Ofensiva de Gobierno: renta mínima y aprobado general

Ofensiva del Gobierno para recuperar la iniciativa y el crédito ciudadano. Los aplazamientos de impuestos a autónomos y pequeñas empresas han causado cierta decepción entre los teóricos beneficiarios. No parecen grandes estímulos económicos en un contexto de catástrofe sin paliativos y máxima incertidumbre. Dadas las circunstancias, el Ejecutivo recurre al plan B, el cañón Berta de las medidas sociales. Se ha impuesto la estrategia de Pablo Iglesias, la renta mínima para las familias sin ningún ingreso. El equipo económico de Pedro Sánchez ha dado su brazo a torcer. La emergencia social que anticipa la crisis sanitaria aconseja medidas expeditivas.

En El Confidencial, Fernando Garea apunta a que la renta entrará en vigor el próximo mes y que el acuerdo se alcanzó tras el Consejo de Ministros del pasado martes: "Quedan por cerrar los detalles, pero en ese encuentro se salvó el escollo de los tiempos. Hasta ese momento, el ministro José Luis Escrivá, había conseguido parar a idea inicial de los ministros de Unidas Podemos y retrasar la medida. Mientras que Iglesias quería que se aprobara urgentemente, para paliar los efectos inmediatos de la crisis del coronavirus. Su propuesta son 500 euros, más 200 por persona mayor a cargo y 150 por hijo".

Noticia de 'El Confidencial' del 16 de abril de 2020

La medida del Gobierno puede parecer revolucionaria, pero hasta en la cuna del capitalismo se aplican iniciativas de parecido corte y calado. Trump, por ejemplo, ha mandado imprimir su nombre en los cheques que la administración estadounidense proporcionará a sus ciudadanos más vulnerables. En El País aborda ese expediente Antonio Laborde: "En las próximas semanas y meses decenas de millones estadounidenses recibirán un cheque con el nombre del presidente Donald Trump impreso. Las inyecciones de dinero directas al bolsillo de los ciudadanos forman parte del mayor plan de estímulo aprobado en la historia del Congreso de Estados Unidos para paliar las consecuencias económicas que ha provocado la crisis del coronavirus. Según medios locales, el propio mandatario habría solicitado que su nombre apareciera impreso en las ayudas que recibirán las familias y el Departamento del Tesoro habría accedido. Los adultos recibirán 1.200 dólares y los menores de 17 años, 500. La cantidad es menor para los contribuyentes con ingresos anuales superiores a 75.000 dólares (68.600 euros)".

Sigue el texto: "Un funcionario del Departamento del Tesoro afirmó el martes por la noche a The Washington Post que los primeros cheques -de los cerca de 80 millones que se enviarán- se repartirán a partir de la próxima semana, pero algunos los recibirán recién en septiembre. La mayoría se hará con el dinero a través de una transferencia electrónica para agilizar el proceso. Los que van a recibir el cheque de estímulo físico, por correspondencia, serán aquellos que no tienen una cuenta bancaria o no han actualizado su información en el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). Los cheques forman parte del paquete de estímulo económico de más de dos billones de dólares que aprobó la Casa Blanca después de que la despachara el Congreso".

La ofensiva del Gobierno tiene otro flanco, el educativo. Aprobado general. En el curso del coronavirus solo repetirán los casos realmente excepcionales, más que zotes, rebeldes, según la ministra del ramo, Isabel Celaá y los consejeros autonómicos. La pieza alusiva de El Diario lleva la firma de Daniel Sánchez Caballero: "El curso escolar no se alargará pasado junio haya o no clases, el tercer trimestre se dedicará sobre todo a consolidar conceptos ya dados, los alumnos promocionarán de curso salvo situaciones muy excepcionales y se habilitarán los centros educativos durante el verano para dar clases de refuerzo a quien así lo quiera. Respecto a la Ebau (la Selectividad), ya fijada para principios de julio en la mayoría de las comunidades, la única novedad es que en este momento no existe un plan b para el caso de que no se pueda celebrar por motivos sanitarios. En cuanto a si entrarán o no los contenidos del tercer trimestre, Celaá ha explicado que "el alumno será requerido sobre las materias que efectivamente se han trabajado", y ha negado que vaya a ser más fácil".

La tercera pata de la reacción del Ejecutivo es la última encuesta del CIS, un vidrioso trabajo en el que se avisa a los medios no afectos que en teoría la población está por la censura de aquellas informaciones que no se ajusten al relato oficial. El sondeo ha causado estrépito y hay dudas generalizadas sobre su ajuste a la realidad. En términos generales, el PSOE mantiene su distancia sobre el PP, la peña querría que la oposición apoyara al Gobierno, que lo estaría haciendo lo mejor que sabe.

El quid de la encuesta estriba en las preguntas sobre la libertad de prensa, según explica Ana Belén Ramos en El Independiente: "Uno de los mayores debates ha surgido en torno a la pregunta número 6, que sorprendía planteando que casi dos tercios de los españoles estarían a favor de restringir la libertad de información y sustituir a los medios por 'sólo una fuente oficial de información', una suerte de Ministerio de la Verdad, afirmación que contraviene un principio constitucional básico blindado en el artículo 20 de la Carta Magna".

Continúa la pieza: "La pregunta viene auspiciada por la controversia generada a raíz de la difusión de bulos y fake news que ha capitalizado el debate político en los últimos días, especialmente en redes sociales, si bien Tezanos ha cruzado la línea que separa la prohibición de informaciones engañosas de la mordaza a la libertad de prensa. Esta y otras preguntas, señala el politólogo Pablo Simón, cuentan con un 'sesgo de partida' y 'problemas en la economía del lenguaje', con enunciados 'larguísimos' y 'capciosos' que están 'escritos a propósito para que el que responde pierda la noción de la propia cuestión', no digamos si se añade la variante de que se han realizado por teléfono. 'Es un despropósito integral', añade a esta cuestión César Calderón. 'No sabemos si se está preguntando por prohibir informaciones poco fundamentadas o por prohibir toda la información que no proceda del Gobierno', incide".

Portada del 'ABC' del 16 de abril de 2020

En el ABC aparece otro titular inquietante sobre la materia: "El Gobierno utiliza el estado de alarma para anular al Portal de Transparencia". Escribe Enrique Delgado Sanz: "El Gobierno aprovecha el estado de alarma para neutralizar al Portal de Transparencia. Esta herramienta, destinada a que cualquier ciudadano pida cuentas de su gestión a la Administración, está ahora mismo vacía de contenido. De esta forma, el Ejecutivo no tiene la obligación de informar, salvo que lo quiera hacer 'motu proprio', sobre aspectos tan relevantes como los costes y beneficiarios de los contratos que otorga a empresas del sector sanitario en plena crisis del coronavirus".

Sigue la información: "El día 14 de marzo, el Gobierno decretó el estado de alarma. Mediante la disposición adicional tercera del texto publicado en el BOE, el Ejecutivo tomó la decisión de suspender e interrumpir 'los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público' hasta que el real decreto o sus prórrogas carecieran de vigencia. Es decir, la Administración quedaba parada en pleno, también se estancaban los procesos de transparencia y acceso a la información ya abiertos. Pero Moncloa estableció una salvedad en el punto cuarto de dicho apartado, que permitía activar los mecanismos de las estructuras públicas -entre las que se incluye el Portal de Transparencia- cuando se tratara de responder a cuestiones referidas 'a situaciones estrechamente vinculadas con el coronavirus. En definitiva, no era el momento de preguntar por el coste de los viajes oficiales de un ministro, pero sí se podía pedir al Ministerio de Sanidad que facilitara, por ejemplo, los contratos o el coste de las operaciones de compra de material sanitario suscritos durante estas semanas, unos datos, por otra parte, prácticamente imposibles de conseguir en este escenario".

Cambio de tercio. Cada vez hay más voces a favor de que los niños tengan permisos de salida en esta reclusión mayor. Cunde la impresión de que en este país tan chulo que nos está quedando tienen más derechos los perros que los niños y los ancianos, obligados a mantener un estricto confinamiento mientras las mascotas campan a su antojo por parques y jardines. También está la cuestión de los entierros. La alcaldesa Colau exige que los niños puedan salir a la calle. Rufián, que ya que se tiene que ir a trabajar se puedan oficiar funerales.

La Razón, por su parte, se sube por las paredes con la vulneración del confinamiento de Mariano Rajoy, asunto que parece tener más importancia que la manifestación del 8M. Así, el diario de Planeta muestra hoy una encuesta en la que afirma que el 78,2% reprueba que Rajoy se salte el estado de alarma y un 87,8% de los españoles pide ejemplaridad. Seis de cada diez ciudadanos, dice el sondeo, reclama que se endurezcan las multas contra los infractores.

Por otra parte y en Cataluña, los nuevos criterios contables de la Generalitat elevan el número de muertos por coronavirus a 7.097. Se incluyen los datos proporcionados por las funerarias.

16 de abril, santoral: Benito José Labre, Bernardette Soubirous, Drogón, Engracia, Fructuoso de Braga, Leónidas, Magno de las Órcadas, Optato y Toribio de Astorga.