crea un corredor para incorporar al partido unos 3.000 independientes de las municipales", señala El Nacional. Tres mil nuevos militantes. Poca broma. Junts, según su propio censo, no llega a los seis mil afiliados. La campaña de captación trata de reducir el peso de los borrasistas, octubristas o lauristas en el seno de la formación. Escribe Pedro Ruiz: "Junts reúne este sábado en El Morell (Tarragonès) su consejo nacional. Será el primer encuentro que organiza el principal órgano de decisión del partido entre congresos —y que preside Josep Rull— después del pacto con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. La formación llega a esta jornada con dos resoluciones importantes para la hoja de ruta del partido: una propuesta para ampliar el número de militantes con la incorporación de los independientes que se presentaron con las listas de Junts (con la coalición Compromís Municipal) a las elecciones locales —es decir, que no tenían el carné de la formación— y otra para celebrar una convención nacional sobre la inmigración el segundo semestre del año".

Continúa la nota: "Otra de las carpetas de los consejeros nacionales de Junts para este sábado es la propuesta para facilitar la afiliación de los miembros independientes que se presentaron con las listas del partido a las elecciones municipales sin tener el carné de Junts. Se calcula que eso agruparía a unas 3.000 personas, hecho que ampliaría sustancialmente la formación, que tiene más de 6.000 militantes. La propuesta de resolución, a la cual ha accedido ElNacional.cat, insta a "abrir" el partido para que "las personas que manifestaron en su día el compromiso con Junts ante la administración electoral, ahora lo puedan acreditar dentro de las mismas estructuras" de la formación. El texto recuerda que los más de 6.000 candidatos que presentaron bajo la coalición de Compromís Municipal tuvieron que firmar una declaración formal de "voluntad de pertenencia" a la candidatura para poder presentarse".

Y: "Para participar en todas las elecciones y votaciones internas del partido, cualquier afiliado tiene que tener una antigüedad mínima de seis meses, tal como contemplan los estatutos. Ahora bien, esta iniciativa —que ya fue avalada por unanimidad en la permanente y en la ejecutiva de Junts— propone que aquellos independientes que fueron con ellos a las municipales y que se quieran afiliar a la formación entren ya como miembros de pleno derecho: "Que se les conceda un periodo de gracia donde se les convalide la carencia establecida para participar de la actividad del partido en plenas facultades, considerando que estas ya adquirieron su compromiso el 24 de abril de 2023". Esta medida reforzaría el ala más pragmática del partido con respecto a los más afines a la presidenta del partido, Laura Borràs".

13 de enero, santoral: Hilario de Poitiers, Agricio, Godofredo de Ilbenstad, Juta de Huy, Kentigerno, Pedro presbítero y mártir y Remigio de Reims.