La armonización fiscal que enfrenta de nuevo a ERC y JxCat

La reforma fiscal que prepara el Gobierno español ha aflorado las diferencias entre Junts per Catalunya (JxCat) y ERC, socios de Govern, en materia tributaria. El comité de expertos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, coincide con las posturas de los republicanos de fijar un tipo mínimo para el Impuesto de Patrimonio y revisar las exenciones, de las que, hasta ahora, se han beneficiado las empresas familiares. Por el contrario, el PDECat rechaza esas medidas, de las que también se desmarca el consejero de Economía, Jaume Giró, quien se ha comprometido a no elevar los impuestos. Dos fiscalistas analizan para Crónica Global esas novedades fiscales, que han encendido las alarmas en las patronales catalanas.

La comisión de expertos que asesora a la ministra Montero defiende limitar las bonificaciones para empresas familiares y apunta a una armonización al alza del Impuesto de Patrimonio. De hecho, esos cambios ya fueron propuestos por ERC en sus enmiendas al proyecto de Ley Antifraude 11/2021, aunque éstas no salieron adelante. En efecto, los republicanos alegaban que, en los últimos años, se había producido “un proceso de competencia fiscal a la baja en el Impuesto sobre el Patrimonio, competencia que puede incluso hacer desaparecer dicho impuesto”. Lo cual puede generar “graves problemas tanto hacia el resto de comunidades autónomas que ven mermada su capacidad impositiva en relación a este impuesto, dadas las posibles deslocalizaciones de personas con mayores niveles patrimoniales, como sobre el conjunto del Estado, al reducir la capacidad redistributiva del sistema fiscal español”.

Implicaciones en Sucesiones y Donaciones

Este proceso “también tiene implicaciones sobre otros impuestos como el de Sucesiones y Donaciones (ISD) e IRPF, “puesto que en aquellas comunidades donde el impuesto sobre el patrimonio está bonificado al 100% y el ISD es prácticamente inexistente, existirá un incentivo a sobrevalorar los activos para que cuando dichos activos se enajenen, se minimice la plusvalía y se minimice la carga fiscal en IRPF”, indicaba ERC en sus enmiendas, a las que ha tenido acceso este medio.

En la mente de ERC estaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el presidente Pere Aragonès acusa de ejercer dumping fiscal. De hecho, Ayuso ya ha aprobado su propia ley para blindarse de la reforma fiscal de Montero.

Esquerra salvaba el posible conflicto de competencias y el de la doble imposición con “un modelo de compartición de bases imponibles entre el Estado y las comunidades autónomas de régimen común, de manera que, a partir de este elemento, tanto las comunidades como el Estado puedan ejercer sus competencias normativas respecto al mínimo exento, tarifa y deducciones o bonificaciones”.

El presidente catalán, Pere Aragonès, en el Club Siglo XXI en Madrid / EP

Redefinir el concepto de empresa familiar

En relación a la empresa familiar, los expertos del Ministerio se abren a replantear las exenciones de las empresas familiares. En este sentido, ERC planteaba en su enmienda redefinir el concepto de empresa familiar, incrementando los porcentajes individuales (del 5% al 15%) y conjunto con el grupo de parentesco (del 20% al 40%).

“Las bonificaciones para la empresa familiar suponen prácticamente que éstas no paguen impuestos de patrimonio y en las transmisiones. El objetivo es que su relevo generacional no conlleve un peaje fiscal que pueda perjudicar el tejido empresarial”, explica Esaú Alarcón, profesor de Derecho Financiero de la Universidad Abat Oliba CEU y miembro del Consejo Asesor Institucional de la AEDAF (Asociación Española de Asesores Fiscales).

Las negociaciones de CiU con PSOE y PP

“El planteamiento de crear beneficios fiscales a las empresas familiares --añade-- parte de una Recomendación de la Comisión Europea de los años 90 que, en realidad, se acotaba a las pymes. Esa recomendación dio lugar a incluir esa reivindicación por parte de CiU en sus negociaciones con PSOE y PP. Y como ya ocurriera con tantas otras cosas, les tendieron el puente de plata: no la limitaron a pymes, sino que se aplican a cualquier empresa. Y, además, el beneficio fiscal es prácticamente total”.

Alarcón afirma que, “al final, siempre es la clase media la que acaba pagando el Impuesto de Patrimonio y el ISD y que, con estos montajes, los grandes patrimonios son los grandes beneficiados del sistema. Yo soy partidario de que, como se plantea en el informe de los expertos, se recorte el beneficio para la empresa familiar”. El fiscalista se declara partidario de la armonización, “pero no solo del Impuesto de Patrimonio, que es una postura oportunista, sino de todos los impuestos cedidos. Si armonizamos, deberíamos hacerlo en todo”.

"Son necesarios amplios consensos"

Para Albert Folguera, presidente de la Sección de Derecho Fiscal y Financiero del ICAB, “el problema de fondo es la falta de consensos amplios en la aprobación de reformas de este calado, la necesidad de tener reglas fáciles para que la economía funcione. ¿Qué pasará si en un futuro gobiernan PP y Vox? Pues que eliminarán esa reforma”. Folguera es partidario de suprimir el Impuesto de Patrimonio y exige una mirada política "menos cortoplacista".

“El foco debería ponerse más en el buen funcionamiento de la economía que en los impuestos. La gran medida de Rajoy fue reducir al mínimo el Impuesto de Patrimonio. ¿Hubo algún problema? No se puede aprobar una reforma laboral o fiscal solo con Podemos, ERC y Bildu”, añade el abogado.

Si bien el dictamen del comité de expertos se acerca a las posturas de Esquerra, tanto Junts per Catalunya como PDECat discrepan de esas reformas. “No estamos de acuerdo, porque un impuesto común va en contra de la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Estos son impuestos que están cedidos, y desde el PDECat siempre nos opondremos a limitar la cesión de tributos a la Generalitat, porque lo que defendemos es ceder a la Generalitat más capacidad fiscal y de decisión sobre los impuestos que se recaudan en Cataluña”, afirma a este medio el portavoz de este partido en el Congreso, Ferran Bel.

Críticas de la patronales

También el consejero de Economía, Jaume Giró (JxCat), se ha desmarcado de ese aumento de presión fiscal, a pesar de que un documento interno del propio departamento apuntaba en la misma línea que los expertos del Gobierno, lo que hizo saltar las alarmas en las patronales. Para Foment, aumentar del 5% al 15% el gravamen en los beneficios fiscales de los propietarios de las empresas familiares “es una barrera para el crecimiento de estas empresas que pone en riesgo nuestro modelo productivo”.

Consejero de Economía Jaume Giró / EUROPA PRESS

“También parece muy desatinado --añadía la patronal presidida por Josep Sánchez-Llibre-- y fuera de lugar plantear un incremento del Impuesto de Patrimonio, que Foment siempre ha considerado confiscatorio y que siempre ha reclamado su desaparición”. Pimec consideró "un error" ese tipo de medidas porque, a su juicio, limitaban la recuperación económica, dando con ello lugar a la marcha de empresas y la pérdida de atracción de inversiones. En la misma línea, el presidente de la patronal de pequeñas y medianas empresas, Antoni Cañete, avisó de que aumentar el Impuesto de Patrimonio y endurecer el trato a la empresa familiar impediría reactivar su actividad.

Fuentes de la Consejería de Economía aseguran a Crónica Global que la postura de Giró sigue siendo contraria a aumentar la presión fiscal. Según el conseller, el estudio del Govern, "totalmente teórico", recoge la opinión de expertos sobre impuestos estatales con la finalidad de contribuir al Libro blanco sobre la reforma tributaria en España que se estaba elaborando. "Damos pleno apoyo a las empresas familiares y a las pequeñas y medianas empresas de este país. No tenemos previsto subir impuestos", sentencia Giró. La negociación prosigue.