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El diputado autonómico Eduard Pujol, de JxCat, indica el sentido del voto de su grupo parlamentario / EP

JxCat amaga ahora con dejar colgada a ERC con la ley de alquileres

El partido de Puigdemont mantiene sus enmiendas para modificar la ley que pretende regular el precio de los alquileres a pocas horas de votarla en el Parlament

5 min

Un auténtico órdago para arrinconar a Esquerra Republicana, y también para hacer valer que todavía queda algo de ideología en el seno de Junts per Catalunya. El grupo parlamentario debatía en la noche de este martes cómo mantener las enmiendas a la ley que quiere regular el precio de los alquileres y que se deberá votar este miércoles en el pleno del Parlament. Las enmiendas suponen desnaturalizar el proyecto inicial, que ya fue suspendido por el Consejo de Garantías Estatutarias tras el decreto ley del mes de julio al considerarlo inconstitucional. Sin embargo, esa no es la principal razón de JxCat, que, además, ha dado libertad de voto a los cuatro diputados de obediencia del PDECat. Se trata de dejar claro que la frontera con ERC es total, aunque los dos grupos todavía gobiernen juntos en la Generalitat.

Lo que se dirime es limitar el precio de los alquileres en los municipios de más de 20.000 habitantes, lo que puede desincentivar a los inversores y a los propietarios que deseen colocar sus viviendas en el mercado de alquiler, reduciendo, con ello, la oferta. En las últimas horas el sindicato de inquilinos ha tratado de negociar con JxCat sin éxito. Y es que se quería introducir la figura del propietario en situación de vulnerabilidad, para atenuar la limitación de los precios. Pero para el sindicato esa situación se fijaba en un propietario con unos ingresos de 1.200 euros, mientras que para JxCat se debía elevar a a los que estén por debajo de unos ingresos de 5,5 veces el Indicador de Renta de Suficiencia (IRSC), y eso significa ingresas unos 3.000 euros mensuales, más acorde con el votante exconvergente.

Sin JxCat la ley no sale adelante

La negociación no ha prosperado y los votos de Junts per Catalunya pueden resultar determinantes para que la ley no prospere. Se da la circunstancia, además, de que el grupo parlamentario, que dirige Eduard Pujol, ha dado libertad de voto a los cuatro diputados de obediencia del PDECat, después de la práctica ruptura con los fieles de Puigdemont. Sin embargo, lo que puedan hacer esos cuatro miembros del PDECat no inclinará la balanza. Para sacar la ley adelante –que será recurrida de inmediato ante el Constitucional después del dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias—se necesitan 68 diputados. Los que están decididos a aprobarla son los 32 de Esquerra, los 8 de Comú-Podem y los cuatro de la CUP. Por lo que sin los 34 de JxCat la ley no saldrá adelante, pero sí se aprobaría si votaran a favor los 30 de Junts per Catalunya, aunque los cuatro del PDECat votaran en contra.

Josep Costa, Laura Borràs y Quim Torra, fieles a Carles Puigdemont, en el Parlament / CG
Josep Costa, Laura Borràs y Quim Torra, fieles a Carles Puigdemont, en el Parlament / CG

Lo que está en juego ahora es presionar a ERC para que asuma las enmiendas de JxCat, aunque los más estrechos colaboradores de Puigdemont desean sacarla adelante para que luego se vea que es el Estado español quien impide que se pueda aplicar, con el recurso ante el Tribunal Constitucional. En esa posición está el vicepresidente del Parlament, Josep Costa, que le importa muy poco el contenido real de la ley.

El empresariado, en contra

Junts ha presentado hasta ocho enmiendas al texto, orientadas a endurecer lo que se entiende como “un mercado de vivienda tensionado”. Esa es la clave para aplicar una limitación del precio del alquiler.

El empresariado está totalmente en contra de la medida, al considerar que será contraproducente y que limitará, de hecho, la oferta de viviendas en alquiler, porque los propietarios o los inversores tomarán distancia y no facilitarán inmuebles en el mercado.

En todo caso, ya no se trata de una cuestión sobre una mayor o menor sensibilidad sobre la vivienda en alquiler, sino de la batalla política interna en el seno del independentismo, y de la bronca continua entre JxCat y ERC.

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