El Parlamento autonómico aprueba una nueva ley de horarios comerciales para esquivar al TC

El Gobierno autonómico de CiU, con el apoyo de sus aliados estables de ERC, y en este caso también PSC e ICV-EUiA, ha aprobado este miércoles en el Parlamento autonómico una nueva ley de horarios comerciales, que sustituye a la hasta ahora vigente, de 2004, incluyendo las modificaciones de octubre de 2012. No porque haya quedado obsoleta en este tiempo, sino para intentar blindar la política de horarios comerciales autonómica ante los criterios en la misma materia del Gobierno. Y para sortear la impugnación de la ley anterior ante el Tribunal Constitucional (TC).

El texto, aprobado por 100 votos a favor (CiU, ERC, PSC e ICV-EUiA), 19 en contra -PP y CUP- y 8 abstenciones (C's), fija por ley los horarios marcados en octubre de 2012, sólo con ligeras modificaciones: se mantienen las 72 horas semanales de apertura para la mayor parte de comercios -en contra de lo que fija la normativa nacional, que pone un límite de 90 horas-, pero se aumentan de ocho a 10 los festivos anuales de apertura comercial, coincidiendo, en este caso, con la legislación nacional -que fija la cifra mínima de 16, con caracter general, pero precisando que las CCAA pueden rebajarlo hasta 10-.

Esta última modificación representa una cesión, incluida en el texto por recomendación del Consejo de Garantías Estatutarias, que había alertado -en un dictamen solicitado por el PP catalán- que, en caso contrario, la ley podría infringir la Constitución.

La ley aprobada hoy establece exenciones en esta limitación de horarios: los establecimientos de alimentación no pertenecientes a cadenas de menos de 150 metros cuadrados -en la normativa nacional son 300 metros cuadrados, y no se limitan a la alimentación-, y los comercios situados en zonas turísticas.

Esquivar al TC

Con esta nueva ley, el Gobierno autonómico pretende sortear una tensa situación que se alarga desde abril del año pasado. Entonces, el Gobierno impugnó ante el TC tres artículos del decreto autonómico aprobado en octubre, considerando que vulneraba la ley nacional, aprobada en julio.

La normativa catalana sigue suspendida ahora -el TC todavía no ha tomado una decisión definitiva-, y algunos comercios -especialmente, grandes cadenas- habían desafiado a la Generalitat abriendo según el horario que marca la ley nacional.

El texto aprobado proclama que quiere "preservar el modelo comercial catalán", los derechos de los trabajadores a la conciliación con la vida familiar y el de los ciudadanos a disponer de una oferta diversificada en un entorno a proximidad y con referencias claras sobre las características y la procedencia de los productos en periodos de rebaja y outlets.