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El líder del PSC, Salvador Illa, y las economistas Maria Antònia Monés y Montserrat Colldeforns, que han elaborado un documento sobre la financiación autonómica / EUROPA PRESS

La receta catalana para la reforma de la financiación autonómica

Condonar parcialmente la deuda de las comunidades, eliminar fondos de suficiencia y reducir la competencia fiscal entre autonomías son algunas de las propuestas de las economistas Colldeforns y Monés

8 min

La condonación parcial de la deuda de las comunidades autónomas, la eliminación de los actuales fondos de suficiencia y convergencia y una coordinación más robusta entre las haciendas estatal y autonómicas son algunas de las propuestas que Montserrat Colldeforns y Maria Antònia Monés incluyen en un documento titulado Apuntes para una reforma federal del sistema de financiación autonómica, donde reivindican el modelo de consorcio paritario que contemplaba el Estatut catalán.

Las economistas ofrecen fórmulas de mejora de un modelo ya caducado, que a su juicio debería pasar también por minimizar las competencias fiscales entre comunidades autónomas – sugieren una reforma a fondo del impuesto de sucesiones y donaciones que incluya una tributación mínima--, en pleno debate sobre la reforma del sistema, del que, de momento, se desmarca el Gobierno catalán.

Opacidad del modelo de 2009

Monés, catedrática de Economía, fue asesora del Gobierno tripartito y formó parte del comité de expertos creado por Cristóbal Montoro en 2017 para analizar la futura financiación autonómica. Colldeforns es licenciada en Ciencias Económicas por la UB y doctora en Economía por la London School of Economics. Su análisis, publicado por la Fundación Rafael Campalans, vinculada al PSC, será presentado el próximo 16 de febrero en un acto en el Colegio de Periodistas al que asistirán las autoras, así como el expresidente José Montilla, y el primer secretario de los socialistas catalanes, Salvador Illa. El acto será clausurado por el profesor de Economía de la UAB y secretario de Economía y Hacienda del PSC, Francesc Trillas.

Las autoras parten de la base del consenso que hay sobre la "opacidad" del modelo de 2009 debido a que “los principios y objetivos anunciados de manera genérica en el acuerdo, pronto entraron en disonancia con los mecanismos específicos de su aplicación, lo que generó un nivel importante de malestar”.

Alemania, Canadá, Bélgica...

Las reformar buscan consolidar un modelo federal “sólido y transparente”, de ahí que las propuestas de Colldeforns y Monés no solo estén dirigidas a Cataluña, sino a todas las comunidades autónomas (CA). Un modelo inspirado en Alemania, Canadá o Bélgica, con acuerdos institucionales en esta materia “potentes”.

El informe apunta a cuatro grandes temas que se deberían abordar. Por un lado, el aumento de la suficiencia financiera, lo que pasaría por una revisión de las relaciones entre el Gobierno y las comunidades, pues “desde la aprobación del nuevo modelo de 2009 y el estallido de la pandemia del Covid, las CA han visto reducida su participación en el conjunto de los recursos del país”, mientras aumentan las exigencias para cumplir sus competencias en sanidad, educación y servicios sociales.

Advierten las autoras de que ese reequilibrio implica, “no tanto sobre la base de aumentar las transferencias de la administración central a las CA, sino de distribuir mejor los recursos tributarios”. En este sentido, “disponer de una autonomía financiera es la mejor manera de aumentar la responsabilidad fiscal propia y reducir la dependencia de la administración central”.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i) y el vicepresidente del Govern y consejero de Economía, Pere Aragonès (d), enfrentados por la hacienda catalana / EFE
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i) y el vicepresidente del Govern y consejero de Economía, Pere Aragonès (d), enfrentados por la hacienda catalana / EFE

Como punto de partida, no obstante, Colldeforns y Monés creen necesario resolver la gran bolsa de deuda de las comunidades generada por los denominados “mecanismos de liquidez”, imprescindibles para afrontar la crisis económica de 2008, pero que ahora “son un lastre que se debe eliminar o como mínimo suavizar por la vía de la condonación parcial de la deuda, de acuerdo con las circunstancias objetivas de cada CA”.

Otro de los ejes sería un nuevo criterio de nivelación de los recursos entre CA “que de resultados equitativos y no arbitrarios”. Para ello, la vía posible es la eliminación de los actuales Fondos de Suficiencia y Convergencia, y la incorporación de estos recursos a la dotación complementaria que hace el Gobierno al Fondo de Garantía. “El sistema pivotaría sobre este único fondo, quedando el grado de nivelación abierta a una decisión política”. Defienden las expertas una nivelación parcial, “propia de la cultura federal”, dado que este modelo de Estado se construye de acuerdo con el principio de autonomía y equidad”, pues “equidad e igualdad no son sinónimos”.

Competencia fiscal entre autonomías

El tercer gran tema es la reforma de la fiscalidad para avanzar hacia una hacienda más corresponsable y autónoma. En el documento se analiza los problemas derivados de la competencia fiscal entre autonomías, y se apuesta por “una reforma a fondo del impuesto de sucesiones y donaciones que incluya una tributación mínima”. Las autoras admiten que “este problema no es fácil políticamente, pero la alternativa es la desaparición del impuesto y la consecuente pérdida de una figura importante para recaudar, pero sobre todo, para reducir la desigualdad en la distribución de la riqueza”.

Colldeforns y Monés también defienden una mejor coordinación entre la hacienda estatal y las autonómicas del régimen común, que gestionan algunos de los tributos totalmente cedidos, además de los propios. Para ello, reivindican la figura del consorcio partitario entre las dos agencias tributarias que contemplaba el Estatut catalán.

Como cuarto objetivo, las economistas subrayan la mejora de la gobernanza del modelo territorial, inspirada en otros países, aunque precisan que ese objetivo "tiene connotaciones jurídicas que desbordan el terreno de la literatura económica". En su opinión, hay cambios que se podrían aplicar de forma inmediata, como la agilización de las liquidaciones (ahora tardan más de dos años) o la revisión de los cálculos de población ajustada que, a su juicio, “deberían incorporar diferencias de costes derivadas de diferencias de precios y salarios entre comunidades autónomas”.