El independentismo catalán se suma al escrache al Tribunal Supremo

El independentismo catalán participará en la concentración que varias asociaciones de toda España preparan para el próximo 15 de diciembre en Madrid bajo el lema "No hay Justicia" con la finalidad de denunciar la regresión democrática de las instituciones judiciales españolas. La protesta tendrá lugar ante las sedes del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, que han instruido las causas del procés. Entre los impulsores de la participación catalana figuran Jaume Alonso-Cuevillas, abogado de Carles Puigdemont, y Laura Masvidal, compañera del exconsejero de Interior Quim Forn, actualmente en prisión preventiva. Lo hacen a través de la Associació Clam per la Llibertat y en el marco de la campaña anunciada por el presidente Quim Torra contra la justicia española.

El manifiesto "No hay Justicia" denuncia las diferentes resoluciones por parte del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional que suponen “una vulneración de los derechos civiles y políticos a la ciudadanía. Esta dinámica genera una gran indefensión, alarma social y una creciente falta de confianza en el poder judicial”.

El llamamiento a la concentración "No hay Justicia"

Las entidades firmantes secundan esta concentración conscientes de que “se está criminalizando la disidencia y abriendo insólitos procesos penales tanto en Cataluña, como otros procesos de represión a personas de Andalucía, Madrid, La Rioja... que se imponen penas de cárcel a personas que participaban en protestas pacíficas, y procesos en los que se están vulnerando el derecho a la libertad de expresión y manifestación”. En el caso catalán, se denuncian las resoluciones judiciales sobre la consulta del 9N y el referéndum ilegal del 1-O, los juicios políticos por rebelión, así como la ficción de la violencia y la persecución del independentismo.

"Déficits democráticos que se arrastran desde el franquismo"

Por ello, esta plataforma ha convocado para el sábado 15 de diciembre, en Madrid, una concentración ante el Supremo y la Audiencia Nacional “para denunciar los déficits democráticos que se arrastran desde el franquismo”. La organización fletará autobuses que saldrán de distintos puntos de España. Desde Barcelona, el precio es de 40 euros.

Según indica el manifiesto, “la judicialización de la política ha permitido durante años que el Gobierno español actúe a través de la Fiscalía para combatir modelos sociales y económicos alternativos, la disidencia política, prohibiendo mecanismos de consulta y participación popular, actuaciones que son un grave atentado contra los derechos civiles y políticos y que debilitan, cada día más, la calidad democrática”.

Recuerdan que “sólo en Cataluña hay más de 1.200 personas imputadas e investigadas, más de 700 son autoridades locales y otros cargos electos, los cuales han visto gravemente afectados sus derechos individuales y colectivos por actuaciones pacíficas y no violentas en el ejercicio de su cargo. Aunque todavía no se han celebrado los juicios y por lo tanto todo el mundo debería tener el derecho de presunción de inocencia, la acción de la justicia española está comportando prisión incondicional sin fianza, inhabilitaciones preventivas e injerencias graves en el funcionamiento de las instituciones (Parlament y ayuntamientos), vulnerando el resultado de las elecciones”.