La amnistía entra en el Congreso y Puigdemont pide escolta
El PSOE registra en solitario la proposición de ley de amnistía. Todo listo para la investidura de Pedro Sánchez. La feria de Ferraz: un periodista trumpista con Abascal. Se vienen restricciones de agua
14 noviembre, 2023 07:52Noticias relacionadas
Otro día más de furia y ruido. El PSOE registró en solitario la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña después de trasladarla a los medios para su autopsia mediática. ERC posturea, dice que está revisando el texto por si deja fuera al Tsunami y a los CDR. Junts presume en TV3 de la norma, pero se abstiene de acompañar al PSOE en el trámite parlamentario.
Los dos diarios de papel con mayor tradición en la redacción de editoriales muestran perspectivas opuestas, como era de esperar. El País publica un editorial con el título "La ley, mejor que el pacto", en el que sostiene que "la alusión no explícita al artículo 155 de la Constitución certifica, de hecho, que su aplicación ante la declaración ilegal de independencia de Cataluña en 2017 fue perfectamente legítima. Y que, por lo tanto, llegado el caso, volvería a serlo. Tampoco menciona explícitamente ninguna de las ilegalidades cometidas durante el procés, pero la norma conocida este lunes no da la razón a quien en su momento incumplió la ley, aunque le exima de la responsabilidad penal, administrativa o contable en nombre del interés general y de la convivencia. Al contrario que en el relato de antecedentes que acompañó el jueves pasado el pacto político del PSOE con Junts, en el preámbulo de la ley puede verse reflejada una amplia mayoría de españoles, incluidos los catalanes no independentistas".
Y: "Si en aquel texto se entregaba la presentación del pacto a un argumentario lleno de lagunas históricas y retórica procesista que ignora a la mitad de los catalanes, ahora el preámbulo afirma inequívocamente que “desde el año 1978 España cuenta con un texto constitucional homologable al de los países de nuestro entorno, que garantiza los derechos fundamentales individualmente considerados y preserva los derechos ideológicos y políticos de todos”. Sobre las tentaciones unilaterales se muestra igualmente claro: las metas que conseguir dentro del marco constitucional son plurales, pero “todos los caminos deben transitar dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional”".
El editorial de Abc es la propia portada del periódico. "No debemos" se titula el texto, que arranca así: "El texto de la proposición de ley registrado por el PSOE para conceder una amnistía total que dé por cancelados todos los delitos cometidos por el independentismo catalán desde 2012 supone un fracaso colectivo del Estado. Todos aquellos que delinquieron durante más de una decena de años con una declaración unilateral de independencia, dos consultas ilegales, la proclamación de numerosas normas inconstitucionales, el incendio de las calles con actos violentos considerados penalmente como terroristas, y la malversación de dinero público para financiar su agresión al Estado de derecho, quedarán impunes. Sin antecedentes, sin delitos, sin penas y completamente rehabilitados. La proposición de ley implica el inédito reconocimiento del Estado de que nunca debió combatir punitivamente una embestida contra la unidad territorial, y lleva implícito el reconocimiento de un perdón colectivo a aquellos que fueron condenados por su sedición. Por ese motivo, ABC dice no a una ley de amnistía que amplía la fractura social, que debilita al Estado, y que premia a quienes se han declarado públicamente adversarios hostiles de España".
Vistos los pronunciamientos, la noticia es que "La amnistía entra en el Congreso y Sánchez será reelegido el jueves", según reza un titular de La Vanguardia que antecede a la información de Silvia Angulo: "La ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Catalunya ya está en el Mesa del Congreso e inicia su tramitación parlamentaria. La iniciativa legislativa, que amnistiará “responsabilidades penales, administrativas y contables relacionados con el procés” desde enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023, fue presentada por vía de urgencia a las seis de la tarde por el PSOE, en solitario. Un hecho al que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, le restó ayer importancia al asegurar que cuenta con mayoría absoluta para salir adelante. Serán los 178 síes de Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu y BNG, a excepción de Coalición Canaria que votará en contra, aunque apoyará la investidura, prevista para miércoles y jueves. Pedro Sánchez será reelegido presidente pasado mañana".
Sigue el texto: "Bolaños defendió el “interés general” de una ley con la que se busca “cerrar heridas y resolver el conflicto en Catalunya” que, según el preámbulo de la ley empezó con la sentencia de 2010 contra el Estatut. Una iniciativa legislativa que es “plenamente constitucional” y “respetuosa con la Constitución en su finalidad y motivación” para devolver a “la política lo que es de la política”.
Aseguró que “ninguna democracia se construye negando mayorías o debates”. El ministro añadió que “la Constitución se defiende dialogando entre personas que piensan diferente dentro del ordenamiento jurídico”".
Y: "La norma beneficiará a 309 personas que ahora tienen causas penales, además de los 73 policías nacionales que están pendientes de juicio por participar en los altercados durante el 1-O, en días anteriores y posteriores, y una treintena de encausados por el Tribunal de Cuentas. Los beneficiados no solo serán los líderes políticos también personas que no han tenido ningún protagonismo durante el procés , pero que han podido cometer actos considerados delito, es el caso de directores de escuela, funcionarios de la administración como bomberos o policías".
En El Independiente, Iva Anguera de Sojo y Juanma Romero diseccionan el texto legal y afirman en el titular que "La ley de amnistía deja fuera a Borràs y al abogado de Puigdemont". De su análisis: "La presidenta de Junts, Laura Borràs, y el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, no tienen cobijo en la proposición de ley orgánica de amnistía registrada este lunes por el PSOE en el Congreso, que no recoge el lawfare en el que se amparan ambos. El texto conocido finalmente este lunes da cobertura a todos los líderes del procés -juzgados o pendientes de juicio- y a sus colaboradores en todas las causas relacionadas con la consulta del 9 de noviembre de 2014 y del referéndum del 1 de octubre de 2017, los preparativos previos y las protestas posteriores, en un lapso temporal que abarca desde el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023. También a aquellos colaboradores que sin haber participado directamente en la organización de las consultas "hubieran prestado asistencia, colaboración, asesoramiento de cualquier tipo, representación, protección o seguridad a los responsables" del procés. Un epígrafe, del artículo 1.1.a) de la ley, que parece redactado a la medida de tres casos que inquietaban especialmente a Puigdemont: el jefe de su oficina, Josep Lluís Alay; su escolta en Bruselas, el mosso Lluís Escolà, y el exconseller de Interior Miquel Buch, que contrató a ese agente de seguridad personal. Desde Esquerra aseguran que los casos de Buch y Escolà ya estaban cubiertos en su redacción de la ley, pero Junts defiende que han sido sus aportaciones las que permitirán amnistiarlos, tras la condena confirmada este septiembre por la Audiencia de Barcelona".
Continúa la pieza: "En el caso de Alay, está procesado dentro de la causa Voloh por sus viajes a Moscú y por el pago de un viaje a Nueva Caledonia a cargo de los fondos de la oficina de expresident, una acusación de malversación que no está directamente relacionada con el 1-O, pero quedaría cubierta con el amparo de "actuaciones desarrolladas, a título personal o institucional, con el fin de divulgar el proyecto independentista, recabar información y adquirir conocimiento sobre experiencias similares". La presidenta de Junts, sin embargo, fue condenada a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación el pasado marzo por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por los delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa, en su etapa al frente de la Institución de las Letras Catalanas entre 2013 y 2018. En este último año fue elegida diputada autonómica por Junts y nombrada consellera de Cultura del Gobierno de Quim Torra. El TSJC entendió que había fraccionado contratos para beneficiar a un amigo. Una causa que no tiene encaje en el listado elaborado por la ley de amnistía. Desde Junts rechazan "hablar de nombres" y concretar, por tanto, las consecuencias de esta ley para su presidenta. Tampoco sobre el futuro procesal del abogado de Puigdemont. La Audiencia Nacional (AN) desestimó el pasado julio la petición de José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco, y del abogado Gonzalo Boye de que no se les juzgara por blanqueo de capitales en la denominada operación Mito, la presunta introducción en España de casi cuatro toneladas de cocaína y el entramado creado para ocultar los beneficios por distintas vías".
A todo esto, en El Mundo añaden que "El Supremo esquivará el blindaje del PSOE a Puigdemont y Junqueras para que sentencie el Constitucional". Escribe Ángela Martialay: "La proposición de Ley de Amnistía, una vez que sea aprobada por el Parlamento y publicada en el Boletín Oficial del Estado, tendrá que ser aplicada en un plazo de dos meses por los distintos tribunales donde los protagonistas y partícipes del procés tienen pendientes sus respectivos procedimientos judiciales. De todas las causas, la más relevante es la que afecta al líder de Junts, Carles Puigdemont, y al de ERC, el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras. Mientras Puigdemont permanece prófugo de la Justicia española, desde el año 2017, y se encuentra en la actualidad procesado por los delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos agravada, Junqueras permanece inhabilitado por parte del Tribunal Supremo hasta el año 2031".
Sigue Martialay: "Una vez que la Ley de Amnistía entre en vigor, el instructor del procés, el magistrado Pablo Llarena, tendrá que concluir el sumario del 1-O, aunque previamente no haya podido tomarle declaración a Puigdemont, ya que en los últimos seis años el ex presidente de la Generalitat nunca ha comparecido ante el Tribunal Supremo. Según informan fuentes jurídicas a El Mundo, Llarena remitirá el sumario a la Sala de lo Penal y previamente dejará sin efecto la orden nacional de detención que pesa contra Puigdemont. El magistrado tenía claro que una vez que la amnistía esté vigente no se puede mantener en busca y captura nacional al ex presidente catalán. De hecho, el instructor ha rehusado a cursar en los últimos meses una nueva euroorden contra el huido, entre otras razones, por la inmediata presentación de la Ley de Amnistía".
Sobre los redactores del texto legal, una pista en Vozpópuli: "Joan Ridao, miembro de ERC, participó en la redacción de la amnistía de la que se beneficiarán sus compañeros". La pieza viene con la firma de Javier Portillo y arranca así: "El jurista Joan Ridao, miembro de ERC, participó en la redacción de la ley amnistía de la que se beneficiarán sus compañeros, según ha detallado él mismo en una tribuna de opinión en el El País. Ridao, miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat y letrado del Parlamento catalán, sostiene que la "excepcionalidad" del procés "es la que anuda la amnistía al interés general". El hecho de que haya sido todo un exsecretario general de ERC, diputado entre 2008 y 2011 en Madrid, quien ha participado en la norma que salvará a buena parte de los suyos (hasta 309 independentistas) ha levantado polvareda en las redes. La medida de gracia que se registró este lunes en el Congreso implica anular la "responsabilidad penal, administrativa y contable" de todos aquellas personas vinculadas con la preparación, ejecución y consecuencias del proceso soberanista en Cataluña durante una década, entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023. Y eso, claro está, beneficia a los dos principales partidos secesionistas en Cataluña, ERC y Junts. De las cartas que el PSOE puso sobre la mesa salen ganadores Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras y Marta Rovira".
Y: "Por eso, no deja de ser llamativo que Ridao empiece así su artículo, en el que pretende explicar la amnistía: "Desde la inmediación que me proporciona haber intervenido en su redacción, me propongo explicar de forma sucinta la proposición de ley sobre la amnistía que al parecer registrará este lunes el PSOE en el Congreso de los Diputados, todavía sin el concurso de la mayoría de fuerzas políticas que dan apoyo a la investidura por algunas diferencias de criterio"".
Más madera. "Puigdemont reclama de nuevo escolta ante 'el aumento del nivel de peligrosidad y riesgo'", advierte El Nacional. El texto es de Marta Lasalas: "El jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ha reclamado de nuevo al conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, que se asignen al president en el exilio de manera "inmediata y con carácter de urgencia" los efectivos de escolta que le corresponden en su condición de 130.º president de la Generalitat. A través de una carta que la semana pasada hizo llegar al conseller, y a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat, Alay ha reiterado de nuevo la reclamación a Elena exigiendo que se le asigne la escolta que le corresponde a Puigdemont ante la "grave situación de inseguridad que persiste" y "teniendo muy presente el aumento del nivel de peligrosidad y riesgo para su persona, detectado especialmente desde hace algunas semanas, hecho que es público y notorio". En el texto, Alay recuerda que el 4 de enero de 2022 se dirigió por carta desde la Oficina de Puigdemont al director general de la Policía para "exigir el cumplimiento por parte de la Generalitat de Catalunya de la ley por lo que respecta a la protección y seguridad del 130.º president de la Generalitat de Catalunya" y reprocha que, después de 22 meses, todavía no ha recibido respuesta a la misiva".
Líneas después, Lasalas apunta que "por todo ello, el responsable de la oficina invoca una vez más la normativa del 2003, que regula el estatus de expresident de la Generalitat, para reclamar de nuevo "la asignación inmediata y con carácter de urgencia de los efectivos de escolta de mossos que son necesarios" para el desarrollo de las funciones de Puigdemont en su condición de 130.º president. El texto alude al aumento del nivel de peligrosidad detectado desde hace algunas semanas e insiste en exigir una respuesta "lo más urgente posible", ante la "grave situación de inseguridad que persiste más de cinco años después de la creación de la oficina". Fuentes de la conselleria de Interior, consultadas por ElNacional.cat, confirman la recepción de la carta y aseguran que su intención es volver a hacer la petición ante el ministerio del Interior para facilitar escolta al president".
Pelota a seguir.
Nueva noche de protestas ante la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Esta noche con un nuevo animador, un periodista de Trump. "Tucker Carlson llega a Ferraz: el gran altavoz de Trump, compañero de protesta de Abascal", avisa El Español. Escribe Ángel Ortiz: "El periodista norteamericano, altavoz de Donald Trump y estrella hasta su despido este mismo año de Fox News, principal medio de comunicación afín al Partido Republicano, sorprendió a propios y extraños con su presencia este lunes en Madrid. (...) Según cuentan fuentes cercanas a Santiago Abascal en conversación con El Español, Carlson entrevistará a Abascal este martes y el paseo por la protesta de hoy formará parte del "color" para la entrevista, que se emitirá en los próximos días. La satisfacción en el equipo de Comunicación del partido era evidente: las entrevistas de Carlson son las más vistas en X (antes Twitter)".
Este Carlson fue el gran esparcidor de la fake new del pucherazo en las elecciones que perdió Trump. Connotado antivacunas, el prenda es también un firme defensor del "amigo" Putin.
Hay vida fuera de la política, pero no buenas noticias. "La Generalitat defiende las restricciones de agua en Cataluña: ve la sequía "muy crítica"", avisa Crónica Global. El agua, lástima, no forma parte de los acuerdos pactados por los independentistas. Es una competencia propia que revela, además de la pertinaz sequía, una cierta incompetencia. Escribe Ricard López: "La Agència Catalana de l'Aigua (ACA), la empresa pública de la Generalitat que se encarga de la planificación y gestión del agua en la autonomía ha defendido la imposición de restricciones de agua en Cataluña aduciendo que la actual situación de sequía en la región es "muy crítica". Así lo ha asegurado este lunes el director de la ACA, Samuel Reyes, después de que este lunes los embalses de las cuencas internas de Cataluña hayan caído a su mínimo histórico, con apenas un 18,89% de capacidad de media. Según Reyes, la sequía en la región "es mucho más intensa, seca y mucho más larga" que la de 1989, con 36 meses de pluviometría que "anormalmente baja", razón por la cual ha apelado a la "concienciación ciudadana". "Nadie quiere hacer restricciones, pero es que si no las hacemos, quizás no tenemos agua", ha manifestado este cargo de la Generalitat en declaraciones a TV3".Disfruten mientras puedan del milagro de abrir el grifo y que salga agua.
14 de noviembre, santoral: José Pignatelli, Adeltrudis, Alberico, Andrónico, Antigio, Dubricio, Esteban Teodoro Cuénot, Hipacio, Jocundo, Juan de Traú, Lorenzo O'Toole, Rufo de Aviñón, Serapión, Siardo de Mariëngaarde, Teodoto, Tramunda de Pontevedra, Venerando de Troyes y Vitón.