El Parlament recurrirá al Supremo para defender los "derechos políticos" de Torra

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha instado este miércoles a los servicios jurídicos del Parlamento de Cataluña a presentar un recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) para "defender los derechos políticos" del presidente del Govern, Quim Torra.

La Junta Electoral Provincial (JEP) se ha dirigido al Parlament para conocer su posicionamiento sobre la ejecución de la sentencia de la Central (JEC), y la Cámara ha pedido a la JEP que no se ejecute a la espera de la decisión del Supremo, según fuentes parlamentarias.

La Cámara recurrirá así la decisión de la JEC del pasado viernes de ordenar retirar la credencial de diputado al presidente del Govern, que este martes recibió la comunicación oficial de esta resolución. El mandatario postconvergente ya ha anunciado que no piensa obedecerla.

Torra pide medidas cautelares

Mientras tanto, el propio Torra ha presentado este miércoles una petición de medidas cautelares ante el Tribunal Supremo en contra de la Junta Electoral Central (JEC) por la orden de inhabilitación que el Govern "no acatará", según ha afirmado la portavoz del ejecutivo catalán, Meritxell Budó.

"El Govern no aceptará que Torra sea inhabilitado como president ni como diputado por la JEC", ha subrayado la dirigente postconvergente.

Budó ha expresado el "compromiso firme" del Govern en el cumplimiento de la resolución que el pasado día 4 de enero aprobó el Parlament, un texto que rechaza esta orden de la JEC y ratifica a Torra como presidente de la Generalitat.

Desobediencia

La consejera de Presidencia ha considerado que la JEC "no tiene competencias para decidir sobre la pérdida de condición de un diputado" de la Cámara autonómica.

Budó ha recordado que, además de las medidas cautelares solicitadas este miércoles al TS, Torra tiene pendiente recurrir ante la misma instancia judicial la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Este tribunal le condenó por desobediencia, en sentencia aún no firme, por no descolgar del balcón del Palau de la Generalitat la pancarta a favor de los "presos políticos y exiliados" dentro del plazo ordenado por la Junta Electoral en plena campaña electoral. Una pancarta que inclumplía el debido respeto a la pluralidad ideológica y la neutralidad institucional de los entes públicos.