¿Qué le pasa a Bélgica con el proceso independentista?

Bélgica ha vuelto a dar un revés a la Justicia española al rechazar la extradición del exconsejero catalán Lluís Puig, que se fugó a ese país tras los procesos abiertos contra los líderes independentistas que organizaron el referéndum del 1-O. En esta ocasión, el órgano jurisdiccional belga ha dado una vuelta de tuerca al fiscalizar la interpretación que hace el Tribunal Supremo español de la normativa procesal española. Dos expertos analizan esa histórica pugna política y judicial.

Lluís Puig Gordi, el exconsejero de Cultura catalán huido en una imagen de archivo / EFE

José Antonio Perea Unceta, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Complutense de Madrid, afirma que Bélgica y España “mantienen una mala relación judicial que viene de largo. En los años 90 hubo un grave incidente entre España y Bélgica, incluso con suspensión de la actividad diplomática entre ambos porque los jueces belgas convirtieron Flandes en un paraíso para los etarras fugados de España y que ya no podían refugiarse en Francia”.

Perea Unceta recuerda como caso más sonado el del Comando Vizcaya (Luis Moreno y Raquel García Aranz), así como el de Luis María Zengotitabengoa y Nati Jáuregui (Pepona). “Al final se pudo procesar a todos menos Pepona, pues el Tribunal de Estrasburgo dio la razón a España al considerar que las decisiones de no extraditar de los jueces flamencos eran arbitrarias ya que no se podía considerar a ETA como un movimiento de liberación nacional asimilable a los del Sáhara Occidental o Timor Oriental”.

"Interpretación poco rigurosa"

Para el jurista, “esta extraña forma de entender la cooperación internacional por parte de los belgas tiene más ámbitos de disparidad (la llamada “justicia universal”, por ejemplo, interpretada por Bélgica de manera muy extensiva y poco rigurosa, para disgusto de muchos países, como Rusia) y más frentes abiertos, también con Francia constantemente".

Los precedentes

El diplomático José Antonio de Yturriaga afirma que esa animosidad hacia España de las autoridades belgas, es especialmente judicial, pero se extiende a todos los poderes del Estado. Recuerda que el exprimer ministro, Charles Michel –actual presidente del Consejo Europeo- criticó al Gobierno por su actuación en el referéndum del 1-O. Su viceprimer ministro, Jan Jambon, arremetió contra la justicia española y expresó su disposición a conceder el estatuto de refugiado a Carles Puigdemont, y a los Consejeros de su Gobierno huidos.

Los aliados de Carles Puigdemont pertenecen al ultraliberal partido N-VA belga / CG

Por su parte, el presidente el Parlamento de Flandes, Jan Peuman, ha censurado la democracia española e incluso ha asegurado que España no debería ser miembro de la UE. Y con motivo de la presentación de una euroorden contra Puigdemont, el Fiscal del Rey, Jean-Marc Meilleur, afirmó que examinaría con atención la petición para impedir que pudiera producirse una violación de sus derechos fundamentales y puso en duda el respeto por parte de España de los derechos humanos.

“La historia de la falta de cooperación de la justicia belga con la española viene de lejos, pues muchos de sus miembros estiman que España no es un Estado de Derecho y que sus Tribunales no ofrecen suficientes garantías de independencia y credibilidad”, escribe Yturriaga en su blog. Recuerda también el rechazo de los tribunales a extraditar a terroristas de ETA.

"Situación kafkiana"

“La situación ha devenido kafkiana cuando Bélgica ha aceptado junto a los demás socios de la UE, España incluida, el sistema de la euroorden, establecido para facilitar y acelerar las extradiciones en base al reconocimiento de que todos los Estados miembros cuentan con tribunales homologados y dignos de confianza. Si Bélgica estimaba que España no contaba con tribunales de este tenor, no debería haber aceptado el régimen de la euroorden en relación con ella. Lo que no puede es aceptar unas obligaciones y luego incumplirlas con el argumento de que los tribunales españoles no garantizan la celebración de juicios justos”, afirma.

Puigdemont destaca que la justicia belga suspende su euroorden (enero 2020) / EP

Una cincuentena de embajadores jubilados escribieron el 21 de mayo de 2018 una carta al embajador belga en Madrid, Marc Calcoem, en la que expresaban su preocupación e indignación por el alto grado  de desconfianza de las instituciones belgas hacia la justicia española. El 24 de diciembre de 2018 le enviaron una nueva carta en la que, ante el proceso independentista catalán, instaban a Bélgica a prestar a España el mismo apoyo que ésta le prestó durante la I Guerra Mundial. El embajador belga nunca respondió a sus colegas.

Las cartas de Foro de Profesores e Impulso Ciudadano

El viernes, un total de 218 profesores y profesionales enviaron una carta al Comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, en la que advierten de la "quiebra del mecanismo de euroorden" que significa el rechazo por un tribunal belga de la orden de detención y entrega de Lluís Puig.

Con esta carta, Foro de Profesores se sumaba a la iniciativa de Impulso Ciudadano de dirigirse al Reynders para pedir una revisión del funcionamientos de las órdenes europeas de detención y entrega; identificar los casos en los que los requerimientos de cooperación no son atendidos, y adoptar las medidas necesarias para conseguir la plena efectividad de ese instrumento.