La Cataluña de Celaá y revuelta pepera contra la ley educativa

El Gobierno atraviesa aguas procelosas, agudos remolinos, cascadas y cataratas. Una semana después de que José Luis Ábalos y Adriana Lastra justificaran un supuesto pacto con Bildu para sacar adelante las cuentas del Estado, tal acuerdo no es exactamente una entente sino un debate, una reflexión, una cogitación sobre el papel de Bildu, el partido heredero del brazo político de la banda terrorista ETA, en las instituciones.

De lo dicho y acontecido en los últimos días se infiere que el ministro Ábalos y la portavoz Lastra se fueron de la boca y que deberían haberse ahorrado sus elogios a Bildu. El presidente del Gobierno mira ahora hacia el PNV, el socio de toda la vida, el fiable partido nacionalista que negocia sobre intereses concretos, no sobre quimeras identitarias, el ejemplo que siguió durante años Convergencia hasta que la corrupción de la familia fundadora y la incompetencia de los Mas, Homs y Turulls echó a perder el partido, el montaje y la gestoría en Madrid.

Llegar a acuerdos con Bildu no es un buen negocio. Las efemérides, aquel otoño sangriento de ETA en Barcelona del que ahora se cumplen 20 años (con los asesinatos de Ruiz Casado, Cano Consuegra, Lluch, el guardia urbano Gervilla y el mosso Santamaría) no ayudan a vestir el apaño por mucho que se celebre que ETA ya no mata y que su partido hace política sin la cobertura de los coches bomba.

Una encuesta de El Español revela el amplio rechazo que suscita la formación del exterrorista Arnaldo Otegi. "El 58% de los votantes del PSOE pide pactar los PGE con Ciudadanos y sólo el 24% con ERC y Bildu" y "La estrategia de Moncloa y Ferraz no convence a sus votantes, ni a los españoles en general, que piden unos Presupuestos moderados" son los titulares del diario de Pedro J. Ramírez. Del texto se ocupa Alberto D. Prieto, quien apunta: "Casi seis de cada diez votantes del PSOE prefieren una foto con Inés Arrimadas que con Arnaldo Otegi y Oriol Junqueras el día en que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado. El 57,5% de los simpatizantes de Pedro Sánchez cree que el presidente debe hacer caso a su equipo económico, liderado por Nadia Calviño, y no a su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Sólo dos de cada 10 (un 23,7%) optaría por acordar con Bildu y Esquerra Republicana".

Y: "Según una encuesta realizada por SocioMétrica para El Español, las preferencias mayoritarias entre las filas socialistas están muy claras. Y es que Sánchez tendrá que elegir, antes o después, entre los (muchos) más y los (bastantes) menos de sus simpatizantes, es decir, entre "la moderación de Ciudadanos y con la sedición y el secuestro", tal como lo definió Arrimadas en el debate de los Presupuestos, hace ahora 10 días".

Portada de 'El País' del domingo 22 de noviembre

Por si no fuera con los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno acaba de aprobar una ley de enseñanza que pone a prueba las costuras del sistema educativo en asuntos tan delicados como la educación especial o la enseñanza del castellano. En El Confidencial, Fernando Garea entrevista a la ministra Isabel Celaá, que niega cualquier problema y llega a asegurar que en Cataluña es perfectamente posible estudiar en castellano en el sistema público. "Las ideas catastrofistas sobre el fin del castellano o el catalán han sido derrotadas" es el titular del referido digital y la entradilla resume a la perfección el espíritu del interrogatorio: "La Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de Educación, la octava norma de educación de la democracia, que pasará a la historia como la ley Celaá, superó el jueves el trámite del Congreso con 177 votos de seis partidos. Falta el trámite del Senado y está previsto que entre en vigor en el próximo curso. La ministra de Educación, Isabel Celaá (Bilbao, 1949) defiende la norma y responde a cada una de las principales polémicas. Por ejemplo, sostiene que el castellano no está en peligro porque se elimine el concepto "lengua vehicular" que fue establecido en 2015. Niega totalmente que se vayan a cerrar los colegios de educación especial y, de hecho, responde directamente a quienes como Bertín Osborne han asegurado que estos centros tendrán que cerrar: "Le digo que su hijo va a seguir siendo tratado en el centro de educación especial al que asiste". Y atribuye las críticas a las falsedades que se han difundido, como que va a acabar con la educación concertada porque, según explica, lo que se hace es equilibrarla con la pública. En su opinión la ley anterior, la "ley Wert" es "elitista" y advierte al PP que "es una ley de obligado cumplimiento y si el PP se muestra insumiso a una ley eso ya son palabras mayores", ante la posibilidad de que los gobiernos autonómicos intenten desactivar la norma".

Especial interés tienen las preguntas y respuestas relativas al rol del castellano:

P. Otra polémica: la ley elimina el castellano en la educación en comunidades con lengua propia.

R. Es otra falsedad. No es así. Difícilmente en la legislación educativa podremos encontrar una disposición tan garantista como la disposición adicional 38. Lo que dice con total rotundidad es que las administraciones educativas garantizarán el derecho de todos los alumnos y alumnas a recibir enseñanza en castellano y en la lengua cooficial, conforme a lo establecido en la Constitución y en los estatutos de autonomía. Decir conforme a la Constitución quiere decir que todo el artículo 3 se incorpora de manera automática. Pero dice más la disposición 38: al final de la enseñanza básica, a los 16 años, todos los niños y niñas tendrán dominio pleno y equivalente en ambas lenguas cooficiales y además los centros educativos tienen la obligación de compensar con medidas este conocimiento. Por tanto, hemos de esperar que, como hasta ahora, los alumnos y alumnas consigan el desarrollo de esas destrezas lingüísticas como, por cierto, se viene consiguiendo desde hace más de 30 años. Las lenguas han coexistido con algunas refriegas entre ellas, pero el objetivo se ha cumplido. He de decir que el término vehicular realmente no había aparecido en la legislación educativa hasta el año 2013 y, sin embargo, el castellano ha sido vehicular siempre a lo largo de la historia. La vehicularidad de las lenguas no está en entredicho, las lenguas son vehiculares por su propia condición, en sentido amplio, porque son herramienta de comunicación, y en sentido estricto. Si estamos hablando desde una perspectiva como transmisoras de materias es una cuestión que tenemos que desarrollar si queremos garantizar las destrezas que nos exigen.

P. A efectos prácticos: en un colegio de Cataluña, ¿qué cambiará respecto al castellano cuando entre en vigor la ley?

R. La ley tiene que tener su desarrollo. En ese colegio de Cataluña lo que vemos son los resultados de los alumnos y cuando van a hacer la selectividad su nota media es igual o superior al resto de los alumnos de las otras comunidades. Lo cierto es que esas ideas catastrofistas de algunos sobre que disminuirá la calidad del castellano o por el otro lado que desaparecerá la lengua cooficial se han visto derrotadas con el transcurso del tiempo. Ninguna de las dos es cierta, ninguna de las dos se ha hecho verdad. Ni en Cataluña ha sufrido el castellano ni desde luego ha desaparecido la lengua cooficial. Estamos viviendo sociedades abiertas y el 'input' que reciben los alumnos es inmenso. Estamos hablando del castellano que es patrimonio de 580 millones de personas en el globo, que reciben los alumnos por internet, por películas… y en inglés también. Los alumnos son ahora más multilingües de lo que eran hace un tiempo. No hay grandes dificultades, pero atenderemos también que el castellano siga siendo lengua de estudio y de cultura.

P. ¿Un padre o una madre en Cataluña que quiera que su hijo estudie en castellano, puede hacerlo?

R. Eso lo tiene que proveer la comunidad, las administraciones públicas, pero claro que puede y podrá.

P. Y, si es así, ¿por qué ERC tenía tanto interés en esta enmienda?

R. Creo que ERC quiere obviamente que su Estatuto o la ley de Educación catalana se vea reflejada, pero con esta ley en Cataluña se sabe que hay que garantizar la enseñanza en castellano y en las lenguas cooficiales. La comunidad catalana ya habló el año 2018 de manera muy explícita de la necesidad de compensar las lenguas según la zona fuera más castellanohablante o más catalanohablante; por lo tanto, ellos tienen en cuenta y saben perfectamente que estamos hablando de educación, no de dogmas ni de sectarismo ni de esencias. Hemos llevado el centro de gravedad al desarrollo de la competencia, porque hablamos de la perspectiva educativa y no desde las esencias, porque si entramos en un debate existencialista lo único que haremos será tocar los sentimientos de pertenencia y ese es el riesgo de llevar las lenguas a la controversia política, por eso nos estamos centrando en competencias educativas.

A cuenta de la ley Celaá, el PP promete una insurrección autonómica en aquellos territorios donde gobierna. Es la agudización de las taifas. "El PP pondrá "a salvo" de la Ley Celaá al 45% de los españoles" titula El Mundo, que añade: "El partido lanza una contrarreforma en las cinco comunidades que gobierna: Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León y Murcia". La nota viene con la firma de Juanma Lamet: "La plana mayor del PP se va a echar hoy a la calle contra la Ley Celaá. Teodoro García Egea, Ana Pastor, Cuca Gamarra, José Luis Martínez-Almeida, Ana Beltrán... y Pablo Casado, que participará en la manifestación de Madrid, acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Pero, más allá de recoger firmas y gritar consignas contra la nueva norma, el PP ha trazado una «contrarreforma» para neutralizar desde sus autonomías la nueva ley educativa".

Sigue la pieza: "Los cinco gobiernos regionales del PP (Andalucía, Madrid, Galicia, tres de las cinco autonomías más pobladas, Castilla y León y Murcia) preparan leyes, decretos y órdenes para seguir incentivando la concertada, potenciar la educación especial, garantizar la vehicularidad del castellano e impedir que los alumnos puedan pasar bachillerato con suspensos. Es decir, para desactivar los puntos de la Ley Celaá que a ellos no les parecen adecuados, con alcance sobre el 45% de la población nacional. Lo resume con claridad el presidente de Murcia, Fernando López Miras, en declaraciones a El Mundo: «Exploramos todas las vías jurídicas para aplicar las reformas, contrarreformas o decretos para dejar sin efecto la ley o los puntos que consideramos nocivos para la educación de nuestros hijos»".

Portada de 'La Razón' del domingo 22 de noviembre

El caso gallego es especialmente significativo: "Galicia es la única autonomía gobernada por el PP con lengua cooficial. Es decir, es la única a la que le afecta la nueva enmienda para suprimir la referencia al castellano como lengua «vehicular» de la enseñanza pública. Y Feijóo es muy claro en su rechazo a la octava ley de educación de la democracia: «En Galicia seguiremos aplicando el castellano como lengua vehicular, tenemos competencias para hacerlo». La Xunta promete seguir garantizando que se dé un 50% de las clases en castellano y un 50% en gallego. Y aprobará la normativa necesaria para que no se pueda aprobar bachillerato con una asignatura suspendida, como establece la nueva norma impulsada por Celaá. Además, los dirigentes gallegos apostarán por ampliar los conciertos".

Qué bárbaros estos peperos gallegos, la mitad de las clases en castellano y la mitad en gallego...

De todo lo antedicho tiene una opinión cualificada la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, a la que entrevistan Gemma Robles y Juanma Romero para El Periódico. Ahí van las preguntas y respuestas más destacadas sobre las tensas relaciones con los socios de Podemos, el pacto con Bildu y la ley Celaá:

Pregunta: Presupuestos, Sáhara, Marruecos, la enmienda antidesahucios. Barones y ministros se han manifestado incómodos con la actuación de Podemos en el Consejo de Ministros. ¿Ha sentido usted deslealtad por los socios de Gobierno en algún momento?

Respuesta: No. Lo que sí siento cada día es que estar en un Gobierno de coalición es mucho más complejo.

P: ¿Hasta el punto de que la convivencia es cada día más difícil?

R: Hay que entrenar herramientas y actitudes que no son las que se utilizan cuando el Gobierno es monocolor. Pero dicho esto diré que, salvo excepciones como la Xunta, todo el mundo está gobernando en España en coalición: ayuntamientos, comunidades... Estamos todos ensayando esta gran novedad de la cultura política española. Todos. Y como esto se va a quedar, estamos en esos momentos en los que hay que seguir haciendo muchos ajustes.

P: ¿Podemos se comporta a veces como Gobierno y oposición?

R: Unidas Podemos es un partido que no ha estado nunca en el Gobierno de la nación, y el PSOE sí.

P: ¿Qué se hizo mal para estar durante una semana explicando este "no pacto" con Bildu? ¿Faltó pedagogía, sobró ostentación por parte de Pablo Iglesias?

R: Nosotros somos un Gobierno que dijo desde el primer momento que íbamos a hablar con todo el mundo. A veces se olvida el histórico. Tenemos una experiencia de partidos que nos dejaron tirados en el último minuto y le cerraron el paso a los Presupuestos [de 2019]. Dos, sabemos la actitud del PP, que nos dejó tirados con la alarma y sabíamos que iba a dejar tirada a España con unos PGE que requiere el país. Dadas esas dos circunstancias, ha quedado absolutamente claro que el PSOE se dirige a todo el mundo y ahí está incluido Cs, que para nosotros lo sigue estando. Porque no nos parecen sólidos los argumentos de Cs. Para empezar, porque los problemas de la educación de este país no están en la lengua. Es un combate político al que se está dedicando la derecha intensamente, inventándose lo que no existe, dado que estamos hablando de una ley [la LOMLOE] que protege el castellano y el resto de lenguas cooficiales del Estado, como dice la Constitución. No nos parece entendible. Hemos llegado con Cs a muchos acuerdos. Entendemos claramente que hay un espacio de entendimiento con Cs que hay que seguir trabajando.

P: Me refería a que en el propio PSOE ha habido reticencias a ese pacto con Bildu.

R: El problema está en que el PP necesita nombrar a ETA y a Bildu continuamente para hacer política, y esto es temerario e injusto. Injusto porque este país ha sufrido mucho con ETA y nuestro partido ha puesto su trabajo y se ha dejado también víctimas. Y porque las propias víctimas ya le están diciendo al PP que no las utilice. El PP podría haber facilitado la tramitación de los Presupuestos simplemente con una abstención. Pero no fue así, y la principal obligación de este Gobierno en esta situación es dar al país estabilidad y futuro. Es nuestra obligación, llevarlo de vuelta al futuro. Dicho esto, en el PSOE lo que existen son sus órganos, legales y democráticos. Los militantes de este partido no tenemos por qué enterarnos de qué opinan 200.000 militantes, uno a uno, por la vía que consideren oportuna. Es lo contrario de un partido político.

Coronavirus. Carrera por las vacunas y miseria generalizada. La pandemia ha provocado un retroceso de veinte años y devuelve a millones de personas a la pobreza y el hambre. Lo cuenta en El País Óscar Granados: "No hay crisis sin una buena dosis de eufemismos. “Austeridad” es igual a recortes en servicios públicos, “crecimiento negativo” equivale a recesión y si la gente no tiene comida se habla de “inseguridad alimentaria”. En realidad tendríamos que decir hambre. Porque eso es lo que están pasando Beatrice Mbendo y sus cuatro hijos en Kangemi, un barrio de chabolas en Nairobi, Kenia. En mayo Mbendo se quedó sin trabajo como empleada del hogar. Antes de la pandemia tenía cuatro clientes habituales. Hoy no tiene ninguno. “Ahora las cosas están realmente mal, incluso no desayunamos por la mañana”, dice esta mujer de 38 años. Una vez su familia estuvo dos días sin nada que llevarse a la boca. Mbendo estaba tan angustiada que un día salió de su casa llorando. “Dios escuchó mis gritos. Una persona nos trajo dos kilos de harina de maíz, azúcar y aceite de cocina, lo que me ayudó durante unos días”".

Continúa el texto: "La historia de Mbendo (compartida por la ONG Oxfam Intermón) está en el extremo de esta pesadilla. Pero de Brasil a la India, de Yemen a Estados Unidos, de Guatemala al Reino Unido, de España a Afganistán son millones las personas que están pasando hambre. Unas sufren más que otras, pero todas son víctimas de la peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 729 millones de seres humanos estarán bajo el yugo de la pobreza extrema (viviendo con menos de 1,90 dólares al día) en el peor de los escenarios al final del año, según el Banco Mundial. Representarán un 9,4% de la población global, y serán 114 millones más de los pronosticados antes de la aparición del virus. Muchos de ellos morirán hambrientos. Más de 265 millones de personas, principalmente en países en desarrollo, están al borde de la inanición, según las estimaciones del Programa Mundial de Alimentos de la ONU".

Los datos son estremecedores: "El vendaval se ha llevado por delante dos décadas de lucha contra la pobreza extrema, según los economistas del Banco Mundial. Y será un grave retroceso para otras personas que viven con un presupuesto por debajo de los 5,50 dólares (3.200 millones, la mitad de la población del planeta), que también sufren para satisfacer sus necesidades básicas. Pero podrían sumarse unos 500 millones más si la crisis se recrudece, afirma un análisis del Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo de las Naciones Unidas (UNU-WIDER). “Estamos viendo solo el principio del tsunami”, advierte Olivier de Schutter, relator especial de Naciones Unidas para la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos. Retomar los niveles previos a la crisis sanitaria no será sencillo. Se necesita una ingente cantidad de recursos y, sobre todo, que la economía global avance a una velocidad nunca antes vista, de acuerdo con los expertos consultados".

Cataluña. La Vanguardia rehabilita a Jordi Pujol y le publica un refrito sobre el derecho a decidir y la voluntad de ser en la línea de Pujol, donde nada es lo que parece y todo parecen obviedades. Y en Nació Digital Bernat Surroca entrevista al magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, gran amigo del proceso que acaba de publicar un libro titulado El gobierno de las togas sobre la asonada del 17. 
El exmagistrado defiende la amnistía pero considera más realista el escenario del indulto, según se desprende de este intercambio de preguntas y respuestas: 

P: Pensant en escenaris de futur, la millor opció per resoldre la qüestió catalana és l'amnistia?

R: Sí, i crec que és l'única, perquè amb l'indult -més enllà de la satisfacció d'aconseguir la llibertat- el conflicte polític continua existint. L'amnistia és una mesura política que s'ha de prendre en el parlament. L'indult ho tramita el Ministeri de Justícia i el signa el rei, és un tràmit administratiu, però l'amnistia és una decisió política de profunditat que per mi és l'única solució.

P: Però el PSOE ara mateix no està a favor de l'amnistia...

R: Em fa la impressió que no.

P: Els indults es concediran?

R: Segur que sí. I es dosificaran. El ministre de Justícia deu pensar que no vivim a la realitat o que som estúpids: ja sabem que es tramiten molts indults, però hi ha indults i indults. I ho sap molt bé el ministeri, perquè ho ha utilitzat en casos molt notoris. Els indults ja s'haurien d'haver resolt. 

22 de noviembre, santoral: Cecilia, Ananías, Apfías, Filemón, Pragmacio y Rogerio.