La plataforma Escuela de Todos, de la cual forman parte entidades como Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), y que ha conseguido la ejecución de la sentencia firme para que al menos un 25% de clases se impartan en castellano en el sistema educativo de Cataluña, ha advertido de las consecuencias legales que puede tener el incumplimiento de este mínimo legal para todas las partes implicadas. Entre ellos, para los dirigentes de la Generalitat, después de que el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, insinuara ayer una posible desobediencia apuntando que el año que viene "se hablará aún más catalán" en las aulas.

En este sentido, el presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, ha explicado que el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) establece que los directores de las escuelas no pueden hacer objeción de conciencia ni mentir en su respuesta a la consejería, ya que si lo hicieran incurrirían en falsedad de documento oficial, un delito penado con prisión: "Eso tiene un riesgo", ha señalado.

Por ello, la AEB les dirigirá una carta informándoles del contenido de la decisión judicial y de las "consecuencias negativas" que pueden acarrear para ellos si no cumplen con el mandato que les llegue, a priori de la Conselleria.

"Somos muy cuidadosos con la acción penal, es la última ratio", ha aclarado el abogado barcelonés, añadiendo que explorarán las opciones legales a su alcance si ven que el conseller Gonzàlez-Cambray incurre en desobediencia --si no responde a la orden del TSJC-- o bien en prevaricación si su respuesta va en contra de la sentencia. Si esto ocurre, Escuela de Todos "emprenderá las acciones pertinentes".

Domingo, por otra parte, ha destacado que el recurso de reposición anunciado ayer lunes por Gonzàlez-Cambray no suspende la ejecución de la sentencia, de manera que incluso si termina acudiendo en casación al Tribunal Supremo (TS), lo que estará bajo debate será la legitimación de la AEB para pedir la ejecución de la sentencia, pero no la aplicación del 25% mínimo de castellano. "Pediría seriedad y que asuman la realidad. Esto es inmodificable", ha enfatizado el jurista.

En este sentido, Domingo considera "relativamente fácil" que el conseller cumpla con la orden del tribunal, porque tiene que emitir una orden a los centros, pedirles que le contesten y reclamar también a la inspección educativa catalana que supervise el cumplimiento de la sentencia.

Sobre la escasez de efectivos de la Alta Inspección Educativa, el abogado ha afirmado también que ésta no puede ser un argumento pues la información a los centros se puede pedir, como le exige el tribunal, incluso por correo electrónico.

Domingo, por otra parte, ha acusado a PSC, ERC, JxCat y En Comú Podem de "mentir" con la propuesta de modificación de la Ley de Política Lingüística que han registrado en el Parlament --pendiente de aprobar--, porque aunque en la misma se aluda al castellano como lengua también "de aprendizaje", el mínimo legal de 25% es obligatorio e ineludible.

Losada (AEB): "Todo son ventajas para los alumnos"

Por su parte, la presidenta de la AEB, Ana Losada, ha destacado que el fin de la el fin de la inmersión lingüística monolingüe obligatoria en catalán "sólo supondrá ventajas para los alumnos, como formarse en las dos lenguas oficiales en Cataluña", y ha celebrado que los alumnos castellanohablantes "ya no serán tan vulnerables al fracaso escolar en comparación con los catalanohablantes".



Asimismo, Losada ha recordado que la AEB "está enviando cartas a los centros educativos que no están dispuestos a cumplir la sentencia informándoles de las ventajas de ésta, así como de sus responsabilidades y de las consecuencias de no acatar la ley".

Fin del monolingüismo en catalán

En el acto también ha participado el vicepresidente de Societat Civil Catalana (SCC), Álex Ramos, que ha afirmado que la sentencia del TSJC "permitirá que el castellano también se normalice en las aulas catalanas", y ha dado por seguro que la normativa "pondrá fin al modelo de monolingüismo de la educación catalana".



Por último, el presidente de la Asociación por la Tolerancia, Carlos Bastel, ha subrayado que la sentencia es "una demostración de que el nacionalismo puede ser derrotado" y que "dejará atrás las discusiones que separan a la sociedad en materia educativa".