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Pablo Llarena, juez de la sala segunda del Tribunal Supremo, en un acto anterior / EP

El pueblo catalán de Llarena rechaza declararlo 'non grato'

Sant Cugat del Vallès tumba una moción de Junts que quería denigrar al juez de la sala segunda del Tribunal Supremo

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El pueblo catalán del juez Pablo Llarena ha rechazado declararlo persona non grata, como pretendían los independentistas de Junts y CUP. Sant Cugat del Vallès (Barcelona) ha tumbado una moción de los secesionistas que pretendía denigrar al magistrado, que tiene casa en la localidad. 

Ocurrió el lunes en el municipio barcelonés, cuando se debatió un texto presentado por el partido del expresidente catalán prófugo, Carles Puigdemont, que afeaba la presunta "represión del Estado" en Cataluña. Entre otros puntos, incluía una censura directa a Llarena, que es juez de la sala segunda del Tribunal Supremo. 

Junts y CUP se quedan solos

Los grupos con representación en el plenario descartaron la propuesta de resolución. Finalmente, la moción contra el que fuera instructor del caso del procés en Cataluña recabó solo 12 apoyos: los de los ediles de Junts y la CUP. 

Por el contrario, ERC, PSC, Ciudadanos y la concejal no adscrita, Munia Fernández-Jordán, votaron en contra. A este respecto, Gemma Aristoy, edil de ERC, lamentó que Junts buscara testar "el grado de independentismo" del gobierno local, que está formado por un tripartito entre los republicanos, PSC y la CUP. 

Atacado dos veces

De este modo, Junts trataba de señalar públicamente a Pablo Llarena pese a que su domicilio en Sant Cugat ha sido atacado en dos ocasiones por el independentismo radical. De hecho, los nacionalistas han marcado también el que creían que es el chalé del juez en La Cerdanya, aunque se equivocaron de propiedad. 

La moción del partido de Puigdemont en Sant Cugat del Vallès citaba al togado, pero también a Esperanza García, delegada instructora del Tribunal de Cuentas, que ha abierto un procedimiento de reintegro por alcance contra expolíticos y ex altos cargos por el desafío independentista en Cataluña en 2017.