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Quim Torra, presidente de la Generalitat, ante una imagen del 1-O en 2017 / CG

Torra se carga la negociación con los Mossos para repetir las imágenes del 1-O

El Gobierno teme que la Generalitat busque la asfixia sindical para provocar una “gripe azul” o bajas masivas el 21D; “Necesitan argumentos para sostener el discurso procesista”, afirma

14.12.2018 00:00 h.
7 min

No le ha pasado desapercibido al Gobierno español que el independentismo se está quedando sin argumentos y necesita agitar a sus bases. Y el 21D, fecha en la que está prevista la reunión del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez en Barcelona, el activismo radical, liderado por los autodenominados comités de defensa de la república (CDR), ha anunciado movilizaciones.

Este activismo radical cuenta con el apoyo del presidente catalán, Quim Torra, quien, por el contrario, da la espalda a quienes tienen que garantizar la seguridad ese día, los Mossos d’Esquadra. No solo desoye sus reclamaciones laborales –altos cargos de la Consejería de Interior se levantaron ayer de la mesa de negociación--, sino que, además, ha anunciado que abrirá expedientes disciplinarios por las cargas contra los CDR durante el Día de la Constitución.

El mensaje de los agentes de los Mossos d'Esquadra en Interior

Según ha podido saber Crónica Global, cargos policiales del Ministerio del Interior temen que la cúpula de la Consejería esté buscando la repetición de las imágenes del referéndum del 1 de octubre de 2017, cuando la pasividad de los agentes de los Mossos forzó la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Las imágenes han sido reiteradamente utilizadas por el aparato mediático del independentismo e invocadas por el Govern para arremeter contra el “Estado opresor”.

14.000 agentes operativos y una "gripe azul"

Estos responsables consultados por este medio creen que el Govern “se está quedando sin argumentos para sostener el discurso procesista”. De ahí la necesidad de provocar más agitación. Y eso pasaría por “estrangular a los Mossos a nivel sindical” y romper las negociaciones sobre sus derechos laborales. De esta forma, se estaría abocando a los 14.000 agentes operativos (de los 17.000 existentes) a apoyar una “gripe azul”, en referencia al color del uniforme de los Mossos y a las bajas que los sindicatos proponen de forma masiva para el 21D en protesta por su precariedad laboral y la politización a la que son sometidos por parte de una cúpula de Interior muy ideologizada.

La policía autonómica no tiene derecho a hacer huelga, lo que unido al plante sufrido por parte de los cargos del Departamento de Interior, que se levantaron de la mesa de negociación sin concretar mejoras para los agentes, ha elevado la crispación dentro de este cuerpo.

Imagen del cartel amenazante de los CDR contra el Consejo de Ministros de Barcelona el 21 de diciembre / TWITTER

Imagen del cartel amenazante de los CDR contra el Consejo de Ministros de Barcelona el 21 de diciembre

“Si se dan de baja el 21D, los CDR podrán actuar impunemente, el Consejo de Ministros se convertirá en una zona de guerra y será necesaria la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado”, señalan estas fuentes.

Un 155 o el estado de alarma de Rubalcaba

Por su parte, fuentes sindicales de los Mossos aseguran que “lo que pueda ocurrir el 21D es imprevisible, los escenarios están muy abiertos, pero está claro que la Consejería está actuando con una gran irresponsabilidad”. No descartan que Torra busque una nueva aplicación del artículo 155 de la Constitución –intervención de la autonomía— algo que, de momento, no entra dentro de los planes del Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, apuntan otra vía: el estado de alarma que, por primera vez en democracia, declaró el Ejecutivo español. Ocurrió durante el puente de la Constitución de 2010 y fue el entonces vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez-Rubalcaba, quien lo aplicó a causa de la huelga de controladores, que quedaron bajo las órdenes de la autoridad militar. De esta forma, si no acudían a trabajar, podría ser castigados con pena de prisión.

Concentración de miembros de sindicatos de Mossos d'Esquadra / EFE

Concentración de miembros de sindicatos de Mossos d'Esquadra

De hecho, el Código Penal establece explícitamente las consecuencias de “invadir violentamente o con intimidación el local donde esté constituido el Consejo de Ministros o un consejo de gobierno de una comunidad autónoma”. Lo indica el artículo 503, que contempla penas de entre dos y cuatro años “salvo que los hechos sean constitutivos de otro delito más grave”.

"No podemos garantizar la seguridad"

Lo cierto es que, ayer, durante un encierro en la sede de la Consejería de Interior, los delegados sindicales de los Mossos aseguraron en un vídeo distribuido en las redes sociales que no pueden “garantizar la seguridad del país”, en referencia a la falta de recursos y a su intención de mantener las protestas y movilizaciones. Por la tarde, agentes de la policía catalana cortaron la avenida Diagonal. El miércoles ya se manifestaron en el centro de Barcelona.

Por el contrario, el consejero Miquel Buch asegura que la seguridad del 21D está garantizada. El Consejo de Ministros se celebrará en la Casa Llotja, sede de la Cámara de Comercio de Barcelona. Pero el Gobierno no acaba de fiarse y ha anunciado que enviará unos 1.000 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y la Guardia Civil en comisión de servicio a Cataluña, en su mayoría antidisturbios.