Incidentes en una casa okupa cedida por Colau a los intrusos

Incidentes en una casa okupa que fue entregada por el Ayuntamiento de Barcelona a sus intrusos. Los Mossos d'Esquadra han abortado hoy domingo, 3 de enero, una feria ilegal que se desarrollaba en el autodenominado Casal Popular Tres Lliris, la antigua comisaría de la Policía Nacional del barrio de Gràcia que fue allanada en 2017 y que, después, el consistorio de Ada Colau cedió a los intrusos. 

Han informado de ello los propios radicales, que han admitido que en el inmueble tomado a la fuerza tenía lugar una "feria artesanal" que cumplía "todas las restricciones sanitarias". Sin embargo, los Mossos han detectado una vulneración de la resoluciones emitidas por el Procicat, por lo que han intervenido para desarbolar el evento y han identificado a sus participantes. 

Una parranda el 18 de diciembre

La tensión en la antigua comisaría, situada muy cerca de la plaza Lesseps de Barcelona, se produce días después de que vecinos del Casal Tres Lliris denunciaran una suerte de verbena de Navidad en el edificio. 

Ocurrió el pasado de 18 de diciembre, avanzó Metrópoli Abierta, y reunió a decenas de jóvenes, que se congregaron en la casa okupa sin respetar la distancia de seguridad y sin mascarilla. La parranda comenzó sobre las 12:30 horas del mediodía y se prolongó hasta pasadas las 21:30 horas de la noche. Coincidió con duras restricciones que son de aplicación a la hostelería --que solo puede abrir 4,5 horas al día-- y el ocio nocturno, cerrado. 

Cedida por el distrito de Gracia

Se da la coincidencia de que las algaradas en la casa allanada llegan cuando el ayuntamiento ha ordenado el cese de actividad de la misma. Cabe recordar que fue el propio gobierno municipal quien cedió el espacio, propiedad del Instituto Municipal de Vivienda (IMHAB, por sus siglas en catalán), a los allanadores. Ocurrió en 2017, dos años después de que los okupas irrumpieran en la antigua sede policial. 

Los antisistema hicieron caso omiso de la cesión amistosa por parte del ayuntamiento. No cumplieron su parte y nadie sabe si pagaron el alquiler, simbólico. El edil del distrito de Gràcia, Eloi Badia, jamás lo ha aclarado. Ante ello, vecinos del bloque pidieron amparo a la Fiscalía, que inició diligencias de investigación por exceso de ruido, pero las terminó archivando. La finca okupada sigue pendiente de desalojo, una vez su permiso de actividad ha sido revocado.