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El presidente de la Generalitat, Quim Torra / EFE

Torra informa a la Junta Electoral Central de que hará caso omiso a su inhabilitación

El presidente de la Generalitat argumenta que, en cuanto reciba la resolución, pedirá medidas cautelarísimas al Tribunal Supremo

Gerard Mateo
2 min

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha comunicado a la Junta Electoral Central (JEC), por medio de carta, que hará caso omiso al acuerdo de este órgano para inhabilitarlo de sus funciones. En un documento, el dirigente autonómico argumenta que, en cuanto reciba la resolución de suspensión, acudirá al Tribunal Supremo a pedir medidas cautelarísimas contra esta decisión de la JEC.

En el escrito reprocha a la JEC que solo ha recibido un avance de su resolución, "pero aún no se dispone aún del texto completo ni de los votos particulares anunciados". Considera, asimismo, que el acuerdo "supone una vulneración de los derechos fundamentales" de Torra, que recuerda que ya pusieron de manifiesto en las alegaciones y el recurso interpuesto.

El Parlament 'salva' al presidente

Sobre la decisión de la JEC añade que es un acto "radicalmente nulo e ineficaz" y que "vulnera derechos fundamentales protegidos por la Constitución y el Convenio Europeo de los Derechos Humanos". En esta línea, solicita que este órgano electoral "suspenda" la "ejecución" de su inhabilitación para "no vulnerar" su derecho a la tutela judicial efectiva, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que "excluye la ejecución material de cualquier acto de gravamen mientras no se haya efectuado un control judicial de estos e impone la suspensión automática".

La JEC acordó la retirada del acta de diputado a Torra el 3 de enero después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenase al presidente autonómico por desobediencia. Sin embargo, la resolución judicial, conocida el 19 de diciembre, no es firme. Del mismo modo, la respuesta del president llega después de que el Parlament rechazase en un pleno de urgencia las medidas impuestas por la Junta Electoral Central, hecho que JxCat, ERC y CUP calificaron de "golpe de Estado".