Quince mil millones pendientes de Waterloo

Carles Puigdemont en modo travieso. ERC presume de la condonación de 15.000 millones de deuda, del traspaso de Rodalies, de una amnistía "para todo el mundo, sin exclusiones, sin excepciones", del chocolate del loro y del mico de Puerto Rico. Mientras tanto, el señor de Waterloo con el que ya estaba pactada la amnistía, se lo piensa mejor y decide estirar el chicle y ponerle suspense al apaño. Un poco más de pimienta en la salsa del pacto. El hombre no tiene prisa por volver a casa y parece decidido a mostrar quién manda aquí.

La tesis generalizada es que hay un punto de desacuerdo en torno al "perímetro" de la amnistía. Los medios apuntan los nombres de Josep Lluís Alay, Gonzalo Boye, Laura Borràs y los Pujol. No salen Negreira y los presidentes del Barça de milagro. Sin embargo, se considera que Puigdemont no será capaz de hacer descarrilar una investidura que viene cargada de concesiones. Otra cosa es la explotación intensiva de la situación, el aprovechamiento máximo de ese foco que desde el pasado 23 de julio alumbra al inminente ex prófugo. 

"Puigdemont exhibe que Sánchez está en sus manos y amenaza los planes del PSOE para investirlo ya", titula al respecto El Mundo. El texto es de Esteban Urreiztieta y arranca así: "Siempre fue la principal preocupación. El fantasma que sobrevuela la negociación desde el minuto cero. El verdadero miedo en el PSOE: que la «pugna» entre ERC y Junts diera al traste con la investidura de Pedro Sánchez. Por eso había concienciación en cuidar los gestos, palabras... para no provocar enfados. Un temor que no se va y que en las últimas horas de la negociación ha vuelto a sobrevolar. El anuncio, el martes por la noche, de un pacto entre ERC y el PSOE sobre la amnistía, no gustó a Junts. Consecuencia: el pacto sobre el perdón que los socialistas confiaban en cerrar con Carles Puigdemont este jueves se retrasa unas horas. El prófugo de la Justicia no da el plácet al acuerdo, tensiona unas horas más la investidura y, sobre todo, exhibe que el futuro de Sánchez está en sus manos y no en las de Oriol Junqueras, por más que ya hayan estrechado su mano, como hizo este jueves el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que pasó toda la jornada en Barcelona tratando de desencallar la investidura".

Sigue Urreiztieta: "La noche de Todos los Santos se hizo larga para los equipos negociadores del PSOE y Junts. Intercambios de documentos, redacciones... Los socialistas querían imprimir prisa al pacto para cerrarlo, registrar este jueves la ley de amnistía en el Congreso y que el viernes la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, agendase la investidura la próxima semana. Era su hoja de ruta. Por eso se desplegaron en todos los frentes. Bolaños en Barcelona y otro enviado del PSOE en Bruselas. Los socialistas no informaron de quién era, pero el lunes ya viajó hasta allí Santos Cerdán, número tres del PSOE, para hacerse la foto con Puigdemont. «Estamos trabajando en una investidura para la próxima semana», mantienen fuentes socialistas. Su objetivo es que Sánchez sea investido antes del Congreso de los socialistas europeos que se celebra en Málaga el 10 y 11 de noviembre. Es su deseo. Pero el botón lo tiene Puigdemont".

Y: "El líder de Junts echó ayer un cubo de hielo. Portazo a las previsiones del PSOE.

Enfriamiento. Golpe sobre la mesa: el que decide y maneja los tiempos es el ex presidente de Cataluña. «Siempre hemos dicho que para tratar con el sistema político español todas las precauciones son pocas», escribió a última hora en sus redes sociales el ex presidente. «Nos mantenemos y reafirmamos. No cambiaremos la prudencia y las precauciones que hemos mantenido hasta ahora por más prisa que tengan algunos», advirtió Puigdemont".

En El Confidencial se alude al alcance de la amnistía como punto de fricción. Escribe Marcos Lamelas: "Carles Puigdemont optó este jueves por descolgar a JxCAT del pacto de investidura por desacuerdos en el alcance de la amnistía, según explican fuentes conocedoras de las conversaciones entre esta formación y el PSOE. Las voces consultadas de la formación independentista aseguran que los contactos se retomarán a lo largo del viernes con la intención de cerrar el acuerdo lo antes posible, ya que la predisposición de ambas partes sigue intacta. El núcleo del problema es el perímetro de la amnistía, puesto que en JxCAT se ha detectado una ambigüedad legal que permitiría que la Justicia persiga a algunos de los encausados en casos de malversación. Hay que tener en cuenta que en el equipo negociador ha tenido un papel capital el abogado del expresident, Gonzalo Boye. En JxCAT ya asumen que no entren casos como el de Laura Borràs, la presidenta de la formación condenada por corrupción. Y Borràs no ha sido el problema, según confirman diversas fuentes. Pero sí el alcance que pueda tener la medida. El profesor de derecho constitucional y militante del partido Héctor López Bofill tuiteaba: "Aquellos que han sufrido lawfare como Laura Borràs, Josep Alay o Gonzalo Boye también son víctimas de la represión derivada del proceso independentista. Por eso deben ser incluidos en la amnistía y ser plenamente habilitados. No debería haber acuerdo si no se tiene en cuenta esta circunstancia". Se trataría de casos vinculados al procés, pero de forma más indirecta y que afectan a personas del partido. Un ejemplo sería el del exconseller de Interior Miquel Buch, condenado a cuatro años por la actuación de un mosso como escolta de Puigdemont. Algunas fuentes también se han referido al juicio de los Pujol".

Y: "Desde el partido independentista, no se han dado detalles. Puigdemont en X, antes Twitter, señaló: “Siempre hemos dicho que por tratar con el sistema político español todas precauciones son pocas. Nos mantenemos, y nos afianzamos. No cambiaremos la prudencia y precauciones que hemos mantenido hasta ahora por más prisas que algunos tengan”. El Gobierno en funciones quería registrar la ley de amnistía el jueves. Pero el mensaje de Puigdemont apunta a que tampoco será el viernes. La reunión en el Hotel Thon de Bruselas fue descubierta por la prensa. Allí, Puigdemont tenía prevista una sala para hacer una comparecencia, pero al final se prefirió evitarla. En la reunión estaban la propia Laura Borràs, el secretario general, Jordi Turull, y los responsables del partido en el Congreso, Senado y Parlament, Míriam Nogueras, Josep Lluís Cleries y Albert Batet. También estaba el portavoz de la formación, Josep Rius. Además, también asistieron el eurodiputado Toni Comín y la presidenta del Parlament, Anna Erra. Todos muy cercanos al expresident fugado. Tras seis horas de deliberaciones y con la prensa habiendo destapado el enclave, se decidió no sumarse al pacto y continuar negociando".

Además de lo que consta en el acuerdo entre el PSOE y ERC en un documento de 13 páginas, algunos medios avizoran cuestiones económicas de calado que permanecerían ocultas entre líneas, como la cesión de la jefatura de Vía Layetana. Y también nuevas exigencias. "ERC y Junts exigen a Sánchez traspasar a la Generalitat el control de La Caixa", asegura Vozpópuli. En el sumario se añade que "Economía tiene ahora el poder de supervisión de la Fundación, que a través de Criteria ostenta importantes participaciones en CaixaBank, Telefónica y Naturgy". El texto es de Rubén Sampedro: "La banca entra en juego en la negociación de la investidura de Pedro Sánchez. Al menos de forma indirecta. El bloque independentista formado por ERC y Junts exige el traspaso a la Generalitat de la supervisión y vigilancia de la Fundación La Caixa, que ahora depende del Ministerio de Economía, según fuentes financieras consultadas por Vozpópuli. Un movimiento estratégico para Cataluña, ya que la Fundación cuenta con participaciones empresariales de peso en el Ibex. Fuentes próximas a la negociación consideran que puede estar jugando un papel esencial en las conversaciones Jaume Giró, quien fuera director general de la Fundación La Caixa y mano derecha de Isidro Fainé. Giró fue consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat bajo el mandato de Pere Aragonès y salió del Govern a la fuerza, tras la ruptura de la alianza entre Junts y ERC. No obstante, sigue militando en la formación de Carles Puigdemont".

Sigue el texto: "Fuentes oficiales de la Fundación La Caixa prefirieron no hacer comentarios sobre el traspaso que exigen ahora los dos socios de Gobierno de Pedro Sánchez. La Ley 26/2013 obligó a la casi totalidad de las cajas de ahorro a convertirse en fundaciones y perder así su condición de entidades de crédito. También les impedía tener una posición superior al 50% en los bancos. Se trataba de un paso clave para profesionalizar la labor de las cajas, muy cuestionadas por la influencia de los distintos partidos políticos. Como fijó esta norma, el Protectorado de estas fundaciones con un ámbito de actuación que exceda el de una comunidad autónoma sería pilotado por el Ministerio de Economía. Aunque el PNV labró una excepción para la Fundación Kutxa, que controla el 32% del banco fruto de las tres antiguas cajas vascas. El Banco de España, por su parte, se encarga de supervisar la solvencia y relación con las entidades financieras. En la actualidad quedan ocho fundaciones que controlan directa o indirectamente a cuatro de los mayores bancos en España. Se trata de CaixaBank, Unicaja, Ibercaja y el citado Kutxbank".

El acuerdo entre PSOE y ERC y el que se prepara con Junts han causado una dura reacción judicial. "Choque frontal de los jueces por la aprobación de la ley de amnistía", titula La Razón. La pieza viene con la firma de Ilier Navarro, quien escribe que "el inminente inicio de la tramitación de la ley de amnistía ha abierto la «caja de Pandora» entre los distintos organismos y asociaciones que representan a los jueces, que han entrado de lleno en el debate más duro sobre la aprobación de una norma a la que muchos no ven encaje constitucional. Solo la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha evitado emitir una valoración mientras no conozca la proposición de ley, cuyo registro en el Congreso de los Diputados se puede producir en cualquier momento. Entre quienes sí se han pronunciado, está la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que se ha sido tajante al declarar que el acuerdo entre el PSOE y Sumar con ERC y Junts, pendiente de los últimos detalles para aprobar un indulto general, supone «el principio del fin de la democracia». Se trata de la asociación mayoritaria de la judicatura y su opinión se dio a conocer solo unas horas después de que ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitasen un pleno extraordinario para aprobar una declaración conjunta sobre la amnistía. Una norma que calificaron por considerarla fruto del «mercadeo» del Ejecutivo con los partidos independentistas y que va, según destacan, en perjuicio de todos los españoles".

Continúa la nota: "La APM se ha alineado con esta perspectiva, que contrasta con lo manifestado por la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), de corte progresista, que ha emitido duros reproches contra el órgano de gobierno del Poder Judicial. Concretamente, considera que los vocales del CGPJ están abusando de las atribuciones legales con que cuentan y que impulsan «una desviación de la legítima función de ese órgano». Asimismo, les ha afeado que se atribuyan funciones que solo corresponden al Tribunal Constitucional (TC)".

Y: "Las palabras han sido bien elegidas por unos y por otros. En el caso de la APM, han sido de alto calibre. «Se pretende ahora dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de Derecho», ha señalado. La organización ha advertido que el mensaje que se lanza es que no hay principio de igualdad ante la ley y entraña riesgos, pues abre la puerta a que el indulto general lo puedan exigir, por ejemplo, quienes han incurrido en malversación de dinero público o, incluso, «quienes pretendieron en otros momentos históricos con la fuerza del terror conseguir la independencia de parte del territorio», en clara alusión a la organización terrorista ETA. Para la asociación, esto supone que la ley, que debe ser general, se transforma en un privilegio. Uno de los pilares de la democracia, la separación de poderes, también ha salido tocada de todo este debate y de las negociaciones, sostiene. A su juicio, ha habido una «constante labor de desprestigio de la función jurisdiccional y de ataques permanentes a la independencia judicial»".

El PP por su parte maniobra en el Senado para dilatar la aprobación de una ley de amnistía que aún no ha entrado en el registro del Congreso. Se trataría de una reforma del reglamento de la Cámara Alta para evitar la tramitación urgente de proposiciones de ley. Total, que el trámite tardaría dos meses en lugar de tres semanas. Y luego está la reacción de Cuca Gamarra. Ojo al piojo, atención al dato. Cuca Gamarra, ahí es nada, ha dicho lo siguiente según resume La Vanguardia: "las 155 monedas de Rufián son ahora 15.000 millones para comprar 7 votos". En el PSOE están espantados. Qué potencia y qué dureza la de la riojana. Tras esa comparación ha ido de milímetros que no haya descarrilado la amnistía. Así lo cuenta Carmen del Riego en el diario barcelonés: "La lucha del PP contra la amnistía no va a hacer que se olvide de otros extremos de los acuerdos alcanzados entre el PSOE y el PP, en especial los 15.000 millones de euros que Catalunya recibirá para paliar su deuda. Tras conocerse el acuerdo, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, recordó que en eso se han traducido las 155 monedas de plata con las que el portavoz de los republicanos catalanes en el Congreso, Gabriel Rufian, se quejó en 2017 de la actuación de Puigdemont. "Las 155 monedas de plata de las que hablaba Rufián se han convertido en 15.000 millones de euros que van a pagar para comprar su investidura y que vamos a pagar del bolsillo de todos los españoles", dijo la número dos del PP, para quien Sánchez "ha hipotecado la igualdad de los españoles, el estado derecho y los recursos que garanticen un mínimo igual para que todos los españoles"".

Sigue Del Riego: "Esta cesión supone para Cuca Gamarra "un paso más en la debilidad de Sánchez, que conocen los independentistas, y que saben que conseguirán todo lo que se propongan". Criticó que se alíe "con los que quieren lo peor para España", y no duda en "gastarse 15.000 millones para comprar los siete votos de ERC, que se va a pagar con el dinero de todos los españoles". En esta crítica coincidió con el presidente andaluz, Juanma Moreno, que exigió para Andalucía el mismo dinero que va a recibir Catalunya por este acuerdo. "Sánchez le perdona al independentismo 15.000 millones de euros de deuda más 1.300 millones de intereses". El presidente andaluz sostiene que su comunidad "está bien gestionada y no necesita que se le perdonen deudas", pero reclama 17.800 millones, "equivalente por población a la cesión de Sánchez ante ERC y Junts"".

3 de noviembre, santoral: Martín de Porres, Domnino de Vienne, Ermengol de Urgel, Gaudosio de Tarazona, Guenael de Landevenec, Huberto cazador, Ida de Fieschingen, Juanicio de Antidio, Libertino de Agrigento, Odrada de Alem, Pápulo de Lauraais, Pedro Francisco Nerón, Pirmino de Reichenau, Silvia de Sicilia y Wenefrida.