El pasado miércoles, el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, y la presidenta de la Fundación Pasqual Maragall, Cristina Maragall --hija del expresident--, criticaron duramente al Síndic de Greuges, Rafael Ribó. El motivo, incluir el nombre de Maragall entre los expresidentes de la Generalitat y del Parlament que firmaron un texto --a propuesta del propio Ribó-- que exige al Tribunal Supremo la liberación de los independentistas que están en prisión preventiva de cara al juicio por el procés.

Padrós --pese a ser un reconocido secesionista, exdiputado de CiU y entregado usuario de las redes sociales, de los que hace ostentación del lazo amarillo-- le recriminó a Ribó el uso torticero de una persona que padece Alzheimer desde hace más de una década con fines políticos. “Estoy muy a favor del contenido de la carta de los expresidentes de la Generalitat en favor de la excarcelación de los presos políticos, pero como médico no puedo aceptar que se utilice al presidente Maragall que se encuentra afecto de una enfermedad que le incapacita para tomar decisiones. [...] El estado actual de la enfermedad que padece no le permite tomar ninguna decisión de esta trascendencia. Es un principio ético”, denunció, antes de recibir el apoyo público de Cristina Maragall.

Reincidente en la utilización de Maragall

Hace solo un mes, lideró otra iniciativa similar para pedir a los independentistas en prisión preventiva que abandonaran la huelga de hambre que habían iniciado tres semanas antes para denunciar una situación que consideraban injusta. En aquella ocasión, el Síndic también utilizó el nombre de Pasqual Maragall. Y la petición logró su objetivo pues, horas después, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn anunciaron que abandonaban la protesta.

Sin embargo, esta no es la primera vez que a Ribó le pierde su activismo nacionalista. De hecho, toda la trayectoria política de Ribó ha estado marcada por la defensa de los postulados nacionalistas y el combate sin tregua de los que se han opuesto a ellos, a pesar de militar en formaciones de izquierdas o ejercer responsabilidades institucionales --como la de defensor del pueblo autonómico-- que exigen imparcialidad y neutralidad ideológica.

Casi 40 años de sueldos públicos

Rafael Ribó Massó (Barcelona, 1945) ingresó en el PSUC en 1974. Tres años después accedió al comité central y llegó a ser secretario general de la formación comunista entre 1986 y 1997, además de presidente de ICV (1987-1995 y 1996-2000).

Desde 1980 hasta la actualidad --cerca de 40 años-- ha cobrado un sueldo público de forma casi ininterrumpida. Entre 1980 y 1993 fue diputado en el Parlament, después pasó dos años en el Congreso y regresó a la cámara autonómica en 1995, donde se mantuvo como parlamentario hasta 2003. En 2004 fue nombrado Síndic de Greuges con los votos de PSC, ERC, ICV y PP, y con la abstención de CiU. Seis años después, en 2010, fue reelegido por un mandato adicional de nueve años. Para entonces ya logró granjearse el apoyo de CiU.

Premio al que le perpetuó como Síndic

En 2009, unos meses antes de su reelección, el diputado del PP Xavier Vendrell promovió una enmienda a la reforma de la Ley del Síndic de Greuges que se estaba tramitando en el Parlament por la que se ampliaba su mandato a nueve años, y que permitió a Ribó --que en el momento de su renovación contaba con 65 años-- garantizar su continuidad al frente de la institución hasta cumplir los 74. El último sueldo asignado al cargo es de 129.057,88 euros anuales, que le permite con la máxima autonomía un presupuesto de más de seis millones de euros --con diferencia, el mayor de todos los defensores del pueblo autonómicos- y alrededor de 70 empleados.

Curiosamente, a los pocos meses de su renovación --en septiembre de 2010-- Ribó fichó al popular Vendrell como director de consumo y territorio. Hoy, a sus 70 años de edad, sigue en la institución como director de relaciones con entidades y empresas. Su sueldo es de 91.975,38 euros anuales.

La polémica de los viajes

En 2012, Ribó estuvo en el centro de la polémica debido a sus frecuentes viajes por todo el mundo a cargo del erario público. Durante los dos años anteriores, el Síndic realizó más de medio centenar de desplazamientos internacionales, entre otros destinos, a Islas Bermudas, Canadá, Colombia, Estonia, México, Grecia, Argentina, Noruega, China, Italia, Turquía, Suiza, Uruguay, Finlandia, Kazajistán y Zambia. Normalmente acompañado por personal de su oficina.

El Síndic alegó que los viajes se debían a las responsabilidades asociadas al cargo de presidente del capítulo europeo del Instituto Internacional del Ombudsman (IOI) que entonces ostentaba --y desde entonces no ha dejado de ocupar puestos de dirección en la institución--. A pesar de las duras críticas que recibió de la oposición, Ribó salió indemne del escándalo.

En contra del bilingüismo escolar

Como Síndic de Greuges, Ribó ha sido especialmente beligerante en defensa del modelo de inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán, a pesar de que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han sentenciado en reiteradas ocasiones que se trata de un sistema ilegal que debe sustituirse por otro de conjunción lingüística, en el que castellano y catalán convivan como lenguas vehiculares de la enseñanza de forma razonablemente equilibrada.

En 2005, poco después de acceder a la institución, Ribó anunció al entonces Defensor del Pueblo español, Enrique Múgica, que actuaría para proteger la inmersión y le instó a no inmiscuirse en cuestiones de política lingüística en Cataluña. Semanas antes de que el TC dictase la sentencia de 2010 sobre el Estatut, el Síndic advirtió al alto tribunal de que la inmersión era intocable. En 2015 rechazó la cuota mínima del 25% de clases en castellano que estableció el TSJC y se opuso a que el Congreso pudiera regular el marco lingüístico educativo en Cataluña. Y a principios de 2018, en plena aplicación del 155, volvió a lanzar un comunicado alertando al Gobierno de que no podía tocar el modelo lingüístico de la enseñanza. Siempre que ha tenido oportunidad, el Síndic se ha pronunciado en contra del bilingüismo escolar equilibrado y ha ignorado las quejas de los padres de alumnos que han protestado al respecto. De hecho, Ribó ha sido tan activo en esta cuestión que en 2014 incluso promovió la creación de la Asociación Internacional de Comisarios de Lengua (IALC), entre otros objetivos, para defender la inmersión. En 2015, se pronunció contra las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Lleida --tras un acuerdo del PSC y Cs-- para aplicar el bilingüismo de forma rigurosa en todas sus comunicaciones y señalizaciones. En 2016, avaló el monoligüismo en catalán de la Generalitat en sus comunicaciones. Y el año pasado, tras estallar el escándalo de los casos de adoctrinamiento escolar en relación al 1-O, el Síndic se apresuró a elaborar un informe de 166 páginas para desacreditar las versiones de los denunciantes.

Muleta del Govern en el ‘procés’

Ribó actuó como muleta del Govern en su camino hacia el referéndum secesionista del 1-O. En abril de 2017, presentó un informe en el que acusaba al Estado de generar “regresiones en derechos y libertades en Cataluña”. En este sentido denunció “restricciones del derecho a la libertad de expresión que afectan el conocido como proceso soberanista”, filtraciones de casos de corrupción de políticos catalanes y “una operación policial y de inteligencia encubierta contra el proceso soberanista en Cataluña” lo que suponía, a su juicio, un “deterioro de la calidad democrática” española.

En septiembre de 2017, denunció ante organismos europeos “las graves vulneraciones de derechos y libertades fundamentales que se están cometiendo en Cataluña y en todo el Estado español” para impedir el procés. Arremetió contra la fiscalía por promover actuaciones penales contra los promotores del referéndum, tildó de ataque a los derechos humanos las multas del TC a los miembros de la ilegalizada Sindicatura Electoral del referéndum, acusó al Gobierno de suspender e intervenir el autogobierno “de forma ilegal e inconstitucional” mediante el control de los gastos de la Generalitat, y acusó a la policía de realizar detenciones sin “garantías”, de incurrir en “abusos” en los registros y de cometer “atentados y amenazas sobre la libertad de información y de comunicación”. También rechazó las advertencias de la Fiscalía de Menores sobre la participación de menores en manifestaciones independentistas en horario lectivo.

Aval al referéndum ilegal del 1-O

Ribó no dudó en señalar que, pese a estar suspendido, el referéndum no era ilegal y que las actuaciones del Estado le retrotraían a la “dictadura” (época en la que su padre, Xavier Ribó Rius, ejerció de agente de cambio y bolsa tras haber sido secretario personal de Francesc Cambó). El 1 de octubre de 2017 el Síndic se apresuró a anunciar que investigaría las cargas policiales durante el referéndum. Unas cargas que aseguró que se produjeron cuando no había “ni el más mínimo alboroto” y que demostraban un “escaso respeto a los derechos humanos”. Además, consideró que la votación ilegalizada era un acto de “libertad de expresión, reunión y manifestación”. Poco después del encarcelamiento del presidente de la ANC Jordi Sànchez, el Síndic acudió a visitarlo a la cárcel. Cabe destacar que Ribó fichó a Sànchez como su adjunto en 2010 (a pesar --o precisamente por ello-- de su pasado como dirigente de la organización radical Crida a la solidaritat en defensa de la llengua, la cultura i la nació catalanes), un cargo que mantuvo hasta 2015 (con un sueldo superior a los 100.000 euros anuales) cuando asumió el liderazgo de la entidad nacionalista.

En mayo de 2018, Ribó presentó un informe en el que denunciaba que el Estado español había vulnerado “derechos fundamentales” en sus actuaciones del 1-O, en las detenciones de los promotores del procés y la aplicación del artículo 155. Además, ha exigido la liberación de los encarcelados --a los que califica de “presos políticos”--, ha salido en defensa de la exhibición de lazos amarillos en las fachadas y el interior de los edificios públicos, y ha pedido al Consejo de Europa que envíe "observadores" al juicio del procés.

Un comunista burgués

En cualquier caso, Ribó no ha tenido ningún problema en encajar su trayectoria política en el ámbito de la izquierda y del comunismo con su pertenencia a una familia burguesa y acomodada (que le permitió ir a Nueva York en pleno franquismo para cursar un máster en Ciencia Política por la New School for Social Research). Y ha logrado salir ileso de los escándalos familiares que le han rodeado, como el de su hermano Ignasi y su cuñada Rosa Garicano. Incluso llegó a admitir, tras la confesión de Pujol, que hacía años que conocía irregularidades del expresident.

Y es que a Ribó no le ha ido mal en la Cataluña autonómica que tanto se ha dedicado a criticar. Según su última declaración de bienes, de junio de 2015, el Síndic posee dos viviendas (una en Barcelona adquirida en 2001, de la que es propietario al 50% y cuyo valor catastral asciende a 123.190 euros, y otra en Girona adquirida el mismo año, de la que ostenta el 75% de la propiedad y con un valor catastral de 123.272 euros) además de dos vehículos y más de 600.000 euros en fondos de inversión, de pensiones y acciones.