El ‘Tribunal de Cuentas catalán’ renunció a investigar la propaganda exterior del ‘procés’
La Sindicatura de Cuentas encargó un informe en 2016 que decayó al año siguiente; nunca se han fiscalizado las oficinas del Govern en el exterior, altavoces del independentismo
2 julio, 2021 00:00A diferencia del Tribunal de Cuentas, que reclama fianzas millonarias para los responsables de la propaganda exterior del procés, la Sindicatura de Cuentas renunció a fiscalizar las “embajadas” del Govern. Este órgano catalán llegó a programar un informe sobre las delegaciones del Govern en el exterior en 2016, pero al año siguiente, coincidiendo con el momento álgido del desafío independentista, decayó sin que se conozca la causa. Nunca se ha abordado el análisis contable de esas oficinas, altavoces del independentismo en todo el mundo
El programa anual de actividades de la Sindicatura correspondiente a 2016, que incluía unos 80 trabajos, introdujo de oficio --es decir, por decisión del pleno-- la fiscalización de las delegaciones de la Generalitat en el exterior. Este órgano acordó que la Síndica Emma Balseiro se hiciera cargo de ese informe, en el que se debía analizar el ejercicio 2011 de esas “embajadas” cuyo número, con el paso del tiempo, fue aumentando hasta llegar a las 15 actuales repartidas por todo el mundo --está previsto abrir sedes en Japón, Australia y Senegal--.
Se da la circunstancia de que la investigación del Tribunal de Cuentas, que reclama 5,4 millones a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas y otra treintena de altos cargos y funcionarios del Govern por los supuestos gastos indebidos en la promoción exterior del procés, arranca en 2011 y culmina en 2017. El órgano español incluyó esta fiscalización en su programa para el año 2018.
Redes paralelas
Todas las comunidades autónomas tienen sus oficinas en el exterior dedicadas a fomentar inversiones extranjeras en sus regiones, así como cerrar acuerdos comerciales. En Cataluña, esa labor es realizada por la red de ACCIÓ, que incluye 40 oficinas y que depende de la Consejería de Empresa. Sin embargo, Cataluña tiene una red paralela, dependiente de la Consejería de Acción Exterior, de la que el Govern apenas ha dado cuenta de sus actividades en sede parlamentaria. De hecho, ningún delegado ha comparecido en la Cámara catalana para explicar sus funciones --la Justicia ha advertido de que no pueden suplantar la actividad diplomática española-- o concretar el gasto que generan.
Ese informe encargado a Balseiro habría arrojado algo de luz sobre este asunto. No obstante, el programa de 2017 de la Sindicatura hizo que decayera [se puede leer en este enlace], también por decisión del pleno de la entidad, sin indicar los motivos.
Fuentes de la Sindicatura consultadas por Crónica Global explican que nunca se especifican los motivos del Programa Anual de Actividades que se envía al Parlament. La fiscalización de las “embajadas” nunca volvió a incluirse en las planes de trabajo de la Sindicatura.
Lo cierto es que ese informe decayó en 2017, año especialmente convulso, pues el procés registró su momento álgido con la aprobación de las leyes de ruptura en las polémicas sesiones del 6 y 7 de septiembre en el Parlament, así como la celebración del referéndum del 1 de octubre, la posterior aprobación de la declaración unilateral de independencia (DUI) y la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
El mandato de Balseiro, que tomó posesión como síndica en 2011 a propuesta del PP, finalizó en 2017 junto a otros tres síndicos, lo que algunas fuentes apuntan como causa de que la Sindicatura renunciara a elaborar ese informe sobre la propaganda exterior del procés que realizan las “embajadas”. En efecto, también en la Sindicatura catalana hay mandatos caducados y sus miembros son elegidos por mayorías políticas.