Simón y la Guardia Civil, en el punto de mira

Se encona la cuestión en torno a la manifestación del 8 de marzo con nuevos datos sobre las pesquisas de la Guardia Civil. Guerra abierta en el Ministerio del Interior. El destacamento del Instituto Armado que actúa como policía judicial apunta, según los medios, a Fernando Simón y el ministerio apunta, también según los medios, a las filtraciones de las diligencias judiciales. La disputa son palabras mayores, previa de un hipotético juicio en el que no se hacen prisioneros. Por un lado, quienes sostienen que la acumulación de datos y material por parte de la benemérita contiene errores de procedimiento, de forma y de bulto. Por otro, quienes consideran que no sólo el delegado del Gobierno en Madrid, sino que hasta el doctor Simón, que no está imputado, tienen un complejo horizonte judicial por no haber recomendado la cancelación del 8M.

Así, La Razón advierte en portada sobre un primer plano del doctor que "La Guardia Civil cree que Simón ocultó información sobre el 8M". "La Guardia Civil fija la mira en el doctor Simòn", dice El Periódico. En El Mundo van un paso más allá: "Simón ocultó la alerta de la UE a las CCAA la semana del 8M". En el diario de Unedisa sostienen esa versión Juanma Lamet y Ángela Martialay, que escriben: "El 2 de marzo, la agencia de la Unión Europea para el control y la prevención de enfermedades (ECDC) emitió un informe en el que reclamaba a los estados europeos 'evitar' que la población acudiese a 'actos multitudinarios' e impedir 'concentraciones masivas innecesarias' por el coronavirus. El motivo que aducía era que al estar científicamente demostrado que favorecía la expansión del Covid-19, en base a los datos de otras pandemias y epidemias, cancelarlas 'puede reducir la transmisión del virus'".

Continúa el texto: "El Gobierno de España hizo caso omiso de ese informe y permitió las manifestaciones del 8M. Pero no sólo eso. Según las investigaciones de la Guardia Civil, actualizadas en el informe enviado a la juez de Madrid que investiga el alcance penal del 8M, Carmen Rodríguez Medel, el Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que dirige Fernando Simón recibió esas advertencias el propio 2 de marzo (a las 12.45 horas), pero no se lo reenvió a las comunidades autónomas y ni siquiera lo discutió en el Consejo Interterritorial de Sanidad".

Sigue: "La Guardia Civil resalta que el organismo de Simón adujo que dado 'el carácter público del documento' europeo, de 'general conocimiento y acceso', 'no procedió a su distribución'. 'De igual forma, no fue objeto de discusión en ninguna de las reuniones' preparatorias de la respuesta al virus 'de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial', ni 'en ninguna de las Ponencias de Alertas y planes de preparación y respuesta', relata el informe del Instituto Armado".

De muy distinto signo es la orientación de las notas de El Diario sobre los informes del Instituto Armado. Marcos Pinheiro, Pedro Águeda e Irene Castro sostienen que "los investigadores de la Guardia Civil han elaborado un segundo informe aclaratorio de la investigación del 8M que abunda en la tesis del anterior, conocido hace una semana, y persiste en la idea de que el Gobierno era consciente del riesgo que corrían los ciudadanos cuando autorizó actos multitudinarios a principios de marzo, entre ellos la manifestación feminista".

Prosiguen: "El anterior atestado estaba repleto de bulos, documentos públicos mutilados e incluso una declaración manipulada de un testigo y en este, entregado a la juez que investiga el caso el pasado lunes, los investigadores rebajan algunas de sus conclusiones pero mantienen la acusación de que el Gobierno puso en riesgo a sabiendas a la ciudadanía autorizando las marchas del 8M".

En El Diario abundan también sobre el papel de Simón: "El capitán y el teniente de la Guardia Civil que actúan como policía judicial al servicio de la jueza Carmen Rodríguez Medel siembran dudas a lo largo de 295 páginas sobre el director del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, pese a no estar investigado, y deslizan conclusiones tomando partes preseleccionadas de escritos de las autoridades sanitarias internacionales y despreciando otros que contradicen sus tesis. El segundo informe arranca con dos páginas dedicadas a enmendar errores del anterior que atribuyen a la 'transcripción realizada' por ellos mismos para a continuación sostener que éstos no modifican 'en absoluto' los 'hechos de relieve plasmados en la investigación en curso'".

En paralelo, El Confidencial apunta a una investigación interna de la Guardia Civil encargada por Interior para dilucidar responsabilidades sobre las filtraciones del primero de los informes. Escribe Roberto R. Ballesteros: "El nuevo jefe de la Comandancia de Madrid, David Blanes, impulsará una investigación interna dentro de la Guardia Civil con el fin de esclarecer lo que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, denunció como filtraciones de las diligencias del caso 8M. Blanes abrirá las pesquisas en cuanto coja el bastón de mando --este jueves tomó posesión-- como responsable de las dependencias que ha comandado durante los últimos dos años su antecesor en el cargo, el coronel Diego Pérez de los Cobos, cesado el pasado 24 de mayo por negarse a proporcionar información a la directora general del instituto armado, María Gámez, sobre el asunto del 8M que dirige el Juzgado 51 de Madrid".

Sigue el texto: "Así lo han confirmado fuentes del Ministerio del Interior, que aseguran que la nueva investigación interna tratará de determinar 'las circunstancias' en las que se produjeron las filtraciones, quién las realizó y por orden de quién, así como las posibles 'responsabilidades penales' derivadas de los hechos que se descubran. La iniciativa ha sido propuesta por el propio Ministerio del Interior al margen de la investigación que en paralelo lleva a cabo el Juzgado 51 de Madrid, que mostró su interés por averiguar qué había pasado al tiempo que llamó la atención al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska por si pudiera haber algún tipo de injerencia política en la destitución de Pérez de los Cobos".

Más madera. Comienza a burbujear la instrucción del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid para que no se derivaran a los hospitales a los ancianos de las residencias, un asunto que tendrá inevitables derivadas judiciales. Enrique Ruiz Escudero, que así se llama el consejero, dijo ayer en la Asamblea, el parlamento regional, que tal instrucción se envió "por error". Los familiares de los afectos claman que a lo mejor Ruiz Escudero debería ir a la cárcel "por error". De la versión de El Independiente: "El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha alegado que a principios de marzo se envió 'por error' a los centros sociosanitarios 'un borrador' de un protocolo que desaconsejaba la derivación de ancianos procedentes de residencias a los hospitales de la región. Lo ha indicado en el pleno de la Asamblea de Madrid en respuesta a una pregunta de la diputada socialista Purificación Causapié sobre los criterios que se han utilizado para la elaboración de los protocolos de derivación de personas mayores con Covid-19 procedentes de residencias a centros hospitalarios".

Sigue la pieza: "Ruiz Escudero ha asegurado que el criterio que se ha utilizado tanto para la elaboración del protocolo como para la atención hospitalaria a los pacientes con Covid-19 procedentes de las residencias de mayores ha sido 'única y exclusivamente clínico'. 'Ha habido hasta seis versiones del protocolo', ha admitido Ruiz Escudero, quien ha apuntado que en algunos medios de comunicación se publicó un borrador 'enviado por error a principios de marzo a los centros sociosanitarios'".

En el ABC continúan con el supuesto enchufe de un colega de Pedro Sánchez como alto cargo en el ministerio de Ábalos. "Sánchez troceó una dirección general para fabricar el puesto de su amigo" es el titular de la portada. En el interior, el texto es de Javier Chicote: "El Gobierno dividió en dos una misma dirección general del Ministerio de Transportes para colocar al frente al arquitecto Ignacio Carnicero, el mejor amigo de Pedro Sánchez. Aunque este fue nombrado para el cargo de la nueva dirección esta misma semana --en el Consejo de Ministros del martes--, la historia comienza en enero. El día 28 el Gobierno aprueba el real decreto 'por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales', la reestructuración de los ministerios. En lo que se refiere a Transportes, desaparece la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. La verdad no es que fuera suprimida, sino dividida en dos que se reparten las competencias y hasta el nombre, pues en su lugar brotan la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura y la Dirección General de Vivienda y Suelo. Al frente de la primera, Ignacio Carnicero; en la segunda, Javier Martín. Y cada uno de ellos con sus más de 90.000 euros de sueldo anual, al margen de otros costes de la duplicidad".

Economía. La Vanguardia abre con una nueva inyección de fondos europea para combatir el coronavirus. "El BCE sale al rescate de la economía europea con 600.000 millones más". La piez viene con la firma de Luis Federico Florio: "Más carga para el bazooka contra el coronavirus. El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves en la reunión de su Consejo ampliar el programa de emergencia para combatir el impacto de la pandemia (PEPP en su denominación oficial) con otros 600.000 millones de euros, que se sumarán a los 750.000 millones anunciados en marzo. El total se eleva a 1,35 billones de euros, cantidad con la que se combatirá una caída del PIB del 8,7% para 2020, según las cifras actualizadas hoy. En el segundo trimestre el desplome será del 13%, apuntan sus economistas".

Sigue la nota: "La ampliación del programa supera los 500.000 millones esperados por el consenso del mercado, que y hoy se ve sorprendido tras decepciones previas con una Christine Lagarde, al frente del BCE, que afirmó en el pasado que no era su tarea contener las primas y capitaneó un primer plan de respuesta que se quedó corto. 'Haremos lo que sea necesario bajo nuestro mandato', reiteró desde Frankfurt la francesa, en un mensaje draghiniano".

Política catalana. Puigneró sería el ungido por Waterloo para encabezar la próxima lista de JxCAT, según apunta Quico Sallés en El Món: "Li diuen el conseller.cat i té tots els números per ser el presidenciable de JxCAT en les properes eleccions al Parlament. De fet, seria el candidat a presidenciable de facto. O president 'efectiu' en l’argot polític actual. El nom de Jordi Puigneró és el preferit per Carles Puigdemont i per la direcció de Waterloo. Puigneró, un conseller fidel a l’estratègia del president a l’exili i l’encarregat de posar en marxa una de les obsessions de Puigdemont, l’anomenada “República Digital”. Precisament és aquest projecte de construcció d'un "E-Estat" el que explica en el llibre que ha escrit i que estarà a les llibreries de forma imminent. "Era un llibre de projecte de futur, però ara és de present", asseguren des del seu cercle".

El e-Estat forma parte de las cogitaciones independentistas sobre un nuevo proceso, toda vez que se empieza a dar por amortizado lo que venía siendo el procés. Recuperamos al efecto la entrevista que ayer le practicaban Andreu Barnils y Albert Salamé en Vilaweb a Toni Soler, quien se mostraba entre desencantado y melancólico. Ahí va la última pregunta:

— El resum de l’entrevista seria ‘jo tot això ja no ho viuré’?

— He fet un article cada setmana des d’ara farà deu anys. I ha estat monotemàtic. Fa molts anys que ho faig, i a vegades penso que li toca a un altre de dir què pensa. I puja gent molt joveneta, amb empenta i amb receptes molt clares, on tot és molt dràstic. I penso que potser jo ja m’he estovat. He tingut un moment de dir: nosaltres ho vam intentar. Estic content d’haver-ho intentat. Som la generació que va fer el procés, i ha estat una cosa bona. I més sort el pròxim cop. I espero que el pròxim cop no tardi".

5 de junio, santoral: Beato Fernando de Portugal, Bonifacio de Crediton, Doroteo de Tiro, Franco de Assergi y Pedro Spanó.