Guardiola critica a Puigdemont e investidura para el 8N

En la contraparte, el primer secretario de los socialistas catalanes, Salvador Illa, adopta el modo constitucionalista para justificar la amnistía, ya que, dice, la Carta Magna apunta a la convivencia como bien supremo. Da cuenta de ello Vicenç Pagès en El Nacional: ""Los mismos valores que nos llevaron a rechazar planteamientos irreales en el 2017, los mismos valores de convivencia y pluralidad de Catalunya nos llevan hoy a defender una amnistía. Una amnistía constitucional". Así de claro ha sido el primer secretario del PSC, Salvador Illa, en el Consejo Nacional de los socialistas catalanes, desde donde ha pedido el apoyo de los consejeros nacionales y de los militantes para "dejar atrás el miedo y el rencor" y "avanzar con la confianza e ilusión". De hecho, Salvador Illa se ha querido amparar en el preámbulo de la Constitución para justificar una posible amnistía a los represaliados independentistas, después de que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, defendiera por primera vez una amnistía para los independentistas catalanes. "Sí a la convivencia, sí al reencuentro, sí a la Constitución, que en su preámbulo fija la convivencia como bien supremo entre españoles", ha dicho Illa lanzando un mensaje a la militancia".

Sigue el texto de Pagès: "El primer secretario socialista ha hecho referencia al apartado del preámbulo de la Constitución española en el cual especifica la voluntad de "garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución". Salvador Illa ha defendido una España "plural y diversa" y reconoce que la amnistía es una "medida excepcional para recuperar la normalidad política en Catalunya". "Estos momentos hacen grande la política", ha dicho el primer secretario socialista catalán, quien considera que Catalunya es "parte fundamental" de España. Y es que Illa ha dado apoyo claramente a la amnistía "sin fisuras, sin reservas, de forma explícita y clara" y ha pedido que la militancia haga lo mismo en una consulta. "No pido confianza a ciegas, apelo al balance de unas políticas desarrolladas por el Gobierno con el apoyo de nuestro partido", ha dicho Illa, reivindicando los indultos y la reforma del Código Penal".

El análisis de los números corre a cargo de Jorge Sáinz: "El PP consolida su ventaja en intención de voto con respecto al PSOE y sumaría la mayoría absoluta con Vox si se repiten las elecciones generales. Así lo confirma la encuesta de Hamalgama Métrica para Vozpópuli, elaborada a partir de 1.000 entrevistas realizadas entre el 20 y el 26 de octubre. El acuerdo de coalición entre Pedro Sánchez y Sumar, la plataforma que lidera Yolanda Díaz, se hizo público durante este período. Alberto Núñez Feijóo obtendría 146 diputados, que son nueve más de los cosechados en las elecciones del 23 de julio y uno más que en el anterior barómetro de Hamalgama para este diario. El PP lograría el 35,6% de los votos, dos puntos más que en julio pero poco más de dos décimas con respecto al sondeo de septiembre realizado antes de la investidura fallida del candidato popular".

Y: "Feijóo tendría la opción de gobernar al sumar la mayoría absoluta con Vox, que mantiene una intención de voto similar al 23-J. Según el sondeo, los de Santiago Abascal lograrían el 12,1% de los sufragios, que son 32 escaños -uno menos en julio-. La suma de PP y Vox sería 178 escaños, dos por encima de la mayoría absoluta. Feijóo podría añadir a este bloque otros dos diputados más, los de Coalición Canaria y UPN respectivamente. Estas dos formaciones son las que dieron el sí al candidato del PP en su investidura fallida. Ambos igualarían el resultado del 23-J".

En otro plano de la política, "Los ayuntamientos catalanes preparan un aumento generalizado de impuestos para cuadrar sus cuentas", avisa El País, que en el sumario de ese titular aclara que "El descenso de ingresos por la anulación del impuesto de plusvalía, sumado al aumento de gasto por la inflación y los salarios acerca al déficit muchas arcas municipales".

El texto es de Ivanna Vallespín: "“Si se reducen los ingresos y aumentan los gastos, estamos ahogados”. Así resume la situación de los ayuntamientos Marta Farrés, alcaldesa de Sabadell y presidenta del Arco Metropolitano (que agrupa a una decena de ciudades de la segunda corona barcelonesa). Al problema crónico de financiación, los ayuntamientos sufren ahora una reducción de ingresos por la anulación del impuesto de plusvalía y un aumento del gasto por la inflación y la mejora de los salarios. El resultado: las cuentas no cuadran. Así que la mayoría han optado, tras años con pocas variaciones, por una subida generalizada de impuestos, como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). “Lamentablemente la subida de tasas es la única manera de garantizar más ingresos. No es una decisión fácil, si se hace es porque no hay más solución”, admite Meritxell Budó, presidenta de la Asociación Catalana de Municipios".

Continúa la nota: "Las finanzas municipales recibieron un duro golpe en 2021, cuando el Tribunal Constitucional anuló el impuesto de plusvalía (se paga al vender una vivienda) y obligó a cambiar el método de cálculo. La sentencia hizo caer en picado los ingresos de los ayuntamientos -suponían 2.500 millones en toda España-; en el caso de la decena de municipios del Arco Metropolitano, 26,4 millones menos, la mitad de lo que entraba hasta el momento. Ello coincidió con un aumento desorbitado de los precios de la energía -desde la factura de la luz a la del combustible de la red de autobuses urbanos-, además de la actualización de los salarios de los trabajadores públicos. Las entidades municipalistas no disponen de datos del impacto. El Arco Metropolitano, con menos miembros pero que suman casi un millón de habitantes, sí ha hecho los cálculos: “en total hay 80 millones, un 7,6% de nuestros presupuestos, que se han perdido y no se han compensado”, detalla Farrés".

Y: "Los ayuntamientos aseguran que estos últimos ejercicios han capeado la situación tirando de remanente, hasta que se ha acabado. Además, necesitan fondos ahora que están en el inicio de mandato para poner en marcha los nuevos proyectos. Así que, de cara al próximo año, gran parte de los municipios han optado por un aumento generalizado de tasas, impuestos y precios públicos, que estos días van saliendo a la luz con la aprobación de las ordenanzas municipales de 2024 (excepto Barcelona, donde la oposición las ha tumbado). Las cifras facilitadas por los grandes municipios catalanes hablan por sí solas. Las subidas se concentran en el IBI, la principal tasa de los ayuntamientos: en Sabadell subirá un 15%, lo que se traducirá de cerca de 60 euros anuales más. La ciudad vecina, Terrassa, ya vivió un final de 2022 complicado y en septiembre tuvo que cerrar la caja por falta de presupuesto. Ese año los ingresos por la plusvalía pasaron de 13 a 8 millones. La situación actual sigue siendo delicada. “El momento no es crítico, pero sí tenemos que tomar medidas si queremos equilibrar las cuentas y tirar adelante nuevos proyectos”, indica la tenienta de alcalde de Servicios Generales, Maise Balcells. Terrassa subirá de forma generalizada un 3,5% todos los impuestos y tasas, y eliminará algunas bonificaciones. Sant Cugat del Vallès, uno de los municipios con un nivel de renda superior, también ha alertado de su mala situación económica: cerrará el año con un déficit de 25 millones, así que la Generalitat está tutelando las cuentas municipales y obligará al Ayuntamiento a hacer un plan de saneamiento, que incluye dejar de prestar algunos servicios (que todavía no ha concretado). A pesar de esta situación, el Consistorio ha decidido congelar todos los impuestos. En cambio, Tarragona, que también aseguró estar al filo de la quiebra con un agujero de 14 millones, sí que ha aprobado un aumento de la presión fiscal con una subida del 7,4% del IBI, un 12% la basura, un 20% las terrazas y un 33% las obras y construcciones".