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El presidente del Gobierno catalán, Quim Torra, en el Palau de la Generalitat / EUROPA PRESS

La Junta Electoral Provincial ordena ejecutar la inhabilitación de Torra

Rechaza la petición del presidente catalán de que se paralice esa orden, declara la vacante de diputado y advierte de que ya no cabe recurso

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La Junta Electoral Provincial ha ordenado ejecutar la resolución de la Junta Electoral Central (JEC), que ordena retirar el acta de diputado a Quim Torra, y declara la vacante de diputado. Este órgano rechaza la petición del presidente catalán de que se paralice esa orden y advierte de que ya no cabe recurso.

En cumplimiento de lo dispuesto por la JEC, la Junta Provincial de Barcelona "declara la vacante como diputado del Parlamento de Cataluña, por la circunscripción electoral de Barcelona, de Don Joaquim Torra, debiendo expedirse la credencial a favor de Don Ferran Mascarell, que será entregada al representante general designado en su momento por la candidatura en la que se integraban Don Joaquim Torra i Pla y Don Ferran Mascarell i Canalda". Asimismo, da traslado del acuerdo "al M.H.P. Sr. Joaquim Torra, al Parlament de Catalunya y a las formaciones politicas Junts per Catalunya, Partido Popular, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía y Vox".

Advierte de que "contra el presente acuerdo, y tratandonse de un acto confirmatorio, no cabe la interposición de recurso".

Torra había presentado ante esta Junta un nuevo escrito en el que reiteraba la petición de suspensión de la ejecución "aun conociendo la resolución del Tribunal Supremo" --que ayer rechazó suspender la ejecución--, pero alegando que debe esperarse al pronunciamiento final sobre el incidente de medidas cautelares. Sin embargo, esta Junta carece de competencia para acordar la suspensión de un acuerdo de la JEC, y más cuando el Supremo, órgano competente para haber acordado la suspensión, ya ha rechazado la misma pretensión".

Sin embargo, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha asegurado esta tarde que Torra seguirá siendo diputado. "A todos los efectos", pdice, pues la posición "política y jurídica" de la Cámara catalana es defender los derechos del presidente de la Generalitat frente a un "órgano administrativo", la JEC, que, a su juicio, no puede retirar el acta de diputado del mandatario catalán sin que la condena de 18 meses de inhabilitación dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sea firme.