Badia renueva a los okupas de Gràcia pese a una orden de cierre

De cierre a "cuatro años más". El distrito de Gràcia, que pilota el concejal Eloi Badia, renovará mediante un nuevo contrato de cesión de uso un local okupa llamado Casal Popular Tres Lliris, situado en esa parte de la ciudad. El Ayuntamiento de Barcelona lo dejará bajo la gestión del colectivo antisistema pese a que pende sobre el inmueble una orden de cierre y está afectado por otro expediente por abuso de licencia de actividad. Dos procedimientos incoados, precisamente, por la propia Administración local que ahora dejará a los allanadores más tiempo para permanecer en el espacio mediante este mecanismo. 

Los okupas de Gràcia, celebrando que se "quedarán" en el local municipal / Cedida

Lo han anunciado los propios intrusos en sus redes sociales. En el comunicado público, precisan que "el proyecto afronta otros cuatro años más de cesión de uso en la antigua comisaría de [la calle] Nil i Fabra". La continuidad de la propiedad tomada a la fuerza será posible "tras una negociación" con el distrito a la que los squatters acudieron, según ellos, "con una posición de fuerza". Las conversaciones habrían concluido con otra cesión de la antigua sede policial, que es propiedad del Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación (Imhab, por sus siglas en catalán). 

Expediente de cierre y sanciones

La entrega del activo a los okupas tiene lugar pese a que los allanadores se enfrentan a un expediente de cierre y sanciones por incumplimiento de licencia. La suspensión de la cesión de actividad tuvo lugar en diciembre de 2020, cuando el distrito de Gràcia incoó el expediente ante los "incumplimientos" de los antisistema y las quejas de los vecinos por el ruido que generaban las actividades y fiestas que se denunció que tenían lugar en el inmueble. 

De hecho, el malestar vecinal derivó en una querella ante la Fiscalía Provincial de Barcelona por falta de insonorización del edificio que acabó archivada. Sea como fuere, la orden de cese de actividad no amilanó a los intrusos, que llegaron a celebrar juergas en plenas restricciones contra el coronavirus, como explicó Metrópoli, que incrementaron el malestar de los residentes en la zona. De aquellos hechos se derivaron sanciones por valor de 20.000 euros, tal y como avanzó este medio. 

"Negociación"

A pesar de este historial, el gobierno municipal había abierto un nuevo espacio de diálogo con los radicales para hablar de su futuro en el barrio. Lo dijo el propio Badia durante el último consejo del distrito que se celebró en otoño. El también concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica manifestó que "negociaba" con los allanadores, puesto que el contrato de cesión del espacio vencía en septiembre de 2021 y se debía buscar una solución legal a la continuidad o no del Casal Popular Tres Lliris. 

El consistorio informó a este medio hace unos días que los expedientes "seguían su curso". "No hay más novedades", indicaron los portavoces municipales. Pese a que ya no hay ningún contrato en vigor, o al menos el último expiró, y que existe un expediente por cese de actividad, los okupas mantenían sus actividades habituales en el inmueble. Esta situación acrecentó el malestar vecinal, ya que algunos residentes esperaban que el fin del pacto de cesión del espacio implicara el desalojo de los allanadores. No fue así. 

Impagaron el alquiler

Hay más elementos controvertidos. Los activistas impagaron el alquiler del contrato con el ayuntamiento, como explicó este medio. Su presencia en la antigua comisaría ha generado también 78 actuaciones de la Guardia Urbana de Barcelona en el lugar. Pese a ello, los anticapitalistas han permanecido allí e incluso pudieron ocupar la plaza pública que está frente al local durante las últimas Fiestas de Gràcia, que tuvieron lugar el pasado agosto, como también informó Crónica Global. La celebración estuvo marcada por la pandemia, aunque las medidas de protección brillaron por su ausencia. 

Eloi Badia, concejal de Emergencia Climática y de Gracia en el Ayuntamiento de Barcelona / EP

A diferencia de una ocasión anterior, cuando los Mossos d'Esquadra se presentaron en el local por el incumplimiento de las restricciones sanitarias, en agosto de 2021 nadie importunó a los squatters. Estaba a punto de vencer la cesión de su casal y los vecinos comentaban que, al ser el último año en que podían festejar de forma legal, se había hecho la "vista gorda". Un extremo que nunca se confirmó ni de forma oficial ni de forma oficiosa, continuó como un rumor en el barrio. Sin embargo, en febrero de 2022 el casal okupado continúa abierto. 

Okupado en 2015

Los extremistas encadenan siete años en el lugar. Irrumpieron en la antigua comisaría en noviembre de 2015 en el marco de una manifestación contra el desalojo del anterior Casal Popular Tres Lliris, que se encontraba en un inmueble allanado en Travessera de Gràcia. La marcha derivó en incidentes y en la toma de la antigua sede policial, un activo en desuso del Imhab. 

En 2017, el Distrito de Gràcia firmó una cesión del espacio al colectivo que regularizó su situación. La Administración dio el paso a pesar de la falta de vivienda pública en la Ciudad Condal, pisos que debe promover el propio Imhab en el solar que deje la comisaría. La entrega del inmueble a los allanadores incluía la reforma del espacio con cargo al propio ayuntamiento, informó El Mundo. Ahora, se les da cuatro años más de gestión del espacio.