Laura Borràs se niega a declarar por sus presuntas irregularidades al frente de la ILC

La portavoz de JxCat en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs, rechaza ir a declarar voluntariamente este viernes ante Tribunal Supremo (TS), que la investiga por la adjudicación presuntamente irregular a un amigo de 18 contratos por un valor de 259.863 euros cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

La diputada postconvergente justifica su negativa a rendir cuentas ante la Justicia aduciendo que ir a declarar "implicaría validar todas las irregularidades que hace más de un año estoy denunciando", prosigue, antes de añadir que la causa "ha vulnerado mis derechos desde el primer día".

Cuatro posibles delitos

El Supremo había citado a Borràs las 11.00 h de este viernes para que acudiera de forma "voluntaria" para informar de las diligencias abiertas contra ella y para tomarle declaración, "si a su derecho conviene", y en calidad de imputada por los delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación y falsedad documental.

La diputada de JxCat, y por tanto aforada, está investigada por un caso que comenzó en el juzgado de instrucción 9 de Barcelona, cuando dirigía la ILC, y en él se trata de averiguar si "adjudicó directa o indirectamente de manera arbitraria" contratos a Isaías Herrero, un programador informático amigo suyo.

La Fiscalía ya instó al magistrado instructor, Eduardo de Porres, a pedir un suplicatorio al Congreso de los Diputados si no asiste.

"Orgullosa del trabajo hecho"

En un hilo en la cuenta de Twitter, Borràs ha defendido su gestión al frente del ILC, y asegura estar "muy orgullosa del trabajo hecho con los contratos que son objeto de investigación", con los que, afirma, "se hizo un trabajo pionero y muy bien valorado por los usuarios".

"Esta causa no hubiera existido nunca si no fuera una conocida independentista", ha añadido, apuntando además que "en todo este tiempo ni jueces ni fiscales se han molestado en comprobar la calidad y la veracidad de este trabajo".

Conceptos inventados

Sin embargo, según la tesis de la jueza que derivó la causa al Supremo, desde la institución que dirigía Borràs, se procedió, de acuerdo con Herrero, a fraccionar contratos de servicios informáticos "reflejando importes y conceptos inventados", siempre en cuantías inferiores a 18.000 euros para hacer una adjudicación directa.

El total adjudicado a Herrero o a las entidades tras las que se ocultaba ascendió presuntamente a 259.863 euros.

Borràs, por su parte, siempre ha negado haberse embolsado "ni un solo céntimo de dinero público" o haber cometido "ningún delito".