El Síndic del 'procés', el defensor del pueblo mejor pagado de España

Si hay una figura que a lo largo de los últimos años ha sido cuestionada por su claro sesgo favorable a los postulados del nacionalismo catalán, en general, y de los dirigentes secesionistas de la Generalitat de Cataluña en particular, ese ha sido el Síndic de Greuges. La falta de imparcialidad institucional de Rafael Ribó ha sido denunciada en un sinfín ocasiones desde la oposición parlamentaria, la última de ellas, hace apenas una semana, cuando presentó en la Cámara su informe de 2019, bien entrados ya en 2021. Y ello, a pesar de ser el defensor del pueblo mejor pagado de España, con un salario de 129.373 euros anuales, según datos actualizados en su web en abril.

El sueldo del Síndic catalán supera no sólo al de sus otros ocho homólogos autonómicos --de los cuales, los que más se le acercan son el valenciano, el gallego y el ararteko vasco, con emolumentos algo inferiores a los 100.000--, sino incluso al estatal. La retribución del defensor del pueblo español es de 128.341 euros al año, aunque en la actualidad el cargo está vacante. Quien ejerce en funciones es Francisco Fernández Marugán, en calidad de adjunto primero, con unos ingresos de 119.659 euros al año, según detalla su portal de transparencia.

Casi siete millones de presupuesto

El Síndic catalán dispone para este 2021 de un presupuesto de 6.817,143 euros, algo menos de la mitad que el Defensor del Pueblo español (15.529.200). Lo cual deja en evidencia una clara desproporción, pues la cantidad de habitantes del conjunto del país --unos 47 millones de habitantes-- es unas seis veces superior a la de sólo Cataluña, con 7,6 millones.

Con una plantilla de 70 personas, la mayor parte de los gastos del Síndic se destinan a personal: en concreto 5.947.413 euros. Además de Ribó, otros dos altos cargos disfrutan de la condición de cienmileurista en su oficina: su adjunto general (113.103,34 euros) y su adjunta para la defensa de niños y adolescentes (103.190,92). El resto del equipo directivo del Síndic percibe un sueldo de 94.044,44 euros.

Sueldo superior al del presidente del Gobierno

Todos estos altos cargos del Síndic superan, por tanto, el sueldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuyo salario en 2020 fue de 84.845 euros, según se refleja en el Boletín Oficial del Estado (BOE): lo cual supone, en su caso, casi la mitad de lo estipulado en Cataluña para el president de la Generalitat (153.235 euros) o la presidenta del Parlament (155.570 euros), y también inferior al de otros casi 200 altos cargos del Govern independentista.

Entre las partidas presupuestarias del defensor del pueblo catalán figuran algunas como 35.000 euros para “dietas, locomoción y traslados”, 125.630 para “estudios y dictámenes” o 123.000 para “limpieza y saneamiento”.

Bienes y rentas

Según consta en su declaración de bienes patrimoniales, firmada el 26 de junio de 2015, Ribó tenía en aquellas fechas 5.300 euros en rentas de depósitos y acciones; 54.899 euros en cuentas corrientes o de ahorros; y declaraba dos viviendas: una habitual en Barcelona, al 50%, valorada en 123.191 euros, y una segunda residencia en Girona, al 75%, valorada en 123.272 euros. Además, también disfrutaba, entre otros, de un fondo de pensiones con un valor de 265.588 euros, una renta variable nacional e internacional de 241.723, un fondo de inversión de 69.425 euros y 24.000 euros en participaciones en Baix Empordà S.L. Asimismo, tenía una hipoteca, concedida en 2001, de 240.000 euros, con un saldo pendiente de 78.800. Y declaraba dos vehículos: un Saab 95 y un Smart, ambos de segunda mano.

Viajes por todo el mundo

Entre los dispendios y actuaciones más controvertidas del Síndic catalán figuran sus numerosos viajes. En apenas un par de años años, Ribó llegó a hacer medio centenar de desplazamientos por todo el mundo, una cantidad cuestionada habida cuenta de que su función se circunscribe a Cataluña. Según Ribó, sin embargo, no todos fueron a cargo del Síndic, pues muchos los pagaban las organizaciones que lo invitaban en su condición de ombudsman europeo.

Ya en septiembre de 2019, Ribó tuvo que comparecer ante el Parlament para dar explicaciones por haber viajado gratis a dos finales de Champions del Barça en 2009 y 2015, a las que se desplazó junto a su mujer y su hija junto a otras personas en un avión fletado y costeado por Jordi Soler, un empresario investigado por las mordidas del 3% de Convergència (CDC). Ante este hecho, el defensor del pueblo catalán negó tener ninguna relación con él ni saber quién era, y se escudó diciendo que fue un “error y un exceso de confianza” por su parte aceptar la invitación.

Sea como fuere, también resultó polémico el hecho de que Ribó se llevara en 16 viajes oficiales de 2019 a su pareja sentimental, la directora de gabinete del Síndic Judith Macaya, tal y como informó Crónica Global a finales del año pasado. Unos desplazamientos a destinos como Luxemburgo, Bruselas, Riga, Zagreb y Ljubljana, o incluso mucho más lejanos como Toronto, Nueva York y Washington, entre otros, y cuyo coste ascendió a 34.000 euros.

Falta de imparcialidad

Mención aparte merece la labor como Síndic de Greuges por parte de Ribó, que a sus casi 76 años, y tras 17 en el cargo --con su mandato caducado desde hace dos--, esta misma semana solicitó a la Mesa del Parlament que le buscara un relevo, para lo cual se necesita que dos terceras partes de la Cámara consensúen a su sucesor.

A pesar de que la función institucional del Síndic se define como “políticamente independiente”, y de tener entre sus funciones “atender las quejas de todas las personas que se encuentran desamparadas ante la actuación” de las Administraciones y velar por el “buen funcionamiento” del Ejecutivo autonómico, en la práctica, el mandato de Ribó se ha caracterizado por sus posicionamientos afines al nacionalismo --entre ellos, su defensa de la inmersión lingüística y su rechazo al bilingüismo escolar-- y su falta de imparcialidad política. Así lo ha denunciado la oposición parlamentaria en un sinfín de ocasiones, la última vez, hace poco más de una semana, cuando presentó su informe ya desfasado de 2019. Un retraso que generó las quejas de los partidos constitucionalistas, así como también sus continuos alineamientos a favor de los líderes secesionistas que llevaron a cabo el referéndum ilegal del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia (DUI) de Cataluña en octubre de 2017.

"Sobrecoste" de la sanidad catalana

En dicha comparecencia ante la Cámara, el pasado 29 de abril, Ribó calificó el encarcelamiento de los políticos presos del procés como "una de las mayores injusticias que se han cometido desde la muerte del dictador" Francisco Franco en 1975, y apuntó que la solución a sus condenas por sedición y malversación impuestas por la justicia debe ser la amnistía y una reforma del Código Penal, no los indultos.

Entre sus polémicas recientes figuran también otras, como el hecho de haber atribuido, en una entrevista radiofónica a finales de 2019, parte de los problemas de la sanidad catalana al “sobrecoste” que representan las intervenciones de pacientes que llegan del resto de España.

Al servicio del independentismo

Meses antes de eso, Ribó recibió incluso críticas del presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, y la presidenta de la Fundación Pasqual Maragall, su hija Cristina Maragall, por haber incluido el nombre del expresident, enfermo de Alzheimer, entre los firmantes de un texto de exmandatarios de la Generalitat --a propuesta del propio Síndic-- para exigir al Tribunal Supremo la liberación de los políticos presos.

El alineamiento de Ribó con los mandatarios secesionistas de la Generalitat viene de lejos, pues es incluso anterior al referéndum del 1-O, cuya ilegalidad --advertida incluso por el Tribunal Constitucional en numerosas ocasiones-- y su suspensión no sólo rechazó, sino que siempre se posicionó a favor de sus impulsores a través de todo tipo de informes, declaraciones públicas e incluso denuncias ante organismos europeos. Una defensa tan acérrima como lo fue también su rechazo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña tras la DUI, tildando la intervención del autogobierno de “ilegal e inconstitucional”.