Mossos alerta de que los recursos actuales del cuerpo son insuficientes para asumir extranjería

Aunque desde los sindicatos de Mossos han declinado hacer valoraciones políticas sobre este posible traspaso, que se concretará en una ley orgánica, advierten de que a día de hoy no tienen los medios necesarios como para asumir esta nueva competencia. 

Desde el sindicato USPAC precisan que, a priori, el cuerpo no podría hacerse cargo de estas funciones. “Faltan efectivos en todos lados, infraestructura y material en todo el territorio”, expresa Albert Palacio, portavoz de USPAC, que pide prudencia hasta conocerse “muy bien” cómo se va a ejecutar y conocer todos los datos para valorar si es o no asumible.   

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, vota durante el pleno del Congreso de los Diputados ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ - EUROPA PRESS

En la misma línea, desde el sindicato SAP-FEPOL insisten en que asumirán cualquier competencia que les otorgue el Estado siempre y cuando se les dote de efectivos y recursos para hacer frente a las nuevas funciones con garantías. 

Interior: “Estamos preparados para asumirlo”

Desde el Departamento de Interior de la Generalitat intentan templar gaitas y aseguran que si hay un traspaso de las competencias se hará “con los pertinentes recursos” por parte del Estado. Así las cosas, en la consejería los republicanos celebran esta cesión y aseguran estar “preparados para asumir todas las competencias”. “Cualquier traspaso que nos venga, para nosotros es positivo” proclaman.

Sin embargo, fuentes del entorno del partido consultadas por este medio se muestran más escépticas con respecto al pacto alcanzado entre los neoconvergentes y el PSOE y del que no se conocen apenas detalles. “Habrá que ver qué dice la letra pequeña”, subrayan, además de poner en duda que el Gobierno haya cedido en una materia tan importante como es la inmigración para salvar una votación. “Ha sido un acuerdo de último minuto, pero que habrá que ver cómo se concreta”, dudan. 

El traspaso es constitucional 

Sobre la viabilidad de este traspaso, Abraham Barrero, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Sevilla, confirma que jurídicamente "no plantea ningún problema".

“Está previsto en el artículo 150 de la Constitución Española, mediante la aprobación de leyes orgánicas por las que el Estado puede traspasar una competencia de su titularidad, bien a una comunidad autónoma o a todas”. 

El traspaso no podrá ser “integral”

Sin embargo, la cesión sería compleja, porque algunas de las competencias del Estado se ven salpicadas, también, por la regulación comunitaria de la Unión Europea. “Tendrían que estudiarse a quién corresponde cada una de las materias competenciales”, insiste Barrero. Aun así, el traspaso podría realizarse mediante una Ley Orgánica que podría tramitarse mediante un Real Decreto para acelerar el proceso. 

La oficina de extranjería en Passeig de Sant Joan 189 de Barcelona / GOOGLE MAPS

Sin embargo, Loreto Segura, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Abat Oliba CEU insiste en que no se podrá hacer una transferencia “integral” como pretenden los neoconvergentes. De hecho, la líder de Junts, Laura Borràs, ha ido un paso más allá y ha pedido que Cataluña pueda “gestionar de manera integral estas competencias, con todas las derivadas que comporta, desde temas lingüísticos a temas fronterizos”. 

El Constitucional podría tumbarlo

Segura recuerda que la competencia en materia de inmigración recae exclusivamente sobre el Estado, como así recoge el artículo 149.2 de la Constitución Española. Y, si bien en el 150.2 del mismo ordenamiento plantea que las competencias de titularidad del Estado se pueden transferir a las comunidades autónomas, sólo se podrán ceder aquellas “que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación”.

Prestando atención a esta apreciación, la jurista plantea que si la norma es recurrida y llega al Tribunal Constitucional, éste podría interpretar que al ser una cuestión que afecta a las fronteras del Estado, “y siendo las fronteras uno de los elementos constitutivos del mismo”, no puede transferirse. 

“Hay muchas cuestiones relacionadas con inmigración que sí que podrían cederse y que de hecho ya están transferidas”, expresa la jurista, que reitera que en su totalidad no sería posible porque la naturaleza propia de esta competencia afecta directamente a un elemento constitutivo de un elemento del Estado como es el territorio y sus fronteras. 

La Policía Nacional estalla

El anuncio de Junts ha generado también incertidumbre en la Policía Nacional. En caso de que la Generalitat logre que el Estado le ceda estas competencias, el Cuerpo Nacional de Policía, que ostenta en exclusiva estas funciones en la comunidad autónoma, alerta de que su papel en Cataluña pasará a ser “más que residual”. 

Jacobo Rodríguez, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), el mayoritario, recuerda que son ellos quienes se encargan a nivel estatal de “las investigaciones de redes criminales internacionales, control de fronteras exteriores, inmigración ilegal y trata de seres humanos”. En resumen, todas aquellas cuestiones previstas en la legislación sobre extranjería, refugio y asilo, extradición, expulsión, emigración e inmigración. Sólo mantendría competencias las de Policía Judicial, compartidas en la comunidad autónoma con Mossos d’Esquadra y Guardia Civil. “Quedaremos expulsados de Cataluña”. 

El CNP pide amparo a Bruselas

En caso de que esta cesión se encaje de la forma en la que ha pedido Laura Borràs, que ha expresado que el Govern debe asumir “temas fronterizos”,  “será gravísimo”, denuncia Rodríguez, que ha pedido amparo a la Unión Europea. 

Desde el sindicato han remitido una carta a Ylva Johansson, Comisaria Europea de Asuntos de Interior en Bruselas, en la que trasladan a la UE su “miedo e incertidumbre” con respecto al futuro de más inmediato de la Policía Nacional en Cataluña y a la seguridad de las fronteras.