Imagen de archivo de startups / CG

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Política

España tendrá ley de startups en 2022 con pugna en el Gobierno incluida

El borrador verá la luz en julio tras un retraso de cuatro meses marcado por los recelos entre el Ministerio de Economía y la oficina del Alto Comisionado de la España Nación Emprendedora

2 julio, 2021 00:00

El anteproyecto de ley de startups finalmente verá la luz en julio y está previsto que se apruebe antes de 2022. La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, aseguró ayer que el borrador entrará en fase de consultas públicas este mismo mes como una pieza clave en la estrategia de recuperación económica. Un acelerón importante para una iniciativa que entró en hibernación debido a la pandemia, pero también a las tensiones internas entre las áreas gubernamentales directamente vinculadas con la regulación.

Fuentes del sector consultadas por Crónica Global han apuntado que los recelos entre el Ministerio de Economía y la oficina del Alto Comisionado de la estrategia 'España Nación Emprendedora' explican la tardanza en sacar adelante el documento. Pese a que ambos departamentos niegan que haya habido desavenencias y ponen en valor su trabajo coordinado, interlocutores del ecosistema startupero conocedores de la negociación atestiguan los rifirrafes entre ambas áreas.

Origen del conflicto

En buena medida, el conflicto en el seno del Gobierno parte del origen del proyecto. La ley de startups quedó rubricada como una de las 50 propuestas recopiladas en un libro blanco elaborado por Francisco Polo, titular del Alto Comisionado. El documento trazó las líneas maestras de la normativa en el marco de muchas otras actuaciones tendentes a homologar España con el resto de países europeos en materia de innovación y emprendimiento.

Los inversores aplaudieron el trabajo de Polo. El dirigente se esforzó en recopilar de forma intensa y de primera mano las necesidades de este segmento económico, que ni siquiera cuenta con una definición jurídica en la legislación española. Precisamente por eso, tal y como publicó Crónica Global, voces destacadas del sector mostraron su "decepción" cuando la ley, prevista en marzo, se retrasó por la premura en atajar la crisis sanitaria.

Emprendedores de una startup, en una imagen de archivo / EP

Emprendedores de una startup, en una imagen de archivo / EP

Pugna por la autoría

El atraso se debió a una razón de prioridades, pero también al cambio de liderazgo en la cocina del proyecto. Cuando la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial --dependiente de Economía-- asumió la tarea legislativa, quiso imprimir su sello personal en la propuesta emanada del Alto Comisionado. Una pugna por la autoría que ha estado tras las bambalinas de un objetivo que, pese a todo, dará un impulso fundamental al ecosistema gracias a la actualización de aspectos como la fiscalidad para startups --sobre todo en el capítulo de las stock options y los fondos de inversión-- y el sistema de visados para captar talento.

Cuando este medio quiso saber las razones de este retraso, la secretaría dirigida por Carme Artigas negó la falta de sintonía y atribuyó el aplazamiento a la necesidad de perfeccionar el texto mediante adiciones de otros ministerios. En aquel momento, los colaboradores de Artigas hablaron de una regulación más "ambiciosa" y menos "aspiracional", un enfoque que sin embargo ya era compartido por el equipo de Polo. 

Aprobación a finales de año

El entorno del Alto Comisionado está satisfecho de que la norma tenga un enfoque global y lo plantea como un punto de partida para construir un marco integral para potenciar el emprendimiento. Además, celebran que este expediente no haya sido evacuado mediante un Real Decreto que hubiera incluido únicamente medidas urgentes de carácter parcial.

Eso sí: las palabras de Calviño han cogido por sorpresa a los miembros de la oficina dirigida por Polo, que no han tenido acceso a la última versión del redactado antes de su anuncio. Pese a ello, lo importante es que la normativa está en marcha, señalan estas fuentes, por lo que si se agiliza el procedimiento de lectura doble en las Cortes --una cuestión probable dado el consenso que levanta esta medida entre los grupos políticos--, la ley podría quedar aprobada a finales de año.