Drama en el empleo, boquete turístico y presos del 'procés'

Pésimas perspectivas económicas. Se confirman los peores augurios. Alemania también desaconseja viajar a España. A la catástrofe turística hay que añadir la confirmación de que la emergencia sanitaria tiene réplicas económicas y sociales igual de dramáticas. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) muestran un mercado laboral arrasado.

"El coronavirus se lleva por delante un millón de empleos" titula en lo alto de su portada El País. La pieza es de Manuel V. Gómez, quien escribe: "La pandemia ha dejado una herida profunda en el mercado laboral español: casi 1,1 millones de empleos destruidos en un solo trimestre, el peor de la historia. Han sido las consecuencias del coronavirus y del confinamiento que el Gobierno decretó cuando los contagios crecían por miles y las muertes se multiplicaban. Ni en los peores momentos de otras crisis hubo un golpe de esa magnitud al empleo. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), el impacto del virus dejó entre abril y junio los ocupados en 18,6 millones. Los parados en busca de empleo subieron con moderación, hasta los 3,37 millones, pero porque en la cuarentena no había empleo que buscar. 800.000 trabajadores estuvieron de baja. Los hogares con todos sus miembros desempleados crecieron al mayor ritmo desde 2012. Y el teletrabajo fue la alternativa para tres millones de españoles".

Hay muchas maneras de explicar los datos de la EPA, pero todas conducen a la estampa de un siniestro total. Si El País repara en los empleos destruidos, El Independietne se fija en el número de desempleados, que son siete millones. La nota es de Olga Rodríguez: "La publicación de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre del año por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revelado que entre abril y junio se destruyeron 1,1 millones de empleos. El paro subió en 55.000 personas y la tasa de paro se quedó en el 15,3%. Sin embargo, estos datos no reflejan la totalidad del mercado laboral español. Además de los parados, en ese periodo se sumaron casi un millón de personas a la inactividad y cerca de dos millones estaban en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Si se tienen en cuenta el número de parados (3,3 millones), el número de inactivos que no han podido buscar trabajo debido al confinamiento (1,6 millones) y el número de afectados por ERTE en el segundo trimestre (1,8 millones), la cifra asciende a 6,7 millones de personas".

Entramos en la tradicional fase letárgica de la economía española, ese mes de agosto consagrado a las vacaciones, una época donde el interior está chapado y sólo abre la costa. Este año será diferente. La crisis, dada la situación del turismo, no ha hecho más que empezar. "España se defiende ante Europa esgrimiendo una menor letalidad que UK, Francia e Italia" titula El Confidencial. Firma la pieza Darío Ojeda: "¿Está España mejor o peor que sus vecinos europeos? Esa es la pregunta clave ahora mismo, pues de ella dependen decisiones tan importantes como el establecimiento de cuarentenas o la recomendación de no viajar, vitales para varias comunidades autónomas que tienen en el turismo la base de su economía. La respuesta no es tan sencilla como parece. La postura del Gobierno es obviar la incidencia acumulada (en los últimos 14 o 7 días), utilizada a nivel europeo y en la que España sale mal parada, y centrarse en defender su estrategia de detección temprana. Pero eso tiene un problema: ni siquiera Sanidad tiene certezas de cómo lo está haciendo el resto de países, por lo que la comparación es imposible. Tampoco la letalidad, utilizada por Fernando Simón este lunes, es del todo comparable".

Sigue Ojeda: "Según los últimos datos publicados por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), España tiene la tercera peor incidencia de Europa, solo por detrás de Luxemburgo y Rumanía: 47,2 casos por 100.00 habitantes en los últimos 14 días. La cifra publicada por el Ministerio de Sanidad este martes es más alta: 49,22. El Gobierno se defiende utilizando otras estadísticas. Como la que dice que casi el 65% de los casos son de Cataluña y Aragón y que el resto del país está en una buena situación, que las muertes semanales están en seis o siete, que la presión hospitalaria es muy baja o que el 60% de los positivos son asintomáticos. 'Lo cual pone de manifiesto el trabajo de cribado y detección de las comunidades autónomas', dijo este martes el ministro de Sanidad, Salvador Illa".

Los datos contrastan con los 22 muertos por coronavirus en Cataluña que lleva en portada El Periódico.

En La Razón arremeten contra la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, a quien acusan de no preocuparse más que del clima y la igualdad de género y dejar a un lado la diplomacia. La nota es de A. Rojo y Ainhoa Martínez: "La ministra de Exteriores, Arancha González Laya asegura que 'España tiene la situación controlada' pero el hecho es que Alemania se sumó ayer a la lista de naciones que vetan a España como destino turístico. Basta recordar que los ciudadanos de este país se dejaron, solo en el mes de julio de 2019, 1.407 millones de euros en España para darse cuenta de hasta que punto se trata de una noticia inquietante que, una vez más, ha pillado por sorpresa al Gobierno".

Continúa el texto: "Voces internas en el ministerio ven con preocupación que la prioridad del presente Ejecutivo en lo que a política exterior se refiere ha sido desde el principio la cooperación, la igualdad de género, la lucha contra el cambio climático y los objetivos de la Agenda 2030, desviándose recursos y energía de la labor diplomática tradicional --menos rentabilizable politicamente a corto plazo, más laboriosa e ingrata-- pero la única que en definitiva hubiera podido lograr comunicar a países como Reino Unido o Alemania la información necesaria para que sus decisiones fueran menos drásticas". 

Política interna. Conmoción en el mundo independentista por la suspensión del tercer grado a los presos del procés. Doce días después de que la Generalitat confirmara la resolución de las Juntas de Trantamiento Penitenciario, el juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 ha suspendido cautelarmente la semilibertad de los reclusos. Esperaban que fuera el Tribunal Supremo, pero el mismo juzgado que aprobó el 100.2 da el visto bueno ahora al recurso de la Fiscalía provincial de Barcelona. 

En El Nacional escribe al respecto Marta Lasalas: "Los presos políticos vuelven a estar en la prisión. Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Raül Romeva y Quim Forn han entrado esta noche en Lledoners después de que la jueza de vigilancia penitenciaria ha decidido suspender el tercer grado, a raíz del recurso de la fiscalía. La decisión fulminante de la jueza ha cogido a los presos por sorpresa y ha certificado la enorme dificultad en que queda situada la posibilidad de diálogo con el Estado. Las palabras de Pedro Sánchez sobre la dependencia jerárquica de la fiscalía con el ejecutivo han resonado de nuevo en las puertas de la prisión".

Sigue Lasalas: "A partir de ahora, no podrán tener ni el tercer grado ni tampoco el régimen del 100.2, por lo cual no podrán salir tampoco a trabajar. En una declaración institucional, el president de la Generalitat, Quim Torra, después de recordar la vinculación de la fiscalía con el ejecutivo de Sánchez, ha advertido que se acumulan las evidencias que ponen en duda la voluntad de diálogo del Gobierno español. 'Es un acto de venganza', ha denunciado. También en las puertas del centro penitenciario de Lledoners, los presos y el vicepresident, Pere Aragonès, han advertido del efecto que este gesto, propiciado por la fiscalía, tendrá en el diálogo con el Estado".

Al independentismo, dicen, no le vale más que la amnistía. En la parte del Gobierno, Pablo Iglesias se ha mostrado muy contrariado por el recurso de la Fiscalía. De la reacción del Ejecutivo escribe Juan Carlos Merino en La Vanguardia: "En la Moncloa se aferraron ayer al consabido 'respeto' por todas las decisiones judiciales, gusten más o gusten menos, para no fijar posición ante la suspensión del tercer grado penitenciario, a instancias de la Fiscalía, de los presos del procés. Ahora bien, también insistieron en desmarcarse de la decisión y demandaron que ERC no la utilice como excusa para cerrarse en banda ante la próxima negociación de los presupuestos generales del Estado. 'A estas alturas, ERC sabe perfectamente que el Gobierno no interfiere en las actuaciones judiciales', alegaron. 'Tiene que diferenciar entre los entornos de actuación del Gobierno y los que no corresponden al Gobierno', insistieron".

Al hilo del procés, El Periódico abre portada con los papeles de Urkullu sobre sus tareas de mediación en aquellos convulsos días de octubre del 17. Las conclusiones del lendakari constratan con las memorias de Puigdemont. Según el primero, el segundo no quería declarar la independencia. Escriben Gemma Robles y Xavi Barrena: "A finales de octubre de 2017, EH Bildu se está preparando para llevar al Parlamento vasco, en unas semanas, una propuesta para 'reconocer la República catalana'. El lendakari Iñigo Urkullu, que había sido mediador entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el Govern de Carles Puigdemont en los alrededores del 1-O de ese mismo año, escribe entonces unas notas internas que ahora se hacen públicas. 'En conciencia, yo no podría votar a favor. No solo porque no soy partidario de las vías unilaterales y menos de las que se gestionen fracturando a la sociedad. Por coherencia, porque a mí el propio Puigdemont me solicitó ayuda porque él no quería prodecer a la DUI', sentencia. Y va más allá, añadiendo más nombres a esa posición. 'Lo mismo la coordinadora general del PDECat [Marta Pascal] y, de manera indirecta, también el presidente de ERC [Oriol Junqueras]'".

Sigue la pieza: "O sea, que según la versión del político vasco, él intervino en la crisis de Cataluña porque se lo demandó Puigdemont de quien, además, repite en varias ocasiones que le hizo participe de que no deseaba llegar a la Declaración Unilateral de Independencia. Así lo manifiesta en el primer bloque de documentación --más de 600 páginas-- que atesora sobre aquellos turbulentos días de octubre y que ha consultado El Periódico. ¿Coincide esto con la versión del expresident? No exactamente, como se ha evidencia en su reciente libro M’explico, de Plaza Janés".

¿No exactamente? En realidad, no coincide para nada toda vez que Puigdemont se presenta como paladín de la independencia innegociable desde el primer minuto. 

Monarquía. "Juan Carlos I traslada a su entorno que está dispuesto a abandonar La Zarzuela" titula El Mundo en portada. El viejo león herido no pondrá problemas a su hijo. La nota es de Carlos Segovia, que apunta que el emérito estaría incluso dispuesto a marchar de España: "Juan Carlos I se muestra dispuesto a dejar el Palacio de la Zarzuela, donde reside desde hace 58 años, para no convertirse en una interferencia continua tras el escándalo de su dinero oculto en el exterior. Así lo ha trasladado a su entorno, según confirman a El Mundo empresarios amigos del Rey emérito. La versión que traslada Juan Carlos I es que ha hablado ya con su hijo, Felipe VI, sobre abandonar el Palacio de la Zarzuela, que es un complejo de edificios públicos. Está incluso dispuesto a trasladarse temporalmente fuera de España, si se considera que es la mejor solución para apartarse, según las fuentes consultadas por este diario".

Continúa Segovia: "Un traslado temporal al extranjero --sin que eso implique que no rinda cuentas ante la justicia cuando sea necesario-- es una fórmula defendida por algunos asesores de Felipe VI y miembros del Gobierno como la mejor para que se visualice que hay cortafuegos y distancia entre padre e hijo cuando la investigación judicial avance. Otros amigos del monarca emérito señalan, sin embargo, la trascendencia histórica de que un ex jefe del Estado tenga que abandonar su país en un momento en que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, anima a que "el espíritu republicano avance". Fuentes de este último grupo insisten en que es factible la alternativa de que siga en España. La fórmula consiste en que una asociación promovida por amigos de Juan Carlos I financie el alquiler de una vivienda en una zona residencial de Madrid para que no tenga que abandonar el país y, al tiempo, quede fuera de toda dependencia pública".

El emérito en Montepinar es incluso mas humillante que una temporada fuera de España.

29 de julio, santoral: Calínico de Gangra, Félix de Roma, Guillermo Pinchón, Lupo de Troyes, Marta de Betania, Olav de Noruega, Próspero de Orleans y Serafina de Galicia.