Menú Buscar
Pásate al modo ahorro
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez / EFE

PSOE, Podemos y ERC ultiman un acuerdo para que el castellano deje de ser vehicular en las escuelas

La enmienda a la 'ley Celaá', aplaudida por los independentistas, blinda la inmersión y deja en manos de las autonomías bilingües las medidas para cumplir el pleno dominio de sus dos lenguas oficiales

Ricard López
5 min

Carta blanca a la inmersión lingüística obligatoria en Cataluña excluyendo al castellano como una de las dos lenguas vehiculares en las escuelas de esta comunidad autónoma bilingüe. Los grupos parlamentarios de PSOE, Unidas Podemos --socios de Gobierno-- y los independentistas de ERC debaten una enmienda a la reforma educativa --la Lomloe o ley Celaá-- según la cual la lengua española dejará de fijarse como lengua vehicular en la educación de todo el país.

Esta polémica iniciativa lingüística --que "aún no está cerrada", pues "se está debatiendo", según fuentes parlamentarias-- se votará el jueves en el marco del grupo de trabajo o Ponencia de la Comisión de Educación del Congreso, reunida este martes, y que desde hace días examina las más de 1.160 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios.

Un cartel en una escuela catalana reivindica el uso exclusivo del catalán en la educación / EFE
LA ENCUESTA ¿Apoya el acuerdo entre PSOE, Podemos y ERC para reforzar la inmersión lingüística obligatoria en catalán?

En manos de las autonomías

En concreto, la enmienda sobre el castellano, adelantada por el diario El País, cambiaría lo que dice el proyecto de la Lomloe: "Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable".

En lugar de eso, el texto se cambiaría por una referencia a que las comunidades autónomas se comprometan a asegurar el derecho a recibir la enseñanza en castellano y en las lenguas cooficiales de cada territorio según se prevé en la Constitución y los Estatutos de autonomía. Y que, al acabar la enseñanza obligatoria, todo el alumnado tenga un “dominio pleno” tanto del castellano como de la lengua cooficial, dejando en manos de las autonomías que ese requisito se cumpla y la adopción de medidas correctoras si no es así. 

Euforia independentista

La posible eliminación de este derecho lingüístico ha sido celebrada desde ERC, cuyo portavoz Gabriel Rufián, ha valorado en sus redes sociales que "más allá del ruido hay política". Desde la formación independentista reconocen que "el objetivo" de su enmienda "es blindar el catalán como lengua vehicular" en Cataluña, algo que sin embargo ya ocurre en la actualidad. De hecho, según señala un estudio de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, en las escuelas catalanas no se cumple ni siquiera el mínimo legal de impartir el 25% de la enseñanza en castellano.

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha apuntado por su parte que desconoce la citada enmienda y que "habrá que estudiarla". "Nosotros, a diferencia de los partidos de la derecha, no estamos en contra de la inmersión, porque pensamos que beneficia a las filas trabajadoras", ha argumentado.

¿Fin de la 'ley Wert'?

La actual ley educativa, la Lomce o ley Wert, deja bien claro que "el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable". Y explicita que "la Administración educativa deberá garantizar una oferta docente sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular en una proporción razonable". Según la Lomce, corresponde a la Alta Inspección del Estado "velar por el cumplimiento de las normas sobre utilización de lengua vehicular en las enseñanzas básicas".

Aunque luego fue anulada por el Tribunal Constitucional, la conocida también como ley Wert establecía una disposición adicional 38 por la que las comunidades pagarían el centro concertado o privado a aquellas familias que no pudieran escolarizar sus hijos en un colegio público con el castellano como lengua vehicular.

Destacadas en Política