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Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Artur Mas, en una imagen de archivo, tres de los encausados por el procés a quien el Tribunal de Cuentas pide embargar / EFE

El Tribunal de Cuentas se inclina por embargar a 34 ex altos cargos del Govern por el 'procés'

El fiscalizador del gasto público rechazará el aplazamiento del depósito de las fianzas que pidió la Generalitat de Cataluña y se incautará de los bienes de los encausados

6 min

El Tribunal de Cuentas (TC) se inclina por embargar a 34 ex altos cargos y expolíticos catalanes por los gastos de internacionalización del procés en Cataluña. El fiscalizador del gasto público sopesa rechazar el aplazamiento que pedía el Govern para depositar las fianzas e iniciar los procesos para incautarse del patrimonio de los enjuiciados, entre los que figuran los expresidentes autonómicos Carles Puigdemont y Artur Mas y el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras

Según ha avanzado El País, el TC prevé desestimar la petición de aplazamiento de la formalización del aval que buscaba presentar el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para el Fondo Complementario de Riesgo, el depósito para afrontar las responsabilidades pecuniarias por el desafío independentista en Cataluña. Algunos encausados habían depositado declaraciones de bienes para evitar la acción punitiva, pero el tribunal actuará habida cuenta de que los 5,4 millones de euros que reclama son solidarios. Los pide a lo 34 expolíticos, esto es, deben responder conjuntamente para reintegrarlos. 

Averiguará el patrimonio

Con respecto a los investigados que no han presentado declaración de bienes, el TC enviaría oficios a los registros para averiguar las propiedades, con indicaciones precisas para que se proceda al embargo de las mismas. En paralelo a ello, el fiscalizador esperará a que el ICF remita formalmente el aval anunciado, que no se ha presentado por problemas de tramitación. 

Cabe recordar que el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) aprobó ayer miércoles en su junta de gobierno avalar el Fondo Complementario de Riesgos de la Administración autonómica que, a su vez, debía aportar las fianzas pedidas por el TC. No obstante, la Generalitat de Cataluña pidió un aplazamiento de la fecha, algo que el TC prevé rechazar. Argumenta el tribunal que la Administración autonómica es perjudicada por el supuesto desvío de fondos públicos para internacionalizar la causa del procés, ya que, precisa el fiscalizador, los encausados rebasaron las competencias regionales en materia de promoción exterior. 

Ningún banco quiso avalar

En este sentido, el Govern ha tratado en los últimos días de evitar la toma forzosa de activos del patrimonio de los 34 ex altos cargos activando un fondo de rescate ad hoc. El depósito se ha nutrido de 10 millones de euros públicos, pero el Ejecutivo regional necesitaba que un banco lo avalara y, también, que se contragarantizara desde el Instituto Catalán de Finanzas, que inicialmente tenía solo la encomienda de gestionarlo. No obstante, ningún banco quiso participar en una operación que fuentes financiera ven "muy arriesgada". 

Lo admitió el martes el consejero catalán de Economía y Hacienda, Jaume Giró, quien también descartó utilizar el ICF como avalista directo. Al día siguiente, sin embargo, Giró anunció en el Parlamento catalán que giraba el guion. La financiera pública garantizaría el fondo, lo que significa que pasaba de mero gestor a jugar un papel activo en la polémica por la respuesta a la cantidad que reclama el TC por presunto mal uso de dinero público. 

El ICF, expuesto

De hecho, Giró anunció que había encontrado avalista en el ICF por ofrecimiento de la financiera que dirige Víctor Guardiola. Fuentes cercanas al organismo lo descartaron, y subrayaron que el encargo "venía de arriba", en referencia al Departamento de Economía y Hacienda. Lo que es más, desde que el Govern anunciara la creación del fondo el 6 de julio, el Instituto se ha resistido a que se le coloque como avalista. Ello es así porque se temen represalias penales o administrativas contra los altos cargos del ICF o incluso contra los técnicos que firmen la documentación. 

En paralelo a ello, el ICF ha comenzado un proceso para convertirse en un banco público bajo la denominación de ICF Bank, por lo que la exposición que conlleva participar en una operación política no le interesaba. Ha sido en vano, pues el Govern ha forzado a que la agencia financiera actúe de avalista del fondo de rescate y, por el camino, dinamite sus opciones de convertirse en grupo financiero al uso. La maniobra del Ejecutivo autonómico no habría funcionado, por ahora, por lo que el patrimonio de 34 ex altos cargos, incluido el de dos expresidentes autonómicos y un número dos del Govern --Mas, Puigdemont y Junqueras se habían acogido al fondo, con reservas sobre su eficacia--, queda más cerca del embargo.