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Josep Maria Jové, exsecretario general de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat / EFE

La policía concluye que el Idescat cedió el censo para el 1-O sin base legal

Según su informe, existen pruebas técnicas de la cesión de los datos de los catalanes a la Generalitat de forma irregular

07.10.2018 14:58 h.
9 min

La Policía Nacional ha encontrado pruebas técnicas de que el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) cedió el Registro de la Población Catalana a la vicepresidencia de la Generalitat, cuyos datos serían utilizados para llevar a cabo el referéndum ilegal del 1-O.

El hallazgo tuvo lugar en la sede de la Administración Abierta de Cataluña (AOC), y en el despacho de Daniel Gimeno, que en aquel momento era jefe del gabinete técnico de la secretaría general de vicepresidencia de la Generalitat de Cataluña.

Sin base legal

El traspaso de los datos se habría hecho sin ninguna base legal, según el informe que ha remitido la policía al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

Hasta ahora, el juzgado tenía otros informes policiales que analizaban los correos electrónicos entre el director del Idescat, Frederic Udina, y el secretario de vicepresidencia, Josep Maria Jové, en los cuales el primero le comunicaba que le había hecho el envío y el segundo, el acuse de recibo.

Censo para fines determinados

El Registro de Población Catalana es un censo que debe custodiar el Idescat, y que solo puede ceder a los organismos con los que tiene un convenio público y para un fin determinado, como es el caso del sistema de salud. Este registro se actualiza cada tres meses con los datos que facilita el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los investigadores tenían esos emails, pero hasta ahora les faltaban las pruebas técnicas definitivas de los envíos, por lo que solicitaron al titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona la entrada y registro en los despachos de Frederic Udina y de Daniel Gimeno, responsable del tratamiento del fichero de datos de carácter personal del registro de participaciones en consultas populares no refrendarias.

Revelación de secretos

La policía también pidió entrar en la sede de Mediapro Cloud y en el Centro de Comunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI), una intervención que el juez autorizó el pasado 11 de junio. En la operación, y tras detener a Udina y Gimeno --cuya actuación, según los investigadores, puede suponer responsabilidad por revelación de secretos--, los agentes entraron en Mediapro Cloud. Pero no pudieron acceder a la información que buscaban, porque su función es prestar servicio de housing a la AOC. Por esta razón, continuaron la diligencia en la AOC.

Fue allí donde hallaron las evidencias de los envíos de los correos, y pudieron "determinar técnicamente que existen dos registros de la plataforma de e-Valisa de fecha 19 de mayo de 2017", teniendo como único emisor fudina@gencat.cat (correo vinculado a Frederic Udina), y como destinatarios Josep Maria Jové Lladó y destinataria con permisos de visualización, Silvia Sans Farré, secretaria de dirección del Idescat. El asunto de dicho envío mediante e-Valisa se corresponde con el Registro de Población de Cataluña.

Pruebas técnicas definitivas

Según la policía "este registro hallado permite confirmar de forma técnica lo que se obtuvo en los correos electrónicos volcados en la diligencia de entrada y registro practicada en la sede del Idescat el 5 de diciembre de 2017". En ese correo, Udina participaba a Jové que el Idescat había entregado a Daniel Gimeno la última versión del Registro de Población de Cataluña.

También permite corroborar de forma técnica el acuse de recibo que el sistema e-Valisa entregó de forma automática al correo de Udina, por el que le confirmaba la recepción del Registro de Población de Cataluña.

Códigos de acceso

Además de eso, la policía halló en el despacho de Daniel Gimeno, en la vicepresidencia de la Generalitat, un acuse de recibo procedente de la Secretaría General del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Masó, que manifiesta que el 13 de julio de 2017, recibió de manos del responsable de tratamiento de datos, Daniel Gimeno, las instrucciones y la contraseña de acceso a la carpeta FTP de envío seguro de la información.

En ese acuse de recibo se especifica que todo se hizo conforme a lo establecido en el convenio de 28 de febrero de 2017 entre los departamentos de vicepresidencia, de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia, y el de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda. Y cuya vigencia, según la policía, "se estima dudosa", al no haberse localizado dicho convenio.

Cesión de datos sin aval legal

De hecho, exponen que ni en la web del Idescat, ni en el resto de los departamentos intervinientes en la firma, figura ni se alude al mismo. Y tampoco se ha hallado su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat, ni siquiera buscando por fuentes abiertas.

"Sin este requisito --la publicación-- que exige el régimen jurídico de la Generalitat, no sería válido por no cumplir los requisitos formales y materiales necesarios para su producción, en tanto que carecería de eficacia al no ser inscrito en el DOGC", detalla la policía en su informe. En consecuencia, consideran que "la cesión y entrega" del censo de catalanes a vicepresidencia "carece de aval legal".

Archivos

Los agentes encontraron, además, un correo con el asunto "RV:ofici" en la bandeja de entrada, con fecha del 13 de julio de 2017, a las 8:38 horas, cuyo remitente es Nuria Casas Olivella y que tiene como destinatario Daniel Gimeno. Mediante el mismo, Nuria envía a Daniel dos documentos nombrados como "Ofici tramesa de dades conveni GOV-1207".  Dicho documento está firmado digitalmente por Josep Maria Jové Lladó, y va dirigido a Meritxell Masó, secretaria general del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda. En el texto dice que, de acuerdo con lo establecido en el convenio, el firmante solicita de Masó que le indique la persona responsable de consultas populares no refrendarias para transmitirle los datos objeto del citado convenio, así como las instrucciones para que le entreguen la contraseña de acceso una vez cargada la información.

Según los investigadores, el tamaño máximo de los archivos adjuntos mediante el uso de la plataforma e-Valisa (10 Mbytes) contrasta con el tamaño del fichero que contiene los datos del Registro de Población que genera se genera (inferior a 4Gbytes) para dar cumplimiento a los convenios públicos con Salud o AOC. Por ello, creen que se pudo usar, además de e-Valisa, un servidor de intercambio seguro del Idescat o algún otro medio externo.

Conclusiones

La conclusión de la Policía es que tanto el director del Idescat, Frederic Udina, como Daniel Gimeno tenían pleno conocimiento de que se estaban cediendo los datos a la vicepresidencia de la Generalitat, y sin contar para ello con una base legal, sino de "forma subrepticia y fuera de los cauces habituales".

Asimismo, detallan que aunque se diera por bueno que ese convenio fue suscrito, no se tiene constancia de que el Idescat haya enviado a vicepresidencia nuevas actualizaciones del fichero del Registro de Población Catalana conforme a los periodos establecidos en el mismo.

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