Tres ex cargos de CiU, imputados finalmente por el 'caso Adigsa'

El juzgado de instrucción número 3 de Barcelona ha cerrado finalmente -nueve años después de los hechos- la instrucción del caso Adigsa, sobre supuestas irregularidades en esta empresa pública de la Generalitat, dedicada a la vivienda social. Y lo ha hecho imputando por cobrar comisiones ilegales a tres ex cargos de la empresa, todos ellos designados por CiU en la última etapa de los gobiernos de Jordi Pujol, y exculpando al principal dirigente, el diputado autonómico Ferran Falcó, atendiéndose una decisión anterior del Tribunal de Justicia de Cataluña (TSJC).

En su auto, el juez estima que hay "suficientes indicios" para imputar por los delitos de malversación, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental a los ex cargoss de Adigsa Josep Antoni Fondevila (consejero delegado), Jordi Huguet (director técnico), Xavier Sala (responsable económico), al intermediario José María Penín y a tres constructores.

El juez cree que Penín, sin ningún cargo oficial en Adigsa, era el centro de una trama dedicada a rehabilitar inmuebles destinados a protección oficial a cargo de constructores implicados, sin mediar ningún concurso ni tasación, y a un precio por encima del coste real, a cambio de comisiones.

Falcó, exculpado

El auto es prácticamente el mismo que uno anterior de 2007, excepto que ahora no aparece involucrado Falcó, después de que el TSJC -el tribunal competente, en su calidad de aforado autonómico-, anulara en septiembre cualquier imputación del presidente de Adigsa en el momento de los hechos.

La argumentación del TSJC fue que el papel de Falcó era básicamente institucional, y que nunca tuvo conocimiento de las presuntas irregularidades de sus subordinados.

El caso Adigsa, también conocido como caso 3%, arrancó a partir de unas aun recordadas palabras del ex presidente de la Generalitat Pasqual Maragall, que en sede parlamentaria, en 2005, atacó al entonces líder de la oposición, Artur Mas, con la frase: "Ustedes tienen un problema, y este problema se llama 3%", aludiendo a una supuesta comisión cobrada sistemáticamente por la obra pública construída en tiempo de los gobiernos de Jordi Pujol.