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El Síndic Ribó afea a la justicia que garantice los derechos de los castellanohablantes

El 'defensor del pueblo' autonómico cree que el fin de la inmersión les perjudica y afirma que "no es el poder judicial quien debe determinar la definición del modelo lingüístico escolar" de Cataluña

La sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que da la razón a más de 1.600 familias que defienden un sistema educativo bilingüe en Cataluña no es del agrado del Síndic de Greuges. El equivalente al defensor del pueblo autonómico, Rafael Ribó, ha cargado con dureza este martes contra la orden --ya irrevocable y de obligado cumplimiento-- de impartir al menos un 25% de las clases en castellano, pues entre otras razones argumenta que esta medida perjudica a los castellanohablantes.

Ribó continúa defendiendo la inmersión lingüística obligatoria en catalán impuesta por la Generalitat en las tres últimas décadas, y cree que ningún otro poder debe interponerse en su camino. Así, a pesar de las denuncias ciudadanas, considera que "no es el poder judicial quien debe determinar la definición del modelo lingüístico escolar" de Cataluña, según afirma en un largo comunicado difundido apenas 24 horas después de que el tribunal diera a la Consejería de Educación un plazo máximo de 15 días para ejecutar la sentencia.

Cree que el fin de la inmersión perjudica "el bilingüismo social"

A pesar de que ésta garantiza que al menos una cuarta parte de las materias se impartan en una de las dos lenguas oficiales de la autonomía, Ribó está convencido de que eso "erosiona la vehicularidad del catalán" y de que la introducción del castellano perjudica "al alumnado castellanohablante" y al "bilingüismo social".

En línea con los argumentos del nacionalismo gobernante en Cataluña, el defensor del pueblo autonómico sostiene que "el modelo lingüístico escolar en Cataluña ayuda a reducir desigualdades educativas en el aprendizaje de las lenguas oficiales", ya que a su modo de ver "el nivel de competencia en castellano del alumnado catalanohablante es más elevado que el nivel de competencia en catalán del alumnado que habla otras lenguas".

Contra la intervención de la justicia

Según Ribó, el mecanismo para garantizar la vehicularidad del catalán y el castellano que plantea la justicia "no tiene en cuenta" los criterios sociolingüísticos ni criterios pedagógicos que, según él, deberían guiar la toma de decisiones políticas en esta materia.

Para el Síndic de Greuges, fijar mediante resolución judicial un modelo lingüístico basado en porcentajes mínimos "limita y condiciona la capacidad de los centros escolares de trabajar a través de su práctica educativa el objetivo de la equidad en el dominio de ambas lenguas oficiales".

Propuestas para "consolidar" la inmersión

En este sentido, Ribó --con su mandato caducado tras casi 18 años en el cargo, y cuestionado por la oposición por su afinidad al nacionalismo catalán y sus dirigentes-- se permite pedir al Parlament y a la Consejería de Educación de la Generalitat que "adopten las medidas legislativas y políticas necesarias para consolidar el modelo lingüístico escolar en Cataluña y que garanticen la presencia del catalán como lengua normalmente utilizada en la enseñanza como instrumento básico para a su normalización entre el conjunto del alumnado". El Síndic de Greuges sí da, en este caso, legitimidad a estos dos poderes para establecer "los criterios pedagógicos y sociolingüísticos que correspondan para los centros para determinar la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza en función del contexto y de los usos lingüísticos del alumnado en el aula, en el centro y en el entorno, desde una concepción holística de la vehicularidad".